En la historia de las democracias consolidadas, la voluntad de un candidato de comparecer ante la ciudadanía en un debate público no ha sido tratada como un gesto de generosidad ni como una concesión estratégica. Ha sido, invariablemente, un deber: un acto de rendición de cuentas anticipada frente a quienes, en última instancia, otorgan o niegan el mandato. Colombia, sin embargo, parece estar redescubriendo esta verdad elemental con la dolorosa lentitud de quien aprende por la vía del escarmiento propio.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pasó varios meses evitando sistemáticamente los escenarios de debate público. No asistió al debate Colombia decide su energía organizado por Noticias Caracol. No apareció en el foro de la Federación Nacional de Departamentos, donde los seis candidatos restantes sí hicieron presencia. Su ausencia en este último evento fue calificada por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien presidió el acto, como el lunar negro del evento, después de haberlo invitado incluso por vía telefónica personal y no recibir respuesta. El candidato que quiere gobernar a 52 millones de colombianos no encontró el tiempo para explicarles a las regiones lo que piensa hacer con sus territorios.

Los asesores de campaña del candidato, según trascendió en medios, recomendaron evitar los escenarios de confrontación directa. La lógica es comprensible desde el cálculo electoral: quien lidera las encuestas con un 37,5 % de intención de voto tiene más que perder que ganar en un intercambio de ideas donde el adversario puede brillar. Es la aritmética del riesgo reputacional. El problema es que esa aritmética no contempla una variable fundamental: el derecho del ciudadano a saber exactamente a quién está eligiendo.

La situación adquiere una dimensión particularmente ilustrativa cuando se rescata de la hemeroteca el pronunciamiento del propio senador Cepeda del 2 de junio de 2022. En aquella ocasión, frente a la negativa del entonces candidato Rodolfo Hernández de asistir a debates en la segunda vuelta presidencial, Cepeda fue enfático en denunciar que Hernández estaba rehuyendo el debate y que hacía hasta lo imposible para evitarlo al imponer condiciones y dilatar su respuesta. Hoy, apenas cuatro años después, ese mismo senador ha decidido asumir el papel que antes denunció con tanta vehemencia. Las redes sociales, archivistas implacables, lo han registrado con puntualidad.

La memoria política de un país es, en esencia, el único mecanismo de rendición de cuentas que no puede ser intervenido por decreto ni silenciado por conveniencia. Y esa memoria habla con claridad: el senador Cepeda, que ejerció funciones legislativas durante varios periodos con la vocación declarada del control político y la defensa del interés público, construyó buena parte de su capital simbólico precisamente sobre la exigencia de transparencia al poder. Que ahora invoque las mismas estrategias que cuestionó no es una contradicción menor. Es una fractura en la coherencia que los ciudadanos tienen todo el derecho de interrogar.

El debate presidencial no es, como algunos asesores de campaña parecen creer, un evento de entretenimiento diseñado para producir titulares o tropiezos verbales. Es el único espacio donde la ciudadanía puede observar, en tiempo real y en condiciones de igualdad, cómo piensan quienes aspiran a conducir el Estado. Es donde las propuestas son sometidas al escrutinio inmediato, donde las contradicciones emergen sin el filtro del equipo de comunicaciones, donde el candidato debe responder no solo lo que sabe, sino cómo reacciona ante lo que no esperaba. Es, en suma, la prueba más cercana a lo que será gobernar: tomar decisiones bajo presión, con información incompleta y ante una audiencia exigente.

Un país que ha experimentado en carne propia las consecuencias de elegir a partir de la imagen sin el contenido, del eslogan sin el programa, del carisma sin la propuesta verificable, tiene más razón que ningún otro para exigir que quienes aspiren a la Casa de Nariño enfrenten el escrutinio público sin condiciones, sin asesores al oído y sin la comodidad de un auditorio que solo aplaude.

La reciente decisión del candidato del Pacto Histórico de anunciar su disposición a debatir, lanzando además un reto desde Sumapaz, es en el mejor de los casos una corrección de rumbo bienvenida. En el peor, es una maniobra de gestión de imagen motivada por el endurecimiento de las encuestas en escenarios de segunda vuelta. La diferencia entre una y otra interpretación solo podrá resolverse con hechos: cuántos debates acepta, bajo qué condiciones, con quién está dispuesto a sentarse y si sus condiciones son requisitos de equidad o mecanismos para reducir la exposición. Los detalles, en política, siempre son el argumento.

Colombia se encamina a unas elecciones que, según los sondeos, se definirán en segunda vuelta con márgenes estrechos. En ese contexto, cada debate público que se omite, cada foro al que no se asiste, cada pregunta que no se responde, no es solo una oportunidad perdida para el candidato: es una información que el ciudadano no tendrá a la hora de marcar el tarjetón. Y votar sin información suficiente no es un ejercicio pleno de la democracia. Es una apuesta a ciegas.

Los colombianos han demostrado, elección tras elección, una capacidad de sorpresa que desconcierta a los analistas y desbarata las proyecciones más cuidadosas. Esa capacidad nace, precisamente, de la observación. De escuchar, comparar y decidir. Negarles los escenarios donde esa observación puede ejercerse no es estrategia política. Es una apuesta contra la inteligencia del electorado. Y ese es un error que, históricamente, la democracia colombiana ha sabido cobrar con interés.