La petición se sustentó en un punto del componente de participación en política del acuerdo de paz con las Farc el cual establece que, con el fin de promover un mayor acceso al sistema político colombiano, aquellos movimientos o partidos que tuvieron personería jurídica y la perdieron pueden recuperarla.  A principios de este año el Consejo Electoral negó la solicitud argumentando que, en diciembre de 1988, Luis Carlos Galán radicó ante la autoridad electoral, en representación del Nuevo Liberalismo, la renuncia del partido a su personería jurídica. Entonces, para el Consejo Electoral que terminó su periodo hace unos meses, no fueron hechos vinculados a la persecución de la que fue víctima el movimiento los que llevaron a perdiera la personería jurídica, sino que se habría tratado de una renuncia voluntaria. Si bien es innegable que esa renuncia ocurrió, sería un grave error histórico no tener en cuenta el contexto en el cual eso sucedió.   Un primer elemento fundamental del contexto histórico es la lucha que el Nuevo Liberalismo asumió para defender las instituciones democráticas del peligro que significaba el narcotráfico. Ese movimiento fue la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese flagelo y, en general, al intento de la mafia por infiltrar las instituciones y ponerlas a su servicio en los años 80. Mientras algunos sectores políticos se dejaban comprar y otros, por cobardía, guardaban un silencio cómplice ante el creciente poder de los narcos, el Nuevo Liberalismo asumió una lucha solitaria y desigual. En esa batalla cayó asesinado Rodrigo Lara, así como cayeron decenas de líderes del movimiento en el Magdalena Medio y el Urabá Antioqueño. Enrique Parejo, Iván Marulanda y Alberto Villamizar se salvaron milagrosamente de atentados en su contra. Y el golpe final, en el intento por cerrarle el camino al Nuevo Liberalismo, fue el asesinato el 18 de agosto de 1989 de Luis Carlos Galán. La Corte Suprema de Justicia determinó que ese asesinato hizo parte de una persecución masiva y sistemática contra el Nuevo Liberalismo y que fue el resultado de un complot entre narcotraficantes, paramilitares, políticos y miembros de las fuerzas armadas de Colombia.   En el periodo que inicio en 1986, el Nuevo Liberalismo se convirtió progresivamente en el principal aliado del presidente Barco en el Congreso (más que su mismo partido, el Liberal, que estaba ya corroído por el clientelismo y una acción política más vinculada a la operación de una maquinaria que a la defensa de unas ideas). Eso llevó a que Barco promoviera desde la Presidencia un acercamiento entre el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo para explorar una reunificación. El Nuevo Liberalismo aceptó pero puso tres condiciones: primero, que se construyera y tramitara una profunda reforma constitucional que abriera el sistema político colombiano e incorporara un pilar de derechos humanos y de mecanismos para garantizar esos derechos; segundo, que se democratizara el Partido Liberal y se adoptara el mecanismo de la consulta popular para escoger el candidato presidencial y que esta decisión no la tomaran las maquinarias políticas en una convención partidista amañada; y tercero, que se abriera un debate sobre la política económica del gobierno y se trabajara un acuerdo de agenda legislativa.   La codirección del Partido Liberal -integrada en 1988 por Alberto Santofimio, Ernesto Samper, Eduardo Mestre, Hernando Durán Dussán y Miguel Pinedo Vidal (4 de los cuales terminaron años más tarde enredados en procesos vinculados al narcotráfico, la financiación ilegal de campañas y el paramilitarismo)- le impuso a Galán una condición para avanzar en el proceso de reunificación el Nuevo Liberalismo: renunciar a la personería jurídica. Y así sucedió. El proceso de reunificación avanzó. El Partido escogió como nuevo director al ex presidente Julio César Turbay y en la convención de julio de 1989 se aprobó la consulta popular para escoger el candidato presidencial. Ya era claro. Luis Carlos Galán tenía una ventaja apabullante y se perfilaba como el seguro ganador de esa consulta y de la elección presidencial de 1990. La persecución que se había iniciado desde 1982 tenía que cumplir su fin último: impedir la llegada del Nuevo Liberalismo al poder.   Se puso en marcha entonces el complot que llevó a los hechos de Soacha. Y pocos meses después, la reforma constitucional, liderada por el Nuevo Liberalismo y que hacía parte de los compromisos del proceso de reunificación, terminó hundiéndose por cuenta de un mico que los aliados del narcotráfico le metieron para someter a plebiscito la extradición.   En resumidas cuentas, al Nuevo Liberalismo lo engañaron. Lo llevaron a renunciar a su personería jurídica para luego impedirle participar en la consulta popular asesinando a su líder y poco después envenenaron la reforma que incluía la propuesta del Nuevo Liberalismo lo que derivó en su hundimiento. Todo coordinado, instigado y promovido por el narcotráfico, el paramilitarismo y sus aliados políticos. Así fue como la criminalidad organizada derrotó al Nuevo Liberalismo.  Así las cosas es evidente que, como relató el senador Iván Marulanda de manera desgarradora y contundente ante el Consejo Electoral, los argumentos para restablecer la personería jurídica del Nuevo Liberalismo son concluyentes. Se trata de un acto de reparación con un sector político que fue perseguido y asesinado, un sector al que se le engañó e impidió llegar al poder.  Surge entonces una segunda pregunta: ¿para qué se debe revivir ese partido? Muchísimos colombianos hoy no se sienten interpretados por los partidos políticos existentes. Algunos militaron en el Nuevo Liberalismo, otros no. Aún así, todos los que acompañan esta iniciativa ven el Nuevo Liberalismo como un estandarte de lo que debería ser la actividad política y quieren construir una propuesta de pensamiento liberal coherente con lo que representó el movimiento en los años 80. Un partido que haga política moderna, que siga la lucha por una democracia plena en lo político, lo económico y lo social. Un partido que trabaje por la consolidación de la paz y que aborde de manera más inteligente, y a partir de la evidencia, la solución a problemas como el narcotráfico y el consumo de drogas. Un partido que enfrente con creatividad y responsabilidad retos como el cambio climático. Una propuesta que se aleje de los extremos y que no apele al populismo. Sería un acto de justicia revivir el Nuevo Liberalismo pero además sería un paso adelante hacia una sociedad más democrática.