En Colombia somos muy dados a exigir derechos, pero, al mismo tiempo, poco hablamos de los deberes que tenemos como ciudadanos.
Es verdad que, de manera involuntaria, el error lo cometimos los constituyentes cuando promulgamos la actual Constitución Nacional en julio de 1991. En la misma quedaron contemplados muchos derechos, pero de pronto nos olvidamos que cada derecho está relacionado con deberes ciudadanos que tenemos que saber cumplir y hacer respetar.
Por ejemplo, cuando se habla del derecho a la educación, tenemos que relacionarlo con el deber ciudadano de cero tolerancias con la corrupción y el despilfarro. Igualmente con la protección integral de los centros educativos, con los deberes de los maestros y estudiantes, porque los avances de la ciencia y la tecnología están exigiendo mayor capacitación de los maestros y mayor dedicación académica de los estudiantes.
En ese mismo sentido, desde los diversos sectores sociales y políticos tenemos el deber ciudadano de contribuir a la cultura del respeto de los bienes públicos frente a cualquier tipo de acciones vandálicas. Los recintos educativos se han hecho para mejorar el conocimiento de las personas, respetar su derecho a pensar y expresarse de manera libre y, por lo tanto, por su propia naturaleza, son contrarios al fanatismo político de algunas personas que desafortunadamente a veces recurren a prácticas oscurantistas como la capucha y a tropeles, las cuales terminan desdibujando las reivindicaciones y las protestas sociales estudiantiles.
Igual pasa con el derecho al trabajo, que está muy ligado a la protección y competitividad de las empresas privadas o públicas. No olvidemos que en el mundo de hoy no se conocen mandatos divinos o naturales que garanticen la perpetuidad de las empresas.
El sentido común nos enseña que las empresas son una especie de casa compartida y que su existencia en un medio de tanta competencia comercial y tecnológica depende mucho del entendimiento y colaboración recíproca entre empresarios, trabajadores y directivos de las empresas. Guardando las proporciones, lo mismo pasa en las relaciones de la población urbana y rural con las instituciones del Estado y con los gobernantes, sean de derecha, centro, izquierda o independientes.
Si permitimos que lo que predomine en Colombia sea la corrupción, el derroche, la violencia, la política de los favores personales o familiares, le estaríamos haciendo mucho daño a la democracia y a la credibilidad de la población en las instituciones del Estado.
Anotando que los más afectados con la corrupción y la impunidad son los sectores más pobres de la población urbana y rural. Reitero que la política de la corrupción, del despilfarro y el desorden en el Estado es todo lo contrario al sentido del deber que tienen todos los servidores públicos, incluyendo los elegidos por voto popular, y de entender que tienen el deber constitucional de cuidar y hacer proteger los recursos y bienes públicos frente a unos cuantos ‘avivatos’ que se consideran intocables o que se creen con el derecho de ver siempre al Estado como su vaquita lechera.