Hay una imagen que no se borra. Un niño de brazos, en primera línea, entre el humo y los palos. Un adulto lo puso ahí, exponiéndolo, sabiendo que podía haber un desenlace fatal. Sin importarle las lágrimas ni su cara de terror. El pasado miércoles 29 de abril, un grupo de indígenas embera mantuvo a 1.200 personas secuestradas durante siete horas en el Ministerio del Interior bajo la amenaza de palos y machetes. El horror alcanzó su punto máximo cuando varios niños fueron utilizados como escudos humanos, arrastrados y expuestos al peligro por criminales.

Esa instrumentalización de la infancia indígena se repite ante nuestros ojos con total impunidad.

El primero de mayo, el Gobierno hizo una manifestación en Medellín y llegaron chivas con comunidades indígenas y niños adentro. Chivas sobrecargadas: gente de pie, apretada, otros colgados en la parte trasera y varios incluso en el techo. Sin cinturones, sin controles, sin lo mínimo.

La pregunta que nadie responde es por qué esas chivas no cumplen las normas de tránsito que le exigen a cualquier colombiano. El Estado tiene miedo. Miedo de que lo llamen racista. Y ese miedo tiene un costo que siempre pagan los indefensos: utilizan a los niños, a las mujeres y a los ancianos como instrumentos políticos.

Pero el maltrato no se limita a las calles; se esconde también bajo el manto de la “autonomía” en los territorios, donde la violencia contra la infancia es sistemática. Colombia es el único país de América Latina donde se ha documentado la mutilación genital femenina como práctica cultural. Entre 2020 y 2025: 204 casos oficiales. Y eso es lo que se sabe, porque muchas niñas mueren desangrándose en sus comunidades, sin registro de nacimiento ni de defunción. Las entierran directamente. Hoy, el Senado tiene en sus manos la decisión final sobre la ley que busca prohibirla, pero su aprobación sigue en el aire por falta de tiempo. Que Colombia necesite una ley en pleno siglo XXI para prohibir que se mutilen los genitales de una niña es una derrota moral. Es la prueba de un Estado que ha preferido mirar hacia otro lado mientras les destrozan la vida a las más indefensas.

Ahora la pregunta es cómo el país va a defender a esa niñez indígena, maltratada dentro de sus propias comunidades, especialmente por algunos hombres. Frente a estos horrores, siempre aparece la misma trampa: usar la cultura o la autonomía como excusa para impedir la intervención.

Seamos claros: la cultura no ampara la violación de un niño, ni su uso como escudo humano ni el incumplimiento de las normas de seguridad. En otras palabras, no ampara ninguna vulneración de los derechos humanos. La autonomía no es un fuero para la barbarie. Ninguna tradición, ninguna jurisdicción especial ni ninguna cosmovisión pueden servir de escudo para estos crímenes. La jurisdicción indígena tiene un propósito legítimo: resolver conflictos comunitarios. Ahí termina. Los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro interés, grupal o cultural. La Constitución lo dice. Es hora de que se cumpla.

Esto es innegociable: el que viola a un niño: cárcel. El que lo usa como escudo humano: cárcel. El que le mutila los genitales: cárcel. Sin importar jurisdicción, resguardo ni tradición. Todos somos colombianos. Todos estamos bajo la misma Constitución. Si el Estado transfiere recursos públicos a comunidades indígenas, ellos también deben cumplir la ley.

Los derechos humanos son universales. No dependen del origen ni de la tradición de quien los vulnera. Aquí hay una línea que no se negocia: la protección de los niños.

Cuando el Estado duda, abandona. Cuando no actúa, permite. Y cuando permite, se vuelve cómplice. ¡Con los niños no se metan!