Hay decisiones que retratan por completo a un gobierno. Y pocas tan graves como intentar suspender las órdenes de captura contra los máximos cabecillas del Clan del Golfo mientras esa misma organización sigue asesinando policías, controlando territorios y expandiendo el narcotráfico en Colombia.

Qué casualidad que, mientras el Gobierno necesita sostener políticamente su proyecto, también pretenda darle concesiones a la estructura criminal más poderosa del país. Porque al comprometer este proceso, también lo atan al futuro político del petrismo. Si no existe continuidad política, el proceso se cae. Y eso termina convirtiendo al Clan del Golfo en un actor estratégicamente ligado al futuro electoral del Gobierno, algo gravísimo para cualquier democracia.

La discusión ya no es solamente jurídica o de seguridad. Es profundamente ética y política. El Gobierno de Gustavo Petro pidió suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de esa organización criminal. Lo hizo mientras el país enfrenta un deterioro evidente de la seguridad, mientras policías y militares siguen siendo asesinados y mientras las regiones continúan sometidas por la extorsión, el narcotráfico y el miedo.

No estamos hablando de una organización debilitada ni de un grupo que haya demostrado verdadera voluntad de paz. Todo lo contrario. Bajo el Gobierno de la “paz total”, el Clan del Golfo no se debilitó, se fortaleció territorial y militarmente. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, esta estructura criminal pasó de tener presencia en 145 municipios en 2022 a cerca de 296 en 2025. Su pie de fuerza también creció de 4.099 integrantes a casi 10.000 combatientes en ese mismo periodo. Mientras el Gobierno insistía en negociar, el país veía cómo la organización criminal más poderosa de Colombia expandía su control y capacidad armada.

Las cifras de violencia son devastadoras. Solo en lo que va de 2026, Colombia registra ya 51 masacres con 209 asesinatos, la peor cifra en más de una década, según Indepaz. En 2025 hubo 78 masacres con 256 muertos y 187 líderes sociales asesinados. El Clan del Golfo aparece como uno de los principales responsables de esa espiral de terror, especialmente en Antioquia, Córdoba, Bolívar, Chocó y la región Caribe.

Este año, además, el grupo criminal declaró un “plan pistola” contra la fuerza pública. El resultado: decenas de policías y militares asesinados en pocas semanas, muchos atacados en sus casas y fuera de servicio, delante de sus familias. El Ministerio de Defensa confirmó que 41 uniformados murieron en actos de servicio solo en el primer trimestre de 2025, la cifra más alta para ese periodo desde 2018. A sicarios se les ofrecen hasta 20 millones de pesos por asesinar a un uniformado. Ese es el nivel de barbarie del grupo al que el Gobierno pretendía otorgarle beneficios judiciales.

Y, aun así, el Ejecutivo firmó una resolución solicitando suspender órdenes de captura, incluso algunas con fines de extradición. Entre los beneficiados aparece alias Chiquito Malo, sobre quien ya existe concepto favorable de extradición hacia Estados Unidos. Es decir, mientras otros países persiguen a las grandes estructuras del narcotráfico, en Colombia el Gobierno buscaba frenar la acción de la justicia contra uno de sus principales jefes criminales.

Por fortuna, la Fiscalía General de la Nación actuó con firmeza institucional y rechazó la solicitud. El ente acusador dejó claro que no existen condiciones suficientes ni avances verificables que permitan justificar semejantes beneficios. Esa decisión protege algo fundamental: el Estado social de Derecho.

Porque la pregunta de fondo sigue siendo inevitable: ¿qué clase de paz se construye con quienes continúan asesinando mientras negocian? El Clan del Golfo no representa una causa política ni una lucha ideológica. Es una empresa criminal dedicada al narcotráfico, al control armado de territorios y al sometimiento violento de comunidades enteras.

La paz verdadera no puede construirse entregando concesiones anticipadas ni debilitando la autoridad del Estado frente al crimen organizado. La paz exige justicia, verdad, reparación y garantías reales para las víctimas. Lo demás no es paz. Es impunidad disfrazada de negociación.