Patricia es enfermera. La real. La que se levanta a las cuatro y media de la mañana, deja el desayuno listo para sus hijos y sale de su casa sin saber a qué hora regresará. Su turno dura doce horas tomando signos vitales, administrando medicamentos, limpiando heridas y apoyando a familias desesperadas; muchas veces sin siquiera poder sentarse a comer. Al salir, no descansa: la falta de pago la obliga a buscar un segundo trabajo para poder llevarles comida a sus hijos. Esa angustia constante de no saber cómo llegar a fin de mes la está destruyendo.
Patricia nunca nos abandonó. Ni siquiera en la pandemia, cuando los pasillos olían a muerte y sacrificó el abrazo de sus hijos para no contagiarlos. En ese entonces, el país entero salía a los balcones a aplaudir a nuestros héroes.
Hoy ya no hay aplausos. Al final de cada jornada, con los pies hinchados y el uniforme impregnado de hospital, Patricia enfrenta su peor pesadilla: trabaja jornadas extenuantes y no le están pagando.
La crisis de la salud en Colombia siempre se cuenta desde la perspectiva del paciente. Pero hay otra tragedia de la que casi no se habla: la de quienes sostienen el sistema sin recibir salario. Es la realidad de los camilleros que cargan pacientes en jornadas interminables, de las auxiliares de enfermería que ganan un salario mínimo, de los técnicos de laboratorio y de las recepcionistas que reciben la desesperación de la gente.
Ya no son casos aislados. Miles de trabajadores de la salud atienden hoy sin recibir un solo peso, ya sea porque sus salarios de nómina están congelados o porque sus contratos de prestación de servicios llevan meses acumulando deudas. La tragedia se repite en todo el país: médicos intensivistas de la Clínica Corpas en Bogotá denuncian hasta seis meses de retrasos; en el San Francisco de Asís de Quibdó y en Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal reportan un colapso total por falta de pagos; el Hospital Universitario de Sincelejo se ve obligado a traslados de emergencia para cubrir nóminas atrasadas, al mismo tiempo que la asfixia financiera provoca la salida de especialistas en el Universitario del Valle en Cali. En el San Rafael de Itagüí, el personal pasó Navidad y Año Nuevo sin sueldo; hoy, algunos caminan largas distancias porque no tienen para el transporte y otros comparten el almuerzo porque simplemente no alcanza. La misma historia se repite en Roldanillo, Zarzal y Buga.
El origen es político y deliberado: el Gobierno se negó a actualizar el valor de la UPC y los presupuestos máximos. La Adres gira menos de lo que el sistema necesita, las EPS no alcanzan a pagar a los hospitales y estos no tienen con qué cubrir sus nóminas. Los que terminan pagando el precio son los pacientes sin medicinas y los trabajadores sin salario. El Gobierno de Petro no solo no resolvió el problema; lo profundizó. Intervino EPS, las tomó bajo su control y las convirtió en las peores pagadoras del país. Asmet Salud, Savia Salud y Nueva EPS son apenas los ejemplos más vergonzosos. El resultado: hospitales públicos y privados hundidos en la quiebra.
El Gobierno tendrá que responder por este desastre. Pero ninguno de nosotros puede quedarse como simple espectador mientras quienes sostienen el sistema de salud pasan hambre. Lo que le están haciendo a Patricia y a miles de trabajadores de la salud es obligarlos a trabajar sin pagarles, una violación de sus derechos laborales más básicos que los organismos de control y la justicia no puede seguir permitiendo.
Esta no puede ser únicamente la batalla de quienes trabajan en salud. Tiene que convertirse en una exigencia nacional: si ellos caen, el sistema cae con ellos.
Colombia tiene que alzar la voz y exigir que se giren los recursos, que hospitales y clínicas puedan pagar sus nóminas y que se les devuelva la dignidad a quienes llevan años entregando su vida a un sistema que hoy los abandona.
No más aplausos vacíos; ¡páguenles ya!
A Patricia y a todos los héroes invisibles que sostienen el sistema de salud: gracias infinitas.