A 90 días para el final del gobierno de Gustavo Petro, la realidad desmiente la creencia de que la inconformidad se apagaría. La Defensoría del Pueblo destaca que, entre 2022 y 2025, hubo en total 10.630 eventos de conflicto social, cifra que se disparó de 1.427 en el primer año a 4.039 en el cuarto.

En 2025 se dieron en 536 municipios de los 32 departamentos, incluida Bogotá. El saldo fue de 1.655 cortes de vía, 1.575 plantones y 201 marchas. Los motivos de 727 de estos actos de resistencia civil fueron por derechos laborales, 525 por servicios públicos domiciliarios, 317 por medicamentos, 888 por los derechos a la educación y a la salud, y 484 por presencia e inversión estatal.

En 2026, en plena campaña electoral, las movilizaciones no dan tregua. El magisterio adelantó un paro contra el desastroso modelo de salud. Como lo ha denunciado el docente y veedor Dimas Andrés Arias, el Fomag se quebró, tiene un patrimonio negativo de más de 3 billones de pesos y hay abundantes y alarmantes casos de desatención.

Simultáneamente, irrumpieron por la geografía nacional los bloqueos de carreteras hechos por campesinos y sencillos propietarios rurales contra el catastro multipropósito, que subió los avalúos en más de un 1.000 por ciento, en promedio, de 327 municipios. “Avalúos y predial: la amenaza de un desplazamiento rural por la vía fiscal” es una buena síntesis que hizo la ingeniera agrónoma Liliana Álvarez, dirigente de Risaralda (El Faro, n.º 194).

En La Guajira, supuesta región favorita del petrismo, centenares de familias wayuus de comunidades no resguardadas entraron en paro desde el 27 de abril. Se oponen a la construcción en sus territorios de una megacárcel, una planta de tratamiento de aguas residuales y la ampliación del aeropuerto Almirante Padilla. Las autoridades nacionales y locales los persiguen (hasta les han cortado el agua) e irrespetan los derechos y el obligatorio consentimiento comunitario, mientras la Agencia de Tierras incumple la orden de la Corte Suprema para protegerlos. Ante tanto atropello presentaron un pliego de 7 puntos, expuesto por la lideresa Jazmín Romero Epiayu (X, @Soberanía, 28/4/26).

El 22 de abril, los sindicatos de Agrosavia, entidad pública encargada del desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación y la tecnología del sector agropecuario, se plantaron frente al Ministerio de Agricultura y a varias sedes regionales contra el desmantelamiento que han decretado Petro, su ministra Carvajalino y Planeación Nacional. Denuncian la disminución presupuestal, que, desde 2024 a 2027, va en el 57 por ciento menos (sin descontar la inflación), el despojo de los bancos de germoplasma, de semillas y de bioinsumos, con laboratorios y la infraestructura correspondiente, y el desprecio al talento humano que labora con denuedo por años. A regañadientes, el Gobierno accedió a negociar el futuro de la ciencia pública agrícola, que depende de estas decisiones equivocadas y contrarias al interés del país.

En la fábrica de Goodyear en Yumbo, los trabajadores llevan casi 60 días en huelga. Pese a la propaganda petrista sobre la reforma laboral, persisten las limitaciones a la suspensión de actividades, que la Ley 50 de 1990 prescribió, por las cuales las partes se inclinarían a convenir mecanismos, hasta recurrir al arbitraje. La base del conflicto es que el 80 por ciento de la producción de esa factoría son llantas radiales para la exportación a Estados Unidos, pero la revaluación del peso colombiano frente al dólar, en cerca del 20 por ciento, ha encarecido las ventas. ¿Permitirá el ministro Antonio Sanguino, que se precia de una gran sensibilidad social, que el costo de la política cambiaria neoliberal del Gobierno recaiga sobre los salarios y remuneraciones de los 330 operarios que allí laboran?

Al malestar nacional se suma Bogotá, gobernada por el Nuevo Liberalismo de Carlos Fernando Galán, en donde quiere meter a la brava la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima, en contrario a lo que dijo en campaña. El profesor y arquitecto urbanista Mario Noriega advierte un “deterioro urbanístico”, de corredor “encajonado”, “sin sol”, “un túnel de viento”, de “aglomeración” e “inseguridad”, como pasó con la Caracas (X, @MarioNoriegaT, 27/4/26). Es “un sistema de inequidad y subdesarrollo”, con “barreras”, que provocaría un “desastre de la 99 al sur”, según Sebastián Rojas, miembro del grupo ciudadano opuesto (El Espectador, 19/4/26).

Estos hechos desmienten al Petro que se proclama adalid de “los nadies”, pero también a quienes, lejos de ellos, depositan su “supervivencia” en politiqueros, que con su práctica demuestran los objetivos que persiguen e intereses que defienden. No ven cómo gobernaron y con quiénes, ilusiones convertidas en error histórico.