Espectáculo inédito y peligroso: un presidente que, investido por la legalidad de las urnas (financiación ilegal), parece decidido a gobernar desde la subversión de las formas. La estrategia de Gustavo Petro ha dejado de ser una simple retórica de cambio para convertirse en un manual de asedio sistemático contra las instituciones que le sirven de contrapeso. Desde el balcón hasta las advertencias de fraude, el libreto es claro: si la ley no se dobla ante su voluntad, la calle debe quebrar la ley.

La Constitución del 91, el nuevo enemigo: Lo que inició como una “invitación” a la ciudadanía se ha transformado en un cuestionamiento a la esencia misma de nuestra democracia. El caso más emblemático es la Asamblea Nacional Constituyente. Tras el naufragio de sus reformas de salud y pensiones en el Congreso, el mandatario no buscó el consenso, sino el atajo. Propuso saltarse el artículo 376 de la Constitución —que exige una ley y una votación popular— para invocar un “poder constituyente” difuso, activado por cabildos y marchas. Es el lenguaje del caos: si el Congreso no legisla como el Ejecutivo desea, el Congreso ya no representa al pueblo.

El asedio a las Cortes y a la autonomía judicial: la justicia no ha escapado a este tono de confrontación. En febrero de 2024, el país vio con asombro cómo una movilización convocada desde la Casa de Nariño terminó en asedio al Palacio de Justicia. ¿El objetivo? Presionar a la Corte Suprema para la elección de la fiscal general. No fue un ejercicio democrático; fue un acto de coacción contra la autonomía judicial.

A esto se suman los constantes ataques al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Cada vez que un fallo anula un nombramiento sin requisitos o tumba un artículo de la reforma tributaria, la respuesta es la misma: la narrativa del “golpe blando”. Para el presidente, los jueces no están aplicando la ley, sino participando en una conspiración oligárquica.

Del Banco de la República al salario mínimo: el pulso por la independencia técnica también ha llegado a niveles críticos. Petro ha convertido la autonomía del Banco de la República en su blanco favorito. Recientemente, la tensión ha escalado con la amenaza de un “reajuste doble” del salario mínimo.

Ante la negativa del emisor de bajar las tasas de interés al ritmo que el Ejecutivo exige, el presidente ha condicionado la estabilidad salarial a las decisiones técnicas de la Junta Directiva. Proponer aumentos por decreto fuera de los ciclos legales no solo es un despropósito jurídico, sino una bomba de tiempo inflacionaria que ignora la sostenibilidad financiera del país.

El fantasma del fraude como última carta: quizás el punto más preocupante de este tono subversivo sea la siembra temprana de dudas sobre las próximas elecciones presidenciales. Al calificar el sistema electoral como un “peligro” y advertir sobre un “fraude monumental” sin pruebas, el presidente está preparando el terreno para desconocer cualquier resultado adverso.

“El tono no es un accidente, es el mensaje”, dirían los analistas. Al dividir al país entre el “pueblo” y las “instituciones corruptas”, Petro no está buscando gobernar, sino redimir. Pero, en una democracia, el poder no es redención; es gestión dentro de los límites de la ley.

Sabotaje interno: Colombia no puede normalizar que la máxima autoridad del Estado sea quien más desconfianza siembre sobre sus propias reglas de juego. El llamado a la “calle” es un derecho, pero usarlo como un garrote para golpear la independencia judicial y legislativa es, sencillamente, desmantelar la democracia desde adentro.

Cita de la semana: “El solo hecho de estar acostumbrada a la protesta, le quita a la izquierda la imaginación política”. Conversaciones con Estanislao Zuleta (1997).