Pocas personas tienen elementos de juicio para evaluar al Gobierno de Gustavo Petro como Cecilia López Montaño. Provienen de haber sido su primera ministra de Agricultura en 2022, de su trayectoria pública y disciplina académica. Pero, ante todo, porque creyó que Colombia entraría a una nueva era “progresista”.

Es de interés su libro Gobierno Petro: ¿solo una pausa? (Planeta, Ariel, 2026), que concluye que “el lastre de los errores del presidente

Petro puede cerrarle la puerta en la nariz” a Iván Cepeda. Entre múltiples falencias, la exministra resalta las atinentes a la reforma rural integral (RRI) –nombre que le dio el acuerdo de paz de 2016– y le fijó criterios, parámetros y metas estrictas (López, págs. 93-105).

López hace un análisis de la política agropecuaria a octubre de 2025. Denota una “mejoría en la pobreza, pero estancamiento en la informalidad laboral”. Asevera que el café explica buena parte del desempeño gracias al empleo y las exportaciones, aunque advierte que el sector cayó al 2,4 % desde el tercer trimestre.

En cuanto a la RRI, deplora que en el Sistema Integrado de Información del Posconflicto (Siipo) los datos no se actualicen desde abril de 2023. Hoy, la información oficial, de forma engañosa, se publica en un contador de reforma agraria (Cora), también paralizado desde febrero de 2026, también en el Instagram del director, Felipe Harman, o en las innumerables cuñas publicitarias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esa falla, dice Cecilia, muestra que los datos reales no interesan, o que las cifras oficiales no cumplen los requisitos que exige el Siipo. Esto obliga a una aclaración de la ministra Carvajalino y de Harman.

López denuncia un “manejo engañoso” de “conceptos críticos” como gestionar, titular, compra directa, entregar, formalizar y restituir, y devela cómo, de “forma perversa”, se subordinan “las cifras al relato”. Un ejemplo contundente es el del Fondo de Tierras, que debería tener 3 millones de hectáreas para repartir, y en noviembre de 2025 figuraba en el Cora con 703.661 “gestionadas”. Sin embargo, la entidad incluyó con malicia 233.106 en “procesos aceptados por el vendedor”, tierras que ni están adquiridas ni tituladas. Al excluir este maquillaje, el monto cierto baja a 470.555.

Este patrón se repite. Para la misma fecha, aparecían entregadas 271.903 hectáreas, pero 166.000 eran solo “provisionales”, con permiso de uso, pero sin título. De las 103.516 definitivas, 55.410 fueron para comunidades étnicas, lo que deja en el limbo 55.049 destinadas para campesinos: ¿están inscritas en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (Orip)? De remate, se cuestiona que la ANT mantiene guardadas 365.747 hectáreas sin adjudicar, lo que ratifica que es el mayor terrateniente de Colombia.

Respecto a la formalización, Cecilia acusa que la cifra de 1.883.079 hectáreas “está inflada”, ya que solo 1.350.079 cumplen los requisitos de ley. Al cruzar los datos del Cora –con 1.392.398 hectáreas para comunidades étnicas–, se infiere que las restantes, destinadas a campesinos, carecen de escrituras ante las Orip. La conclusión es tajante: la ANT está lejos de la meta de 7 millones fijada por el acuerdo de paz. Petro y Harman deberían saberlo y decirlo.

Frente a la restitución, de un universo de 7.662.038 hectáreas reclamadas por las víctimas, el Cora indicaba que solo 345.390 contaban con orden judicial. No obstante, la unidad encargada solo cumplió el mandato para el 55 % de los casos, 191.539, de las que 50.058 fueron para campesinos. La mayoría se devolvieron a diferentes etnias.

Luego de tres años de Gobierno, el balance de la RRI es pobre. El Fondo de Tierras solo cumple con el 15 % de la conformación y se entregó el 3,5 % de la meta original, de 3 millones de hectáreas. Y, si se acepta la meta recortada de la ANT frente a su desempeño mediocre, el porcentaje de entregas solo subiría al 8 por ciento, el de formalización al 20 por ciento y la restitución en 53 por ciento de los fallos judiciales.

Buena muestra de la parodia fue el acto realizado en La Virginia, Risaralda, en el que el Gobierno celebró la transferencia del predio Mirolindo (385 hectáreas) del Ejército Nacional a la ANT. Mientras que la Radio Nacional titulaba que 600 hectáreas de “tierras que fueron del narcotráfico pasan a manos campesinas” (9/5/26), varios testigos presentes afirman que no se entregó ni un solo título. ¿Otro predio para engordar la ANT?

Un principio en política y, en particular, en la administración pública es la transparencia. Que estén expuestos al escrutinio público las decisiones, los resultados, la planeación, la contratación, la ejecución, el impacto logrado y la obligatoria rendición de cuentas. Petro y funcionarios, como Harman, proceden en contrario, de espaldas hasta de sus propios seguidores.