Desde principios de los años noventa se consolidó un modelo de política económica, llamado Consenso de Washington, que preconiza la reducción del tamaño y gasto del Estado, la eliminación o reducción de las normas y reglamentos y entroniza el libre mercado como la panacea para el crecimiento económico. Según esa receta, el sector público es incapaz de crear valor o prestar eficientemente los servicios básicos y su único papel es el de proteger la libre competencia. Según esta escuela de pensamiento, el desarrollo social, la equidad, la reducción de la pobreza llegarán por añadidura. Desde principios de siglo, ese modelo ha sido cuestionado por distintos economistas, quienes han demostrado sus múltiples falencias. Pero no ha surgido un modelo alternativo para remplazarlo y seguimos viviendo bajo esas premisas, si acaso haciendo algunos ajustes menores. Sin embargo, la dramática crisis económica que nos deja el coronavirus vino a desnudar ante los ojos del mundo el absurdo de persistir en hacer lo mismo esperando resultados distintos. Debemos replantear de fondo los principios económicos ortodoxos imperantes desde principios de los 90. En ese proceso hay economistas brillantes que vale la pena leer y estudiar. Entre ellos recomiendo a Esther Duflo, premio nobel de economía 2019, autora de Economía útil para tiempos difíciles con Abhijit Banerjee y a Mariana Mazzucato, autora de El valor de las cosas, quien produce y quien gana en la economía mundial. Retomo aquí algunas de sus consideraciones. Frente a la crisis actual los gobiernos de todas las economías –grandes y pequeñas— han aumentado de manera sensible su endeudamiento. Contrario a lo que predica el Consenso de Washington, la deuda no debe preocuparnos. Endeudarse ahora con tasas bajas de interés, es mucho más rentable que asumir el costo futuro de no haber actuado ahora. La pregunta es cómo orientar ese gasto público y lograr a través de él mejorar el bienestar colectivo y no solo aumentar el Producto Interno Bruto.  La inversión pública debería ser como un inversionista privado que mira sectores y empresas para escoger donde poner su dinero. Pero a diferencia del privado, su interés no es maximizar el retorno financiero sobre la inversión, sino maximizar el bienestar social y económico de su pueblo. Una parte de los recursos públicos debe destinarse a salvar empresas estratégicas. Pero no debe hacerse con un cheque en blanco. Tal es el caso, en Colombia, de Avianca. Hay que garantizar que la empresa sobreviva, pero debería haber condiciones claras impuestas por el gobierno. Por ejemplo, garantizar que ciertas rutas clave para el país se mantengan aún si no son las más rentables en el corto plazo. En ese mismo rubro, debe perderse el miedo a que el Estado se vuelva accionista de empresas privadas, grandes o pequeñas. No se trata de nacionalizar. Pero si lograr que, así como se socializan las pérdidas, también se compartan las ganancias en el futuro. No se trata de volver al mito del dirigismo estatal. Se trata de convertir al Estado en un inversionista inteligente, capaz de asociarse de manera estratégica con las empresas y con las organizaciones de la sociedad civil para generar alianzas productivas, eficientes, pero sobre todo de impacto social meritorio. Las alianzas tripartitas han demostrado ser una herramienta poderosa para reducir la pobreza en América Latina. Un estudio realizado por Ariel Fiszbein para el Banco Mundial (y en el cual tuve el privilegio de participar) demuestra que cuando el gobierno, los empresarios y las comunidades se unen, los resultados son mejores y más sostenibles. Esa aproximación puede hoy aplicarse a otros objetivos socialmente valiosos como la educación, la salud o combatir el cambio climático. Otra prioridad del gasto público debería ser apoyar sectores cuya importancia vital para la sociedad, como ha quedado demostrada en la crisis. Se debe apoyar y proteger empleos que no son rentables financieramente, pero que son útiles a la sociedad: la economía del cuidado, por ejemplo, para la primera infancia o la tercera edad. Son empleos cuyo valor social es enorme, así el mercado no los valore de la misma manera. Incrementar por lo tanto el gasto público en esos sectores es clave: ayuda a la economía, el empleo y la demanda y ayuda a la sociedad. La crisis nos trae esa oportunidad. Al reconocer la importancia de la solidaridad, de la empatía y partiendo de que todos los actores sociales (incluso los más desposeídos) aportan valor, podemos pensar en construir sociedades más justas, más equilibradas y unidas para superar los grandes retos que nos trae el presente y el futuro. Llegó sin duda alguna la hora de decirle adiós al Consenso de Washington y construir un nuevo modelo. Un modelo que reconoce y parte del valor y los derechos del individuo, pero no conduce al individualismo egoísta de suma cero, sino basado en el sentido de cooperación y ayuda mutua que existe en cada individuo. Eso nos permitirá poner en común voluntaria y libremente las capacidades de cada uno en beneficio de todos. El Gobierno, puede jugar un papel clave para apoyar, promover y liberar esas fuerzas individuales que se convierten en movimientos colectivos hacia sociedades distintas y mejores. El bien común debe ser el rector de la economía y de la acción del Estado en materia económica.