El presidente Gustavo Petro ha dicho que no busca reemplazar la Constitución de 1991, sino agregarle dos capítulos. Incluso dentro de su propio sector no existe respaldo automático a una asamblea constituyente. Iván Cepeda, por ejemplo, ha hablado más de un acuerdo nacional para discutir su pertinencia. que de una convocatoria inmediata.

Aun así, queda una pregunta difícil de ignorar: si el objetivo es modificar temas puntuales, ¿por qué acudir al mecanismo más amplio e incierto de todos? Colombia ya puede reformar la Constitución mediante actos legislativos y referendos. Convocar una constituyente para agregar dos capítulos se parece más a demoler una casa para remodelar una habitación.

Incluso, si fuese el mecanismo constitucional idóneo, una constituyente luce políticamente inviable en pleno cierre del Gobierno y ad portas de un nuevo Congreso. En Colombia, el artículo 376 de la Carta Magna exige una ley aprobada por ambas cámaras y posteriormente una votación popular, un camino difícil en medio de la fragmentación política actual y sin consensos claros incluso dentro del oficialismo.

Estos procesos rara vez se limitan a cambiar artículos. Como mínimo, también modifican la manera en que un país discute sus problemas. La conversación deja de girar alrededor de salud, seguridad o economía, y empieza a concentrarse más en preguntas amplias: quién tiene el poder, qué tan legítimo es el sistema político y si el marco institucional actual todavía representa a la sociedad.

Ahí aparece la utilidad política del debate. Mientras Petro empuja una discusión que tensiona al sistema, candidatos como Cepeda pueden evitar comprometerse completamente con el mecanismo y observar cómo evoluciona la reacción del electorado moderado. Si la idea gana respaldo, la izquierda habrá logrado instalar una narrativa de cambio estructural. Si no ocurre, al menos habrá reafirmado y movilizado a una parte importante de sus bases.

En Venezuela, la Constituyente de 1999 apareció en medio del desgaste de los partidos tradicionales, años de crisis económica y una oposición fragmentada que subestimó el proceso. El chavismo terminó obteniendo 125 de los 131 escaños de la Asamblea Constituyente, una mayoría que le permitió controlar casi por completo el rediseño institucional venezolano y facilitó el posterior deterioro político del país. Como explican Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en How Democracies Die, muchos sistemas no colapsan mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de procesos graduales en los que las normas del sistema y los contrapesos empiezan a perder legitimidad o estabilidad desde dentro.

En Chile ocurrió algo distinto, y probablemente más útil para entender lo que podría pasar en Colombia. Después del estallido social de 2019, cerca del 78 % de los votantes apoyó redactar una nueva constitución. En ese momento, buena parte del sistema político chileno entendió que o acompañaba el proceso o quedaba desconectado del malestar ciudadano.

Sin embargo, a medida que el debate dejó de centrarse en demandas sociales y empezó a girar alrededor de cambios estructurales al sistema político, el ambiente cambió. Parte importante del electorado comenzó a percibir incertidumbre sobre el orden institucional y empezó a valorar más la moderación y la estabilidad frente a cambios demasiado amplios o difíciles de anticipar.

La propuesta constitucional fue rechazada por cerca del 62 % de los votantes en 2022, mientras sectores de derecha y centroderecha crecían políticamente. El centro tradicional chileno, en cambio, perdió espacio durante buena parte de ese proceso. La discusión constituyente terminó polarizando el debate alrededor de estabilidad y cambio, dejando menos espacio para posiciones intermedias.

Algo parecido podría ocurrir en Colombia. Figuras como Claudia López o Sergio Fajardo suelen funcionar mejor en escenarios donde el electorado prioriza gestión, acuerdos y políticas públicas concretas. Pero cuando la conversación política empieza a girar alrededor de la estabilidad institucional, muchos votantes moderados dejan de buscar puntos medios ambiguos y empiezan a inclinarse hacia candidatos que transmitan garantías, mayor previsibilidad y respeto por el orden institucional.

Por eso la oposición colombiana podría equivocarse si responde únicamente con alarmismo o comparaciones simplistas. Decir que cualquier discusión constituyente convierte automáticamente al país en Venezuela, probablemente, termine fortaleciendo el discurso refundacional que busca combatir. Pero también sería un error responder defendiendo que nada necesita cambios. Colombia sí necesita reformas importantes en salud, justicia, sistema político, seguridad y crecimiento económico. El problema es abrir un mecanismo en donde todas las normas terminan entrando potencialmente en discusión.

La oposición más inteligente no será la que reniegue de la necesidad de hacer mejoras ni la que defienda el inmovilismo, sino la que logre transmitir una idea mucho más difícil y moderada: un país puede cambiar profundamente sin volver negociables todas sus bases institucionales. Reformar no es lo mismo que refundar.