Este tema ha sido constante en el debate interno de la educación superior pública desde hace décadas. Ha sido objeto de marchas, manifestaciones, plantones y hasta de estudios académicos. Sin embargo, su presencia en el debate nacional ha sido casi nulo.

Es un hecho que los conflictos se deben institucionalizar para que existan en el escenario de lo público y así tengan posibilidad de resolverse. Colombia es un país de conflictos no institucionalizados en el que las problemáticas, los sueños y las peticiones de millones han estado en los márgenes del poder. Y eso, inevitablemente, lleva a profundos descontentos y estallidos sociales como el que vimos en 2021.

En nuestro país existen circunstancias, paradigmas, aparentemente inmutables aun cuando los tiempos cambian y las comunidades empujan cada vez con más fuerza en dirección opuesta.

Uno de esos paradigmas se estableció en las universidades públicas hace ya varias décadas: los rectores de las instituciones de educación superior (IES) públicas son designados por nueve personas, en muchos casos sin antes haber escuchado a los estamentos. Se sostiene que este mecanismo garantiza alejar la politiquería y otros vicios de la toma de decisiones.

Sin embargo, ese paradigma ha conseguido exactamente lo contrario a lo que quería evitar: la política tradicional logró permear a las universidades a tal punto que se convirtieron en fortines burocráticos y clientelares bastante apetecidos. Y, lo que es aún peor, con contrapesos exiguos, toda vez que la interacción de los estamentos universitarios (docentes, estudiantes, personal administrativo, entre otros) con el poder real de la institución, no es del todo funcional.

Hay otro argumento que esgrimen quienes defienden que el rector de una universidad sea designado por nueve personas: hacer una elección democrática de rector es “meterle política” a la universidad. Este argumento se cae por su propio peso ya que no hay escenario más político que una universidad. Y así debe ser. Es allí en donde se debate el país desde la visión más innovadora, creativa y crítica. Es claro que la democracia, antes de ser ahuyentada de la educación superior, debe ser alentada y debe ser parte fundamental de su diario vivir.

Que un joven pueda ser decisivo en la elección misma del presidente de la república (como sucedió con la elección de Gustavo Petro), pero no lo pueda ser en la elección del rector de su universidad es una paradoja difícil de explicar y de sostener para quienes defienden el paradigma actual.

La clave está en entender que el sistema actual de elección de rectores no responde a los tiempos que vive el país. Negar esta realidad implica admitir que “todo está bien como está” y que no hace falta perfeccionar el modelo de toma de decisiones. Dudo que algún miembro de la comunidad universitaria nacional se encuentre en capacidad de sostener técnica y rigurosamente esta afirmación.

El poder en las universidades se encuentra en las aulas de clase, los laboratorios, los escenarios de práctica. El poder de las universidades está en sus alumnos que están dispuestos a cambiar el mundo y en sus profesores que los alientan, y no en las salas de junta ni en los despachos de rectores, vicerrectores, ni decanos.

Sostengo que la democracia en las universidades debe hacer parte del debate nacional. Que sea institucionalizado en el escenario público para que ‘exista’ y sea discutido desde las máximas instancias del poder político nacional.

Es hora de los cambios de paradigmas y de que sean las fuerzas vivas de las universidades las que decidan su futuro y no nueve personas.

Es hora de que la política tradicional, que ha usufructuado de las universidades silenciosamente por décadas, sea derrotada.

Es hora de dejar de pensar que la educación pública y sus paradigmas caducos son un debate menor, cuando se calcula que más de 1.2 millones de jóvenes estudian en IES públicas.

Es hora de que desde el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro y del ministro Alejandro Gaviria, se impulse esta iniciativa, mucho más cuando las mayorías del movimiento estudiantil nacional apoyaron en campaña al hoy primer mandatario. Pero también es hora de que se debatan estos asuntos en el Congreso como parte fundamental de los cambios necesarios que se deben implementar en la educación superior en el país.

Personalmente no tengo ninguna vocería del movimiento estudiantil ni pretendo representarlo; pero sí considero un deber tocar este tema toda vez que buena parte de mis luchas las he dedicado a la educación pública. Aunque en mi paso por la Gobernación de Boyacá se alcanzaron grandes logros, como la rebaja de matrículas en la UPTC, la regionalización, el Año Cero, entre otros; la propuesta de elección directa de rector fue derrotada en 2018 cuando la llevamos ante el Consejo Superior de la Universidad.

También, cuando tuve la oportunidad de ser congresista, en 2012 impulsé una proposición para que, con recursos del impuesto Cree, se destinaran 1.2 billones de pesos para infraestructura en las IES públicas, y cuando fui presidente de la Federación Nacional de Departamento impulsé igualmente la inversión de 1 billón de pesos de regalías también para infraestructura.

Por eso, luego 15 años de haber marchado por la educación pública y de un trasegar probado que me permite hablar sobre el tema, hoy apoyo de manera irrestricta el proyecto de acuerdo que hace curso en la UPTC y que le apunta a democratizar la elección de su rector, con la esperanza de que se irradie a todas las universidades públicas de Colombia.