Las intenciones son claras. Mientras el país sigue analizando las reformas propuestas por el Gobierno progresista de forma aislada lo que está en curso es una estrategia integral, no técnica ni de conveniencia para los colombianos, sino política. Una estrategia que tiene que ver con lo que se necesita para manejar el mundo: poder y dinero.
La lógica es sencilla. Para tener el monopolio del poder en una sociedad hay que minar el poder de los demás actores. La disculpa es tibia, marquetera: el poder le pertenece al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo por sí solo no ejerce poder, más bien, sobre él se ejerce el poder. El poder del pueblo es una disculpa para que otros, en su nombre, ejerzan el poder.
En el nombre del pueblo han actuado los mayores tiranos de la historia, Hitler, Stalin, Maduro, Castro y muchos otros. Dicen representarlo, pero sus intereses como dirigentes están desalineados con los del pueblo y son muy particulares. En los países comunistas el pueblo fue maltratado, uniformado, empobrecido y expropiado de su libertad mientras los gobernantes del flamante partido comunista vivían en las mieles del poder y la riqueza. Y, atornillados en el poder lograron por muchas décadas mantener esos privilegios. Nada distinto está pasando en Colombia y nada distinto se vislumbra hacia futuro con el gobierno progresista.
La opinión del pueblo para el progresismo solo es importante porque a través de los votos es como se accede al poder en democracia. Por eso la reforma a la salud pretende que el Estado sea quien opere el sistema. Así pueden influenciar al pueblo a que vote por ellos no solo por medio de la educación, que en gran parte hoy es pública y se ha vuelto un fortín de poder e influencia de la izquierda, sino también en la atención médica. No es coincidencia que la reforma busque permitir que ejerzan medicina teguas, sobanderos y curanderos, una estrategia para que una vez que el Estado controle el presupuesto de la salud pueda alienar a la población sin la restricción de perfiles especializados en medicina.
La reforma a la salud comparte otro objetivo que le permite a los políticos progresistas monopolizar el poder: disminuir el poder de los demás sectores de la sociedad y sus estructuras económicas. En la búsqueda del poder sin contrapesos, absoluto, el progresismo hace lo imposible para acabar con la influencia que ejercen los demás. La reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, el plan de desarrollo, todos ellos buscan darle más poder a los políticos progresistas y menos poder al sector productivo del país. Ojo, no es que el sector productivo sea quien deba ejercer el poder, es que los políticos quieren que su poder sea absoluto, sin contradictores, sin normas y sin contrapesos.
Por eso, la reforma a la salud busca eliminar las EPS; la reforma pensional busca quitarle el ahorro al sector productivo para volverlo gasto de bolsillo de los políticos; la reforma laboral golpea la iniciativa privada, no solo la de los grandes industriales sino la del emprendedor que tiene menos de diez empleados y no puede cargar semejante carga impositiva. La iniciativa más grave de todas, el plan de desarrollo pretende darle al presidente facultades extraordinarias para golpear al sector de servicios públicos y muchos otros más. Poder incontrovertible y absoluto buscan los políticos, a costa del resto de la sociedad. Y esto no se puede aceptar.
Generalmente, ese abuso del sector político en contra de la sociedad no pasa inadvertido. La sociedad, alienada y sufriendo, termina tarde o temprano reaccionado en contra de la acumulación infinita de facultades del Ejecutivo en cabeza de su presidente, lo cual pone en riesgo su estrategia. En una democracia de pesos y contrapesos, los principales actores llamados a defender en derecho a los ciudadanos son el poder judicial y el poder legislativo, así como las fuerzas armadas.
En ese aspecto el Pacto Histórico ya hizo la tarea de mitigación de riesgo. Pusieron de su lado la cúpula de las fuerzas armadas reformándolas, mientras miles de soldados y oficiales están renunciando a ser parte del macabro plan. El congreso, poco a poco se está arrodillando a punto de mermelada (al fin y al cabo también son políticos, porque no hacerse parte del esperpento), las cortes aún resisten, pero dentro de poco el gobierno podrá nombrar sus propios magistrados. Desprestigiar y luego desmoralizar las fuerzas armadas es parte del plan para quedarse con todo el poder.
Como canta Molotov, el Gobierno actual está en el “dame dame dame, dame todo el power, para que te demos en la mother; gimme gimme gimme, gimme todo el poder, so I can get around to joder”. Busca acabar con sus contrincantes en la esfera del poder para no tener contrapesos y hacer todo lo que se le venga el gana, incluyendo montar en helicóptero (por eso, siendo un hecho casual, es tan simbólico).
Si un gobierno logra amilanar el poder de los demás sectores sociales y monopolizar el poder en cabeza suya eso se llama dictadura. Curiosamente en América Latina esa figura se ha implantado en países como Cuba, Nicaragua, Argentina y Venezuela, países afines a la ideología petrista del Estado controlador y sin contrapesos, que conceptualmente siguieron por el mismo camino, ejecutando la misma estrategia.
La batalla por las libertades individuales es ahora. La sociedad no puede permitir que desde el Estado se eliminen los contrapesos que impiden los abusos futuros de un gobierno en contra de la sociedad y sus individuos. Es cierto para la izquierda, la derecha y cualquier vertiente política.