El gobierno de Gustavo Petro volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: celebrar cifras sin contar la historia completa. El Dane reportó un desempleo del 8,8 % en marzo de 2026, el nivel más bajo desde 2001, pero el problema no está en el dato, sino en todo lo que se deja por fuera, porque una cifra aislada puede servir para el discurso, pero no alcanza a explicar la realidad. El aplauso fue inmediato, pero el análisis, como suele ocurrir, brilló por su ausencia.
Antes de celebrar, conviene hacer lo que todo ciudadano responsable debería hacer: leer más allá del titular. Porque los números, cuando se miran con honestidad, cuentan una historia muy distinta a la que el Palacio de Nariño quiere vendernos.
Empecemos por lo que el Dane sí confirmó. En marzo de 2026, el país sumó 650.000 personas ocupadas frente al mismo mes del año anterior, para un total de 24,35 millones de colombianos con algún tipo de trabajo. La tasa de desocupación bajó 0,8 puntos porcentuales respecto al 9,6 % de marzo de 2025, y aún permanecen sin trabajo 2.348.000 colombianos. Ahora viene lo que el gobierno omite con maestría.
El primer problema es la fuente de ese empleo. El sector que más jalonó la creación de puestos de trabajo fue la administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, con 369.000 nuevos ocupados. En otras palabras, más de la mitad de los empleos nuevos son empleo estatal: contratistas, vinculados y funcionarios. El Estado expandiéndose como un tumor que se presenta como benigno, pero que en realidad es maligno. Este modelo no solo agrava la ya crítica crisis fiscal del país —con una deuda pública que supera el 55 % del PIB—, sino que convierte el empleo en un instrumento de dependencia política. En la Colombia de Petro, tener trabajo depende de por quién se vota.
El segundo problema es la informalidad. Aunque el Dane reporta que bajó 2,1 puntos porcentuales hasta situarse en el 55,6 % a nivel nacional, eso significa que más de la mitad de los colombianos que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin cotización a pensiones y sin afiliación a una ARL. Son personas que existen en las estadísticas de ocupación, pero que no existen para el sistema de salud ni para el sistema pensional. Emprendedores que sobreviven del día a día. En las 13 principales ciudades del país, la informalidad se ubica en el 41 %. Casi cuatro de cada diez trabajadores urbanos están desprotegidos. No hay aplausos para esa cifra.
Y aquí viene la paradoja más cruel del modelo. Mientras el gobierno celebra más empleos, los sectores que generan riqueza real están perdiendo trabajadores. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registró 242.000 ocupados menos. La industria manufacturera perdió 166.000 puestos. Estamos cambiando producción por burocracia. Estamos reemplazando campesinos que siembran y operarios que fabrican por funcionarios que tramitan. Una economía que abandona la agricultura y la industria en favor de la administración pública no está creciendo, se está consumiendo a sí misma.
Pero hay más datos que merecen atención. El desempleo juvenil se ubica en el 17,0 % a nivel nacional para el primer trimestre de 2026. En Quibdó, uno de cada tres jóvenes no tiene trabajo, con una tasa del 33,2 %. En Cartagena, uno de cada cuatro, con el 25,0 %. Las brechas regionales son enormes. Mientras Villavicencio registra una desocupación del 8,0 %, Quibdó llega al 26,0 %. No es un mercado laboral que avanza. Es un mercado laboral que se fragmenta.
Y sobre las cifras mismas surge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿podemos creerlas? Este es un gobierno que ha acumulado un prontuario de correcciones estadísticas y datos inflados. No es conspiracionismo señalarlo, es prudencia analítica. Cuando la entidad que produce las cifras opera bajo la presión de un ejecutivo que necesita una narrativa de éxito a nueve meses de terminar su mandato, la duda es legítima. El Dane es técnico, pero no vive en el vacío político.
Lo que los números del desempleo realmente revelan —si se leen con honestidad— es el mapa de la trampa socialista que Petro viene tendiendo meticulosamente. Más empleados del Estado, más colombianos dependientes del presupuesto público, más informalidad que garantiza trabajadores sin organización ni poder de negociación, y sectores productivos que se desangran en silencio. La constituyente que Petro persigue necesita esta arquitectura: un electorado cautivo, una economía debilitada y una estadística que, a primera vista, diga que todo va bien.
El titular dice que el desempleo bajó. La realidad es que las industrias bajan los empleados, que más de la mitad del país trabaja en la informalidad y que el Estado sigue hinchándose con empleos que pagaremos todos con más impuestos y más deuda. La diferencia entre el titular y la realidad es exactamente la distancia entre el espejismo y el desierto. Y en ese desierto, sin saberlo, caminan millones de colombianos creyendo que van hacia el agua.