El voto armado no desapareció en Colombia. Lo que ocurrió fue algo todavía más peligroso. Se fortaleció silenciosamente mientras el Estado retrocedía y los grupos narcoterroristas expandían su control territorial durante el gobierno de Gustavo Petro. La llamada “paz total” terminó convirtiéndose en una oportunidad perfecta para que disidencias, carteles y estructuras criminales crecieran militarmente, recuperaran corredores estratégicos y consolidaran poder sobre regiones completas del país. Mientras las Fuerzas Militares perdían capacidad operativa y desde el Gobierno se enviaban mensajes ambiguos frente a los grupos ilegales, los violentos avanzaron hasta volver a meterse de lleno en la democracia colombiana.

Hoy el voto armado ya no es una sospecha ni un recuerdo lejano de los años más oscuros del conflicto. Tenemos que asumirlo como una amenaza real sobre las elecciones presidenciales de 2026. Opera desde el miedo, las amenazas y el sometimiento silencioso de comunidades enteras. La triste realidad es que en Colombia hay regiones donde la democracia dejó de existir hace mucho tiempo.

Noticias RCN reveló audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, cabecilla de los narcoterroristas de las Farc comandadas por alias Calarcá Córdoba, donde se escucha una frase que estremeció el debate nacional. “Ojalá gane el compañero Cepeda (…) ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”. Esto debe entenderse como una amenaza latente contra la democracia. Lo más alarmante es que se trata de un narcoterrorista hablando de elecciones presidenciales como si estuviera describiendo una operación propia. Es un jefe criminal expresando abiertamente preferencia política, mientras su estructura controla territorios completos del país. Al mismo tiempo, SEMANA expuso denuncias sobre presiones de grupos armados para favorecer electoralmente a Iván Cepeda en zonas bajo dominio ilegal. La gravedad de lo que está ocurriendo es inmensa y cualquier intento de minimizarlo sería una irresponsabilidad histórica.

Colombia tiene poco más de 1.100 municipios. Informes de seguridad, alertas territoriales y análisis sobre presencia criminal advierten que más de 770 municipios tienen influencia, presencia o disputa de grupos armados ilegales. Cerca del 75 % del territorio nacional vive bajo algún grado de presión criminal. ¿Cómo puede hablarse de elecciones completamente libres bajo semejante escenario? ¿Cómo puede hablarse de garantías reales para las presidenciales de 2026 cuando millones de colombianos viven bajo control de estructuras mafiosas? El campesino en Caquetá lo sabe. El comerciante en Guaviare lo sabe. Los líderes sociales en Cauca lo saben. En enormes regiones del país, quien realmente manda no es el Estado colombiano, sino los bandidos de las Farc, el ELN, los carteles mexicanos y las economías ilícitas.

La propia Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas. Su informe ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral reveló que el 57 % de los municipios con puestos de votación en zonas rurales tienen presencia de grupos armados ilegales. En 348 municipios existe control o injerencia de una sola estructura criminal, mientras que en otros 207 hay disputas abiertas entre organizaciones armadas. Además, la MOE advirtió que 386 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral y varios de ellos están catalogados en riesgo extremo, especialmente en departamentos como Antioquia y Cauca, donde el asedio armado ya penetró amplias zonas del territorio y llegarán a elecciones bajo presión de estructuras ilegales, con un Estado que pierde capacidad territorial mientras los violentos ganan poder político regional.

Ahí nace el voto armado. Nace cuando la gente entiende que desobedecer puede costarle la vida. Nace cuando el miedo reemplaza la libertad política. Nace cuando organizaciones ilegales deciden quién entra a hacer campaña, qué candidato puede moverse en una región y cuál conviene respaldar. Por eso el dato revelado por la MOE resulta políticamente explosivo. El 54 % de los votos del Pacto Histórico al Congreso se concentró en más de 170 municipios bajo influencia de grupos armados ilegales. Más de 2,2 millones de votos provenientes precisamente de territorios atravesados por narcotráfico, disidencias y control mafioso. Eso no constituye automáticamente una prueba judicial de alianza criminal. Pero sí deja una pregunta devastadora para la democracia colombiana. ¿Qué tan libre puede ser el voto en territorios donde los fusiles tienen más poder que las instituciones?

La tragedia es que Colombia ya conoce esta historia. La infiltración criminal en la política comenzó exactamente así, con regiones capturadas por estructuras violentas, miedo normalizado y mafias entendiendo que también podían disputar poder político sin abandonar las armas. Hoy el país vuelve a caminar peligrosamente hacia ese abismo. Las estructuras de alias Mordisco y alias Calarcá ya no son grupos residuales escondidos en la selva. Son ejércitos criminales con inteligencia, financiación, control territorial y capacidad para desafiar abiertamente al Estado colombiano. El resultado está a la vista. Más violencia, más miedo y una democracia cada vez más contaminada por actores armados; es decir, existe una latente convergencia entre sectores del poder y estructuras criminales.

El país no puede normalizar que un cabecilla narcoterrorista diga abiertamente “ojalá gane el compañero Cepeda” como si estuviera hablando de un aliado estratégico y no de una elección presidencial. Esa frase retrata el nivel de degradación al que llegó Colombia. Retrata a unas estructuras criminales que ya no se esconden, que sienten suficiente poder territorial y político para intervenir públicamente en la discusión democrática del país. Y retrata también a un Estado debilitado, incapaz de impedir que los fusiles vuelvan a meterse en las urnas.