Durante los pasados tres años hemos visto la mayor maquinación por transformar un poder presidencial en un mandato popular hacia el cambio, nada más falso y peligroso para la democracia de la nación. Ante la necesidad de controlar el Congreso de la República, hemos visto en este período de nuestra historia desde los mayores actos de corrupción política, con iniciativas de compra de legisladores, hasta la permanente amenaza de convocar unilateralmente una constituyente sin la mínima, básica y requerida iniciativa popular.
Afortunadamente, y para el rescate de lo que queda de reputación del Congreso, la Comisión Séptima del Senado plantó la cara en la defensa de su naturaleza de ser el órgano por excelencia de representación del pueblo. Las mujeres y hombres que componen la comisión se han ganado de verdad el título de honorables, al no ceder a las amenazas, presiones y señalamientos con los que el gobierno actual ha querido empujar a las malas una reforma de salud profundamente nociva para los colombianos.
Superada la consulta del Pacto Histórico, con un muy diciente resultado de 2,7 millones de votos, se abre la etapa definitiva que conducirá a las elecciones de 2026. Unas elecciones en las que -como nunca- el país se jugará enteramente su destino para los siguientes 20 años y quizás más.
Hasta ahora el sistema de pesos y contrapesos que se diseñó en la constitución de 1991 ha podido mantener un equilibrio de poderes y contener las embestidas totalitarias del presidente. En medio de semejante desafío, las cortes, el Consejo de Estado y los organismos de control han podido mantener una independencia remarcable en sus decisiones.
Desde el punto de vista económico, el Banco de la Republica ha tenido la capacidad de impulsar una política económica dirigida a contener la inflación de acuerdo con su mandato. Algunos organismos y comisiones más débiles han caído bajo el control directo del gobierno, pero en general la institucionalidad del país se ha mantenido fuerte y autónoma.
Pero todo ese escenario cambiará a partir de 2026 si un gobierno progresista se mantiene en el poder, porque hemos observado la clara intencionalidad del presidente de controlar y poder intervenir en las decisiones de la justicia -incluida la propia Fiscalía- cómo les molesta la capacidad de investigar a los funcionarios públicos desde los organismos de control del Estado y también cómo talla la independencia del Banco de la República.
El escenario natural de control del Estado está en el control del Congreso por parte del ejecutivo. Son solo los ciudadanos quienes en su decisión volcada en las urnas optan por conceder al partido -o coalición de gobierno- una mayoría en el legislativo que le permita modificar las leyes. Ese es el verdadero mandato del pueblo por el cambio, no solamente en el ejercicio de elegir un presidente.
Pero con miras a lo que suceda más allá de 2026, solamente una institución tendrá la responsabilidad de hacer posible la independencia de la institucionalidad de la República. Esa entidad es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tendrá la responsabilidad de implementar y garantizar los diferentes procesos electorales que se avecinan. Su misionalidad deberá ser apoyada por las Fuerzas Militares y los colombianos no solamente tenemos el deber, sino también la obligación, de defender a esa entidad de los embates y ataques que sin duda alguna vendrán -como lo hemos visto en el desorden del Pacto Histórico durante su consulta queriendo responsabilizar a este órgano electoral-. En esa acérrima defensa nos jugamos todo el futuro del país.