He observado con juicio las negociaciones con este grupo guerrillero desde la época del presidente Andrés Pastrana. Conozco las experiencias de algunos negociadores en las conversaciones abiertas por el presidente Santos, y leído un buen acervo de documentos escritos por personas expertas. La conclusión que extraigo es que son pocas las posibilidades de que pueda llegarse a un acuerdo con ese grupo insurgente. Hay tres razones estructurales que lo entorpecen: (I) la visión utópica que a ese grupo armado caracteriza, y que le hace pensar que puede pactar de igual a igual con el Estado un nuevo modelo político y social para corregir injusticias seculares; (II) su firme creencia en que, como un hito indispensable del proceso de negociación, es posible y necesario convocar a la “sociedad civil” para que ella misma defina el contenido de ese gran acuerdo entre el Estado y la supuesta multitud de quienes no se sienten por él representados; (III)  el carácter federativo de la dirigencia Elena que tanto le dificulta la toma de decisiones. Con el paso del tiempo otros factores han vendido a complicar una solución negociada. Entre ellos el involucramiento creciente del ELN en el rico portafolio de los negocios ilegales que nuestro país ofrece; y el refugio seguro que para su dirigencia garantiza la Venezuela chavista.    Estos elementos explicarían que el pasado gobierno, a pesar de arduos esfuerzos, en realidad lo único que logró fue un cese al fuego temporal e incompleto. Cuando a comienzos de este año tuvo dudas de la conveniencia de prorrogarlo, la realización de dos ataques contra instalaciones policiales en Barranquilla y Cartagena fue la forma elegida por la contraparte para inducirle a ceder; por supuesto, las autoridades no le caminaron a ese mecanismo de persuasión. Tampoco logró la administración Santos sentar en la mesa de Quito a todos los frentes guerrilleros; el del Chocó nunca estuvo representado. El actual gobierno no ha cancelado el proceso de negociación; se ha limitado a no designar, por ahora, sus voceros en la mesa habanera, mandando, simultáneamente, una señal clara: la ventana temporal para negociar es restringida. Ese mensaje consiste en la presentación al Congreso de una iniciativa para proscribir que el narcotráfico sea considerado conexo al delito de rebelión para efectos de que sus responsables gocen de un tratamiento punitivo benévolo; y para clausurar la posibilidad de que integrantes de movimientos armados puedan hacer parte de organismos de representación popular antes de haber servido las penas que la justicia transicional les imponga. Como estas medidas no pretenden menoscabar los derechos adquiridos de las FARC (el presidente Duque así lo ha reconocido) es evidente que su aprobación por el Congreso implicaría “quemar las naves”; amigos y adversarios quedarían notificados de que esas herramientas, que fueron fundamentales para lograr el acuerdo con las Farc, dejarían de estar disponibles. Imaginemos que, en estas circunstancias, el ELN, en contra de la postura intransigente que le ha sido usual, se allana a cerrar un acuerdo con el Gobierno antes de que se promulgue la propuesta de ley en curso. En tal caso, se abriría un complejo debate: ¿Se requerirá la modificación de las normas que le dieron entrada al Acuerdo del Teatro Colón para que ellas apliquen también a ese hipotético Acuerdo II de La Habana en lo que tiene que ver con derechos políticos y penas alternativas? Si la respuesta fuere afirmativa, como me inclino, en principio, a creerlo sería preciso recorrer ¡otra vez! el vía crucis político y judicial del que apenas estamos saliendo para instrumentar el acuerdo con los Farianos. Supongamos ahora la opción contraria: los Elenos deciden ignorar la presión que la iniciativa legislativa implica. En tal caso, tendríamos un acuerdo “light”, sin justicia transicional y acceso al Parlamento, al estilo de los que, en épocas del presidente Betancur, llamábamos de “casa, carro y beca”, complementado con las amnistías e indultos que han sido usuales desde el siglo XIX para reintegrar a quienes se han alzado contra el orden establecido.     Tengo entendido que, en la actualidad, la reapertura de las conversaciones en Cuba depende de que los Elenos liberen los secuestrados que tengan en su poder. No veo problema para que cedan ante una pretensión que el Gobierno mucho valora y que, para ellos, tiene bajos costos: reemplazar el inventario de secuestrados es tarea sencilla; suena horrible, pero esa es la realidad. También de la solución de dos pretensiones que ambas partes han formulado para retornar a la mesa: una tregua bilateral pedida por la guerrilla; y el cese de todo acto de violencia demandada por el Gobierno. No veo viables ninguna de las dos. El Estado no puede abdicar en su tarea de perseguir a la delincuencia, salvo, como se estipuló con las Farc, para facilitar el cierre de una negociación inminente. Exigir que se ponga fin a la violencia “revolucionaria” para negociar la paz haría innecesaria la negociación: ya estaríamos en paz. Se negocia para terminar un conflicto armado actual, no pretérito. Si estos escollos fueren resueltos, un eventual acuerdo, por las razones ya expuestas, probablemente estaría muy alejado de las pretensiones tradicionales del ELN y tendría un alcance muy inferior al que lograron las Farc. Si este no se logra estaríamos en la “guerra de liberación nacional”, tal como en el “principio de los tiempos”, o sea 16 años atrás. Briznas poéticas.  De Piedad Bonnett un manojo de bellas palabras: “Como un árbol que agradece la lluvia / desplegando sus ramas / así empapada yo de tu deseo / florecí de palabras. / Ahora, como un árbol en invierno, / desnuda, despojada / quiero hundir mis raíces en la tierra…”.