Hace casi medio siglo, el presidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon (1969-1974), renunció a su cargo como resultado del escándalo conocido como ‘Watergate’, donde se demostró que personal bajo su responsabilidad espiaba a los oponentes políticos en un período preelectoral. En el discurso del 8 de agosto, Nixon informó al pueblo americano su decisión de renunciar, aclarando que los intereses de su país estaban siempre en primer lugar.
En Colombia se ha vivido una situación totalmente opuesta, pues los abusos de autoridad por parte del poder ejecutivo durante varios gobiernos han demostrado que los escándalos y desenfrenos generados por sus decisiones o inacciones no los afectan en lo más mínimo y para muestra el famoso ‘aquí estoy y aquí me quedo’ pues Samper se quedó y el único que respondió fue el Gobierno de Estados Unidos que le quitó la visa considerando el posible ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña.
En el caso de Santos y su amañada y nefasta negociación con las FARC, donde este les entregó poder político e impunidad a los crímenes de lesa humanidad, burlándose del pueblo colombiano que en las urnas se opuso a la aprobación del acuerdo, más no a la finalización de la agresión por parte de las organizaciones delincuenciales, le dio un Golpe de Estado al país y maniobró con el Congreso para cambiar la Constitución y siguió tan campante que hasta se encontró con un premio nobel de paz y su comité de aplausos fue muy sonoro.
El gobierno de Betancur también fue objeto de confusión y desorden al promover la Ley 35 de 1982, mediante la cual se otorgó perdón y olvido para todos los alzados en armas, incluyendo los integrantes del M19 capturados por el robo de las 5.000 armas al Cantón Norte, quienes posteriormente planearon y ejecutaron el asalto al Palacio de Justicia donde fueron asesinadas más de 100 personas entre magistrados, soldados, policías y personal civil, pero quien hoy está preso es el general que recuperó la democracia, mientras que los integrantes de este grupo delincuencial han ocupado los más altos cargos políticos del país y nadie dice nada. Vergonzoso.
Pero los escándalos que se han generado alrededor del Palacio de Nariño no le hacen cosquillas al Gobierno. Es así que todo lo malo queda en la penumbra y posteriormente en el olvido, bien sea por las campañas mediáticas que generan un ambiente de distracción o por nuevos hechos que opacan sucesos patéticos.
El más destacado tiene relación con la probable violación a los topes de gastos de campaña que, según el artículo 109 de la Constitución, establece “… la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Y nada ha sucedido. ¿Qué pasa con la justicia?
El poder detrás del poder se mantiene a pesar del escándalo, de los dineros perdidos y los abusos de autoridad contra la niñera de la ex jefe de gabinete, por los polígrafos o por la llevada de documentos clasificados a su residencia y peor aún, por el escándalo con las declaraciones del alfil Benedetti que también ha quedado como novela inconclusa; estos escándalos no mueven montañas, pero si asignan otros cargos donde se observa la disponibilidad de billones de pesos y la entrega de mercados al mejor estilo chavista y tampoco nadie se pellizca.
Relaciones más cercanas se vinculan al escándalo del hijo del jefe de Gobierno, que ha sido acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito con dineros próximos a la campaña del papá, o el caso del hermano, que ha sido mencionado no solo con el tema de las visitas a la cárcel para posiblemente adelantar acuerdos con personas al margen de la ley, así como de pedir dinero para vincular a probables delincuentes a procesos de amnistía. ¿En qué han quedado los escándalos?
La esposa del jefe de Gobierno tampoco se libra de algunos escándalos como el que se gasten en ella cerca de 1000 millones de pesos de dineros oficiales, sin ser empleada del gobierno y los peculados por destinación que se han debido cometer para hacer usos de esos dineros oficiales que seguro ya los estará investigando la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
Es aberrante que se esté llegando a satisfacer excentricidades en la búsqueda de mantener una imagen pagándolo con dineros de los colombianos, cuando el esposo gana un salario superior a los 40 millones de pesos.
Está demostrado que en el país los escándalos no hacen mella, nadie asume sus responsabilidades políticas, la justicia está coja, el país polarizado y el delito y la corrupción disparados por el mal ejemplo desde las más altas esferas de poder. Solo un liderazgo político diáfano podrá en el futuro enderezar el actual derrotero. Colombia debe estar por encima de las ambiciones personales.