El Consejo de Estado le expresó a la Comisión Primera del senado que no comparte el texto de la Reforma a la Justicia aunque aclara que tiene interés en participar en la discusión.En un comunicado de 9 puntos,  el Alto Tribunal dejó claro que la reforma es incompleta y deja de lado temas imprescindibles. Según el Consejo de Estado en el proyecto no se incluyeron temas “ineludibles cuyo estudio y decisión deben ser asumidos urgentemente por el Congreso de la República, como es el caso de la tutela contra providencias judiciales; la falta de independencia real de la Rama Judicial en asuntos presupuestales y la gravísima congestión que tiene ahogada a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que le impide dar la respuesta oportuna y necesaria que los ciudadanos demandan y tiene derecho a obtener de los Jueces de la República". Estos son los 9 puntos sobre los que el  Consejo de Estado sienta su posición: 1. Reafirma el carácter supremo del Consejo de Estado en la competencia de lo contencioso administrativo. En este punto el Consejo de Estado reclama la delimitación de las funciones de la Corte Constitucional, pues a su juicio se ha extralimitado al dirimir asuntos no constitucionales. 2. Reclama su función como órgano de control de constitucionalidad respecto de los decretos emitidos por el gobierno, cuyo control no están bajo la tutela de la Corte Constitucional. 3. Pide que se elimine la facultad que tienen los Magistrados de esta corporación, de nombrar autoridades ajenas a la Rama Judicial. En otras palabras comparte lo propuesto por la reforma que cursa en el Congreso, que plantea que el Contralor, el Procurador y el Auditor General de la Nación sean elegidos por el Congreso de una terna que sea el resultado de un concurso de méritos. 4. Sugiere que se adopten medidas que hagan más efectivo y expedito los procedimientos de la justicia, para descongestionar los despachos judiciales. En este punto, la corporación advierte que el proyecto de Reforma a la Justicia no incluye ese tema al que califica de “ineludible”. Analistas, juristas y congresistas de oposición coinciden en que la Reforma se ocupa del tema de la burocracia y la distribución del poder en las ramas, pero no en los temas más importantes de la justicia, como hacerla más efectiva y garantizar su autonomía. 5. Pese a que el órgano judicial comparte que hay necesidad de modificar la conformación del Consejo Superior de la Judicatura, plantea una propuesta diametralmente opuesta a la que está consignada en el proyecto de reforma. En lugar de que la Sala Administrativa de este tribunal sea conformado por los presidentes de las Altas Cortes y 2 magistrados de cada una de ellas (en total 7 magistrados), como lo propone la Reforma a la Política, el Consejo de Estado propone que no sean magistrados los que integren esa sala sino expertos administradores. La razón: su función es administrativa, no de orden jurídico. Respecto de la Sala Disciplinaria del CSJ, el Consejo de Estado pide que se definan de manera clara sus funciones, pues según su criterio, esta Sala se arroga funciones judiciales y no se limita a la función de disciplinar a los miembros de la Rama Judicial, lo que se presta para confusiones. “Si las funciones disciplinarias tuvieren carácter judicial, para respetar el Principio Constitucional y a la vez Derecho Fundamental a la Igualdad (artículos 13 y 209 C.P.), habría que otorgarles entonces carácter judicial a los órganos que disciplinan el ejercicio de otras profesiones en el ordenamiento colombiano (Tribunal de Ética Médica, Junta Central de Contadores, las Asociaciones de Ingenieros, etc.)”, argumenta el Consejo de Estado.6. Suscribe la propuesta de tipificar las sanciones en las que podría incurrir los Congresistas, para que así la Ley establezca en qué casos estos perderían la investidura. También está de acuerdo en que debe dárseles una mayor oportunidad de defensa, y en que este Tribunal sea el que surta los procesos de pérdida de investidura. 7. Defiende la autoridad de la Corte Suprema de Justicia, para definir de qué manera se deben separar los procesos de investigación y juzgamiento de los congresistas incursos en posibles actividades delictivas. 8. Pide que se garantice la independencia y autonomía de la Rama Judicial a través de la asignación de recursos ya que según la corporación, hasta ahora estos han sido precarios. 9. Finalmente el Consejo de Estado también aclara que se abstiene de formular comentarios con relación a los temas de quién elegirá a los magistrados, cuál debe ser la edad de retiro de los mismos, el tiempo que debería durar su período constitucional, entre otros que podrían enfrentar la corporación a conflictos de interés particular.