Al mediodía del 20 de enero de 2021, Joe Biden se juramentará como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Con 78 años recién cumplidos, será el hombre más viejo en ocupar la Casa Blanca. Ronald Reagan cumplió esa misma edad unos días después de dejar el poder que detentó por ocho años.

Electo al Senado en 1972, a los 29 años, también podemos decir que nadie ha llegado a la Casa Blanca con la experiencia política de Biden. En sus 37 años en el Senado y 8 como vicepresidente de Barack Obama, el presidente electo siempre estuvo inmerso en temas de política exterior, por lo cual se puede afirmar que nadie se ha mudado a 1600 Pennsylvania Avenue, la dirección física de la Casa Blanca, tan expuesto al mundo, a sus avatares y a sus líderes. Es en este contexto que debemos imaginar cómo será la gestión del presidente Biden en política internacional, donde lo aguarda un sinfín de retos, casi todos familiares y casi todos más enredados que en 2017, cuando el presidente Obama pasó el testigo a Donald Trump. Y es ese el caso particular de Venezuela, cuya crisis no comienza con la juramentación del teniente coronel Hugo Chávez Frías el 2 de febrero de 1999, pero sí empeora –sin pausa– a partir de esa fecha, y se desboca –sin piedad o pudor– desde que Nicolás Maduro se juramentó, el 19 de abril de 2013.

Joe Biden era vicepresidente en abril de 2013, y también cuando la oposición, unida, capturó el control de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. Que esas elecciones parlamentarias se realizaran es un logro que reclama con razón el equipo externo de Obama. El problema es que ellos creyeron que, al estar el poder Ejecutivo en manos de un chavista y el parlamento en manos de la oposición, cabría la cohabitación o habría al menos negociación. Qué poco entendían sobre la naturaleza antidemocrática y criminal de una ‘revolución’ que cumplía entonces 17 años de edad, y hoy 23.

Si existe una constante en el tiempo es que cada administración norteamericana deja el problema de Venezuela peor de lo que lo encontró. Fue el caso de Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, y será, sin duda, el caso de Donald Trump. Lo novedoso es que regresan quienes lo dejaron peor el 20 de enero de 2017 de lo que lo encontraron el 20 de enero de 2009. Una crisis pésimamente gestionada dentro y fuera de Venezuela ha hecho metástasis, y las salidas son todas por el barranco.

Durante la campaña electoral, el tema de Venezuela solo floreció en Florida, como si Venezuela fuese un problema de inmigrantes latinos que han convertido al sur de ese soleado estado en una pequeña Latinoamérica. Lo que ocurre en Venezuela tiene y tendrá implicaciones reales para sus vecinos, para los Estados Unidos y para toda la región. De hecho, la presencia obstinada de Rusia, oportunista de China, sospechosa de Irán y perversa de Cuba ha convertido a Venezuela en el proscenio de la guerra fría del siglo XXI. A eso tenemos que agregar el cómodo y rentable desenvolvimiento del ELN y la mal llamada disidencia de las Farc en gran parte del territorio venezolano. Venezuela pareciera tener un gigantesco letrero de neón que lee: Abierta las 24 horas para actividades ilícitas; impunidad 100 por ciento garantizada. Joe Biden y su equipo seguramente desearían que Donald Trump; Robert O’Brien, su asesor de Seguridad Nacional; y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, finiquitaran el asunto Maduro, pero esa no será su suerte.

Nicolás Maduro, acusado formalmente por la Justicia norteamericana de ser un narcotraficante, y con recompensa millonaria ofrecida por su cabeza, es también sujeto de interés de la Justicia internacional por la evidencia creciente de ser responsable de crímenes de lesa humanidad. El natural miedo de Maduro y sus secuaces a las consecuencias de sus múltiples crímenes explica no solo su aferramiento al poder, sino que cometan más crímenes para evitar caer o ser derrocados. Las únicas herramientas con las que contará el equipo Biden –a menos que algún aliado cometa el error de militarizar su apoyo a la tiranía– son las que ha usado, con aciertos y desatinos, el equipo saliente. Se mantendrán las sanciones individuales, las sectoriales serán revisadas; no se detendrá la actuación de un poder judicial semiautónomo, y continuará la presión de decenas de aliados democráticos.

Se dice en los pasillos de Washington (o más bien vía Zoom) que vendrán, entre otros, “sanciones inteligentes”, “más acción multilateral”, “mejor engranaje con Europa”, “la reactivación del Grupo de Lima” y “negociaciones para lograr la entrada masiva de ayuda humanitaria”. Es en el punto de la negociación en general donde los fallidos intentos desde 2014 tienen que ser evaluados para no seguir perdiendo tiempo, o mejor dicho, seguir oxigenando a la tiranía. Con quién se negocia, para qué se negocia y quiénes son los garantes de esa negociación es esencial. Los fracasos del Vaticano en 2016 y de Noruega en 2019 dejaron indelebles lecciones, como también es el caso de la burla del régimen a lo acordado más recientemente con el Gobierno interino y la Organización Panamericana de la Salud.

Con todo lo que se sabe, y con lo que está en juego, no se puede ser principiantes, ingenuos o improvisadores. El nuevo equipo en Washington y sus muchos aliados deben tener claro que se negocia solo para detener el sufrimiento y eliminar –de una vez por todas– los irritantes que lo causan. Tras la farsa electoral del 6 de diciembre, avalada sin chistar por la impúdica Cancillería de Vladímir Putin, se oye que Biden mantendrá el apoyo a la Asamblea Nacional que se eligió (con su firme apoyo) en 2015 hasta que no haya una elección libre, transparente y verificable para reemplazarla. Y, por lo tanto, el reconocimiento a Juan Guaidó, su presidente, como presidente interino se mantendrá hasta que no haya una elección presidencial de igual tenor. Palabras, intenciones y expectativas que tendrán que confrontar realidades cruentas, criminales arrinconados y rivales globales que han optado por mover sus fichas en el tablero latinoamericano.

Joe Biden, el internacionalista veterano, se topará en su propio vecindario con una crisis persistente y expansiva, que no incluye armas nucleares o terroristas, pero que mal gestionada continuará teniendo un efecto devastador en las vidas de millones de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, y paremos de contar. Hace poco, en un artículo en El Tiempo, el candidato Biden escribía que tras la toma del Palacio de Justicia de Colombia, en 1985, llegó a la “firme convicción de que la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio dependen de una alianza cercana y eficaz entre los Estados Unidos y Colombia”. Falta muy poco para ver si esas palabras, y otras por el estilo, se transforman en políticas, en acciones, y sobre todo en lo que sería una tortuosa transición hacia una Venezuela con esperanzas democráticas.