Esta semana, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) volvió a protagonizar el debate público a causa de las protestas que convocaron en Bogotá y las demás ciudades principales. Sus dos razones fundamentales fueron las dificultades para acceder a los servicios de salud y una oposición férrea a la Ley 192 de 2022, por la cual se crean los bonos escolares.

El magisterio debe exigir la garantía del acceso a la salud, están en lo correcto. Lo que resulta ilógico es que intenten socavar la reputación de las EPS, que nada tienen que ver con el régimen especial al que pertenecen.

La reforma a la salud estructurada por el Gobierno actual funcionaria bastante similar al modelo del que hoy se lamentan los educadores. En ambos casos se restringe la libertad de elección de los usuarios. Los docentes deben acudir al único prestador de servicio médico avalado para ellos en su región, al igual que el proyecto legislativo busca eliminar las EPS sometiendo a los colombianos a una única opción. Lo curioso es que, el sindicato apoya y promociona este cambio, pero no quiere ser incluido en el mismo.

Por otro lado, el enfático rechazo de Fecode a la implementación de los bonos escolares se debe a que, según ellos, es una manera de privatizar la educación, y de enriquecer a ciertos particulares que lo usarían como negocio. Es decir, lo consideran una herramienta de corrupción.

El sistema funciona de la siguiente manera:

El Estado selecciona una serie de instituciones educativas privadas, basado en criterios preestablecidos. Después, da a los responsables legales de los menores un váucher canjeable por el servicio de educación en ese abanico de posibilidades al que también se suma toda institución educativa pública.

Según el artículo 3 de la Ley, dicho cupón es “equivalente al total del pago de todos derechos académicos y servicios complementarios, enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comidas, administración, útiles escolares, costos de locales u otros que el Ministerio de Educación considere pertinentes.”

Este es llamado el Bono Escolar Universal, el primero de los dos tipos de bono que contiene el proyecto. El segundo tipo es el Bono Escolar Aditivo que, a diferencia del anterior, se da únicamente como incentivo por logros del estudiante o como un tipo de subsidio especial por costos adicionales.

El programa tendrá como objetivo los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en pobreza extrema, moderada y en condiciones de vulnerabilidad. Esto significa que dará equidad de oportunidades a una población que había sido privada de la capacidad de elegir la educación que considera de calidad. Una apología a la libertad.

En mi opinión, es un paso adelante para cerrar la segregación socioeconómica que ha dado a la academia colombiana la calificación de ser un lujo.

¿Por qué el magisterio piensa lo que piensa?

Porque esta es una manera de promover la competencia en la oferta educativa, lo que conlleva que la baja calidad de las instituciones públicas cobre factura en la elección de los padres. Por consiguiente, parte del gasto público que hasta el momento habían monopolizado también se iría con los bonos.

Secuestraron la educación de los niños. En vez de marchar el fin de semana, optaron por paralizar el aprendizaje de 7 millones de alumnos. Colombia ya no tolera esa conducta indiferente y reiterativa.

Sin embargo, la peor parte vendría ayer, con el hallazgo de La Silla Vacía que, descubriría la financiación de 500 millones de pesos a la campaña del Presidente Gustavo Petro por parte de Fecode. No fueron declarados en la contabilidad, al parecer, triangularon el dinero por medio de Colombia Humana.

Los nexos políticos son sospechosos e innegables. El discurso en contra de las EPS ahora tiene más sentido, el sistema de bonos se hace aún más necesario.

Fecode está politizada, vela por sus intereses propios y perdió la credibilidad por completo. En ese orden de ideas, resulta indispensable suministrar distintas opciones de pedagogía a los infantes.

El sistema educativo público del país es precario y obsoleto, requiere de cambios estructurales que promuevan la innovación del servicio. No basta con implementar el nuevo sistema de cupones, se debe reconfigurar la composición y las facultades de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

La viabilidad de una verdadera transformación social en nuestro país depende de la enseñanza que le damos a las nuevas generaciones, no hay un tema más trascendental.

Es imprescindible abogar por quienes aún no votan, el bienestar de los niños debe ser nuestro principal principio como sociedad.