El 11 de septiembre los estadounidenses recuerdan los eventos del 2001, en que ataques terroristas tumbaron las torres gemelas y destrozaron parte del pentágono. El pueblo americano condenó esos ataques de manera unánime, como una afrenta a la nación.

También, el pueblo chileno rememora la muerte de Salvador Allende, como un inocultable golpe a la democracia. Con la indignación enorme de que la voluntad popular se vea cercenada desde el uso de la fuerza y la violencia, ideológicamente, no hay más que condenar ese golpe de estado.

Sin embargo, la realidad chilena de varias generaciones desde ese 1973, en su nivel de vida y su desarrollo como nación, ha sido ejemplo en Latinoamérica. En ese año el PIB per cápita de Chile estaba alrededor de los 700 dólares, el de Perú en 1100 dólares y el de Colombia en 560 dólares. Hoy un chileno tiene un ingreso promedio 2.5 veces superior al de un peruano o un colombiano. Desde el 2013, cuando se inició a gestar el proceso de paz de Santos el PIB per cápita de los colombianos cayó de 8200 a 6100 dólares.

Un pueblo como el chileno y el colombiano requieren de la libertad de escoger sus gobernantes en un proceso democrático. Sin embargo, entre poder votar y ganar 2.5 veces más dinero, es indudable que la mejora económica de las condiciones de vida es preferida por los votantes: si no lo fuera en Colombia no se venderían votos.

La gestión del golpista Pinochet fue negativa en las libertades individuales, pero positiva en lo económico. La inflación que con Allende bordeaba el 1000 % ya para principios de los 80 estaba en el 10% bajo el régimen militar. La pobreza disminuyó y los chilenos empezaron a destacarse por su desempeño económico en América Latina.

El problema chileno surge desde su visión política. En el ejercicio de su profesión, aquellos que escogen esa carrera fueron truncados del poder por más de una década. Pero las bases que quedaron desde lo económico fueron tan sólidas que tanto en gobiernos de derecha como el de Piñera o de izquierda como el de Bachelet mantuvieron el buen desempeño de la economía.

Las comparaciones anteriores del desarrollo económico chileno con Perú y Colombia son con países que hasta el 2012 tuvieron una economía pujante. No tiene sentido una comparación con el desastre argentino o el venezolano, países que pasan de crisis económica a crisis económica. La pregunta que se impone es si el enorme costo que pagó la democracia chilena se compensa con el incremento en bienestar de su población: pareciera que desde el punto de vista de quienes prefieren conceptualizar no, pero de quienes piensan en un mejor día a día para ellos y sus hijos sí.

Obviamente, el crecimiento económico con democracia es un escenario preferible al modelo chileno. Sin embargo, a principios de los 90 el país volvió a ese modelo fortalecido por una economía vigorosa. Pocos países en Latinoamérica, de pronto con la excepción de Uruguay pueden demostrar éxitos en ese capítulo.

El énfasis en el crecimiento de la economía no es exclusivo de la llamada derecha. Un país como China, con un régimen político de izquierda, ha demostrado que el crecimiento económico con concentración en la libertad de mercados es no solo posible sino muy poderoso. El problema es cuando desde los gobiernos se pretende cohibir la captura de eficiencias con intervención estatal, en la mayoría de los casos a costa de la competitividad del país.

La teoría del decrecimiento económico termina siendo una profecía autocumplida. Cómo dice nuestro presidente, no es que entonces dejemos de comer o de vestir, sino que la economía debe desacelerar sus ramas más depredadoras, la de mayor aceleración entrópica, y acomodar los tiempos del crecimiento, al equilibrio de la vida en el planeta. El problema de esta visión es que, en un mundo globalizado, en el que se compite por proveer servicios y bienes, el que decrece pierde, y como consecuencia sus habitantes no acceden a mejoras en su nivel de vida.