El 19 de abril de 1970 se creó el Movimiento 19 de Abril (M-19), una organización insurgente cuyo objetivo principal era tomar el poder en Colombia e instaurar un proyecto político de inspiración socialista, basado en la justicia social y la igualdad dentro de un sistema democrático. Entre sus fundadores se destacaron Jaime Bateman, Carlos Toledo, Luis Otero y Antonio Navarro, entre otros.

El M-19 buscó alcanzar sus propósitos a través de la lucha armada, intentando construir una estrategia que les permitiera acceder al poder, aunque nunca lograron hacerlo por esa vía. Su accionar estuvo marcado por numerosos episodios violentos y actos terroristas que dejaron una huella dolorosa en la memoria colectiva de los colombianos.

Entre sus métodos más frecuentes se encontraba el secuestro, utilizado tanto con fines económicos como políticos. Entre los casos más recordados figuran los secuestros de Camila Michelsen, hija del propietario del Grupo Grancolombiano; del empresario Germán Ribón, fundador de la floristería Don Eloy, y de figuras políticas como Álvaro Gómez Hurtado y José Raquel Mercado. También quedó en la historia el llamado “secuestro cinematográfico” de los embajadores en la Embajada de República Dominicana.

El hecho más atroz perpetrado por esta organización fue la toma del Palacio de Justicia, del cual se conmemoran hoy cuarenta años. A estos actos, se sumaron asaltos a bases militares, como el robo al Cantón Norte, entre otros ataques, que terminaron por consolidar su calificación como una organización terrorista.

Posteriormente, y tras comprender que la vía armada no era el camino adecuado para alcanzar el poder, el M-19 decidió abandonar las armas, especialmente luego del debilitamiento sufrido frente a las Fuerzas Militares de Colombia. En el gobierno de Virgilio Barco, el 9 de marzo de 1990, se firmó un proceso de paz que marcaría un hito histórico en el país. En dicho acuerdo, se concedió una amnistía por los delitos políticos a los miembros de la organización, junto con un indulto para quienes entregaron sus armas. Además, se promovieron reformas electorales que garantizaron la participación de estos excombatientes como partidos políticos minoritarios.

Este proceso culminó, posteriormente, durante el gobierno de César Gaviria, con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la cual surgió la actual Constitución Política de Colombia.

Podría decirse que ese fue el primer gran logro del M-19. El segundo, y quizás el más simbólico, fue alcanzar finalmente su objetivo inicial: llegar al poder, algo que ocurrió décadas después con la elección del actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, antiguo miembro de dicha organización. Con ello, el movimiento veía cumplido su propósito de impulsar un proyecto político y social basado en los ideales de justicia e igualdad que inspiraron su creación.

Sin embargo, esa oportunidad histórica —señala el autor— se ha visto frustrada bajo el liderazgo de un presidente que, movido por el ego y el interés personal, se ha apartado de los valores que, en su momento, defendió el M-19. Aquella organización soñaba con transformar el sistema político colombiano, construir un país más justo y equitativo, y preservar la unidad y la soberanía nacional, principios que contrastan con las divisiones que hoy se perciben en el país.

Muchos colombianos creyeron que, al llegar al poder mediante los mecanismos democráticos previstos en el acuerdo de paz, los antiguos integrantes del M-19 —entre ellos el actual presidente y varios de sus funcionarios— honrarían los compromisos asumidos, actuando conforme a los principios de verdad, justicia y reparación, pilares de una paz duradera consagrados en nuestra legislación.

El presidente Petro, quien ha manifestado reiteradamente su apoyo a las comisiones de la verdad como instrumentos esenciales para el esclarecimiento de los hechos y la reconciliación nacional, tiene hoy una oportunidad histórica. En su calidad de exmiembro del M-19 y actual jefe de Estado, podría liderar la creación de una comisión de la verdad sobre las actuaciones del M-19, que permitiría conocer, sin imposición jurídica alguna, los hechos que rodearon la lucha armada de esa organización.

Un gesto de esa naturaleza sería un acto de grandeza política y moral que trascendería su mandato, dejando un legado histórico y democrático. Sería, además, un ejemplo de transparencia y reconciliación, que permitiría escuchar tanto a las víctimas como a los victimarios, y ofrecer a Colombia la posibilidad de conocer, finalmente, la verdad sobre una de las etapas más complejas de su historia reciente.

Si el presidente Gustavo Petro, al culminar su actual periodo de gobierno y en su condición de uno de los líderes del extinto M-19, decidiera promover un ejercicio de verdad que permitiera a los colombianos —y al mundo en general— conocer los hechos reales que aún permanecen en la sombra, el país daría un paso trascendental hacia la reconciliación nacional.

Entre esos hechos destaca la toma del Palacio de Justicia, un episodio profundamente trágico sobre el cual persisten numerosos interrogantes. Una de las principales dudas gira en torno al verdadero propósito de la operación: si fue el resultado de un posible acuerdo con el narcotraficante Pablo Escobar, o si, como han sostenido los antiguos miembros del movimiento, se trató de un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur.

Una comisión de la verdad enfocada en el M-19 podría esclarecer las relaciones de esta organización con el narcotráfico y con otras guerrillas, así como revisar episodios emblemáticos como la toma de la Embajada de la República Dominicana y muchas otras acciones que marcaron la historia de este grupo durante su periodo en la clandestinidad.

Del mismo modo, este proceso debería incluir un reconocimiento a las víctimas, tanto colombianas como extranjeras, que sufrieron las consecuencias del conflicto y de las acciones del M-19, así como de las respuestas del Estado en medio de esa confrontación. Escuchar sus testimonios permitiría reconstruir una memoria más completa y humana de esa etapa de nuestra historia, hasta ahora poco conocida.

Aunque los integrantes del M-19 gozan de amnistía e indulto que los exime de sanciones judiciales, una iniciativa de esta naturaleza tendría un enorme valor simbólico y moral. No se trataría de castigar, sino de contribuir a la verdad, la memoria y la reconciliación nacional, pilares fundamentales de la paz que el presidente Petro tanto ha promovido. Sería un acto coherente con los principios de diálogo abierto, verdad y honestidad que él mismo ha planteado como base de su —hasta ahora fallida— política de paz total.

En el imaginario colectivo colombiano, la creación de una comisión de la verdad sobre el M-19, liderada por el propio presidente de la República, tendría un impacto histórico. El M-19 desempeñó un papel determinante en la historia reciente del país, y al asumir la responsabilidad de promover la verdad sobre su pasado, Gustavo Petro podría demostrar un compromiso genuino con la justicia, la memoria y la reconciliación nacional.

Un gesto así, al cierre de su mandato, no solo reforzaría su legado político, sino que también representaría un verdadero aporte a la paz total, aquella que solo es posible cuando la verdad se convierte en el fundamento de la convivencia.