El hecho de ser el ministro de Relaciones Exteriores no le da facultad a Álvaro Leyva para que, por capricho, tome decisiones que van en contra de la ley y que puedan afectar incluso las finanzas del Estado ante una eventual demanda. Esa es la conclusión de la decisión que tomó esta semana la Procuraduría contra el Canciller y que desde el Gobierno, incluso por parte del mismo presidente Gustavo Petro, se ha presentado como una persecución política a sus funcionarios.
SEMANA tiene en su poder el documento de 122 páginas con el que se formuló el pliego de cargos al canciller Leyva por las presuntas irregularidades que cometió en tres etapas específicas de la licitación para la entrega de pasaportes.
La primera fue haber declarado desierta la licitación, para lo cual no estaba facultado; la segunda es la decisión de decretar la urgencia manifiesta para, de un plumazo, contratar la expedición de los documentos por un año. Por último, no acatar y ni siquiera escuchar las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica y del Comité de Contratación de la Cancillería de llegar a una conciliación con Thomas Greg & Sons, que había ganado la licitación con un resultado perfecto de 1.000 puntos.
Y lo dice con claridad la decisión de la Procuraduría: “La permanencia de Leyva Durán como ministro de Relaciones Exteriores, y en tal virtud responsable de la actividad contractual de la entidad, permite que se reitere la comisión de la falta disciplinaria, por cuanto han sido varias las ocasiones en que el investigado, alejándose de las recomendaciones que la ley y la razón le imponen, ha adoptado decisiones a su capricho”.
La decisión está argumentada incluso con mayor precisión, pues las advertencias no son solo de la Procuraduría, sino también de otros organismos de control y hasta de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cuya exdirectora, Martha Lucía Zamora, tuvo un fuerte choque con el ministro Leyva, y el presidente Gustavo Petro prefirió sacarla de su cargo.
“Además del riesgo que con dichas decisiones se causen perjuicios a quienes participan en los procesos de selección y a los recursos del Estado, pues existe una alta posibilidad de condena, como así lo consideró la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y un eventual daño antijurídico, como lo advirtió la Contraloría General de la República”, argumenta la Procuraduría.
Y es que, según la narración de cada uno de los hechos, el canciller Álvaro Leyva aprovechó su cargo para pasar por encima de los demás funcionarios del Ministerio, e imponiendo su voluntad tomó decisiones arbitrarias, acatando órdenes del presidente Petro.
“Conforme a los cargos, que en la presente providencia se le formulan al disciplinable Álvaro Leyva, se le reprocha el desconocimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, al haber declarado desierto el proceso de licitación pública, a través de la resolución n.° 7485 del 13 de septiembre de 2023, sin que se acreditaran las causales para dicha declaratoria”, argumenta la Procuraduría.
También advierte las irregularidades en la “suscripción de manera directa del contrato para la prestación del servicio de suministro de pasaportes, sin que existieran las causales previstas en la ley para dicha declaratoria”.
Y el motivo principal de su salida, que no admite discusión, es que “la permanencia del disciplinable Leyva Durán en el cargo posibilita la reiteración de la falta, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado”.
Por su parte, el Gobierno, en cabeza del presidente, al conocer la suspensión, como de costumbre revivió los fantasmas que acostumbra a lanzar, señalando que la salida de Leyva no se dio por las irregularidades que cometió por sus propias órdenes. Por el contrario, dijo: “Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”.