Solo 281 días. Eso fue lo que duró Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la república. En una decisión sin precedentes, el Consejo de Estado anuló su elección, citando una serie de modificaciones de última hora que, en su momento se advirtió, tenían como finalidad poner un contralor cercano al mandatario Gustavo Petro. Y se convirtieron en el detonante de esta decisión, que apunta directamente a Roy Barreras, expresidente del Senado, y a David Racero, presidente de la Cámara.
El fallo de 82 páginas se resume en la forma cómo, de un plumazo, se realizaron cambios en la elaboración de la lista de elegibles y en la forma de calificar a los aspirantes. También hubo omisiones en la revisión de los requisitos exigidos y una citación para la votación, de afán, que no respetó los días que contemplaba la norma para la convocatoria. Todos estos detalles fueron acordados entre Barreras y Racero.
Lo dijo el Consejo de Estado con claridad al advertir en su sentencia que se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales del proceso, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas.
Es, incluso, más contundente la posición de Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, quien en entrevista con SEMANA fue tajante al señalar que “Roy Barreras y David Racero modificaron ilegalmente la lista de elegibles para que la encabezara Rodríguez y que el presidente Petro tuviera un contralor de bolsillo”. Además, se manifestó indignada por la declaración de Barreras según la cual actuó conforme a la ley y lo volvería a hacer, pese a la claridad del fallo.
También lo planteó así el congresista Cristian Avendaño, quien igualmente fue demandante y dijo que “Barreras violó la ley porque se inventó una nueva etapa, una entrevista, que no debía estar incluida, con un puntaje arbitrario y en tres minutos. Eso le dio el primer puesto a Rodríguez, pero es el mismo argumento que lo saca hoy”.
Por ahora, Rodríguez continuará unos días al frente de la Contraloría mientras es notificado, y, aunque SEMANA lo contactó, no quiso referirse al tema. Por medio de un escueto comunicado, se manifestó respetuoso de las decisiones de la Justicia, pero advirtió que estima “pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del Consejo de Estado”.
Estos caminos incluyen el argumento del derecho a elegir y ser elegido, como efectivamente ocurrió en agosto del año pasado en la plenaria del Congreso. El cambio en las normas, finalmente, no lo realizó él.
Ahora existe la duda sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda volverse a presentar en este nuevo proceso que ordenó el Consejo de Estado y las posiciones están divididas. Para el abogado Juan Carlos Novoa, no existe ningún problema, puesto que el fallo anuló el proceso de elección. Mientras que para el abogado Marlon Díaz, una vez fuera del cargo no se puede presentar para ocupar el mismo, ya que “la nulidad tiene efecto hacia futuro y, además, en Colombia no hay reelección para el cargo de contralor y Rodríguez ya lo ocupó”.
Por ahora, lo único claro es que Rodríguez quedó por fuera y la elección debe empezar desde cero, respetando las normas vigentes. También que el panorama político ha cambiado de forma radical, la holgada coalición de partidos que acompañaban la alborada del Gobierno Petro en agosto es muy diferente al quebrado apoyo actual que los tiene buscando votos al menudeo con los congresistas.
Actualmente, la única opción viable para que Rodríguez conserve su cargo, al menos de manera temporal, consiste en solicitar medidas cautelares mientras se resuelven los recursos que presentará.