Entre 2018 y 2019, el hashtag #NosEstanMatando se volvió una tendencia. En todas las redes sociales, este numeral se volvió el símbolo de la protesta ante el aumento de asesinatos de los líderes sociales y firmantes de paz.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, durante 2018 fueron asesinados 249 líderes sociales, ocurrieron 39 masacres con 157 personas muertas y 65 firmantes de paz fueron asesinados. En 2019, la saga de muerte contra líderes sociales continuó con 218 víctimas de homicidio, la ocurrencia de 51 masacres con 203 muertos y el asesinato de 78 firmantes. En 2021 fueron 165 líderes asesinados, 96 masacres con 338 víctimas y 55 firmantes de paz asesinados.

Con el inicio de las protestas en abril de 2021, el rechazo a estas muertes de líderes y masacres fue en aumento. El ambiente crispado del paro nacional alimentó la idea de que el Gobierno de Iván Duque era completamente indolente ante estos homicidios.

Personajes públicos, políticos, periodistas y actores se apropiaron del hashtag #NosEstanMatando para pedir acciones del Gobierno. Vimos a reconocidos actores como Margarita Rosa de Francisco, Julián Román o Diana Ángel en una abierta y válida cruzada contra el Gobierno exigiendo respuestas frente a estas muertes. También lo hicieron líderes como Francia Márquez, Clemencia Carabalí o Diego Rosero, y políticos como el propio Gustavo Petro, Iván Cepeda, María José Pizarro o Gustavo Bolívar exigieron justicia frente a la muerte de líderes y las masacres en el país. A la tendencia #NosEstanMatando se le sumó el numeral #SOSColombia o #ElEstadoNosEstaMatando.

Llegó, entonces, el Gobierno de Gustavo Petro y con él la ilusión de que esta realidad cambiaría. Pero las cifras demostraron que la violencia contra líderes sociales, las muertes en masacres y el asesinato de firmantes de paz nada tenían que ver con la identidad ideológica del Gobierno de turno, sino con la dinámica del conflicto armado colombiano. Y, lejos de que estas muertes se redujeran, fueron en aumento.

De acuerdo con Indepaz, en 2022 fueron asesinados 187 líderes sociales; en 2023, 188; en 2024, 173 y en 2025, 187. En el caso de las masacres, durante el primer año del Gobierno Petro fueron 94 con 344 personas asesinadas; en 2023 fueron 94 con 304 personas muertas. Durante 2024 se registraron 76 masacres con 267 muertos, y en 2025 fueron 78 masacres con 256 personas muertas. En lo que va de 2026 ya van 51 masacres con 209 asesinatos, la cifra más alta en más de una década; 54 líderes sociales han sido asesinados y 3 firmantes de paz. Y apenas es mayo.

El mayor número de estas muertes se registra en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander. Estos asesinatos se deben a disputas territoriales entre los grupos armados ilegales. El ELN, el Clan del Golfo y las distintas disidencias de las Farc, principalmente, mantienen una guerra por el dominio de los corredores del narcotráfico y de las economías ilegales, como la extracción ilegal de oro. En medio del caos está la población civil, que trata de sobrevivir en medio de amenazas, extorsiones, secuestros y desplazamientos. Hoy existen territorios en los que los grupos armados ejercen el dominio absoluto del poder.

De acuerdo con Rutas del Conflicto, el crecimiento de los grupos armados ilegales ya era una tendencia antes del Gobierno de Gustavo Petro. Los ceses al fuego que se dieron al inicio de las conversaciones en el marco de la “paz total” generaron inicialmente una desescalada de violencia. Sin embargo, las negociaciones no se sostuvieron en el tiempo y la violencia estalló de nuevo en los territorios.

Pero, aunque las masacres siguen, a los firmantes de paz los siguen matando, al igual que a los líderes sociales. Parece que a nadie le importa. Todos estos actores, políticos, figuras que levantaron su voz exigiendo frenar estas muertes han caído en el silencio frente a la escalada de violencia en estas regiones del país. Ya no hay hashtags, ni llamado a las calles, ni gritos de justicia.

Mientras escribo estas líneas, se conoce el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando (Valle), Mileydi Villada. La cabildante del Centro Democrático fue asesinada por sicarios mientras almorzaba junto con compañeros de trabajo. Al mismo tiempo, se conoce la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño (Antioquia). Este joven, director de la revista El Confidente, hacía reportería sobre la grave situación humanitaria que se vive, precisamente por el conflicto territorial entre grupos armados. Miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de Calarcá, lo habrían secuestrado en la vereda El Hoyo y lo habrían asesinado frente a la comunidad. Al momento de escribir esta columna, su cuerpo no había sido recuperado, pues a este territorio nadie puede entrar. Sus papás clamaban al Gobierno nacional intervenir para recuperar los restos de su hijo.

Ante el reclamo de la periodista Ana Bejarano al presidente Petro porque este joven fue asesinado por un gestor de paz, como lo es alias Calarcá, el presidente Petro solo respondió: “… nada indica por ahora lo que usted dice la fuerza pública hace lo propio y lo busca. En la zona operan todas los grupos en conflicto no solo uno, con ninguno hay cese al fuego. No pre determine ni pre juicie, apenas exista información oficial se entregará a la ciudadanía”. ¡Ni una sola palabra de rechazo a este homicidio! ¡Ni una sola condena al actuar de los grupos armados! ¡Ni una sola palabra de consuelo a la familia del joven asesinado!

¿Dónde están todos aquellos que gritaban justicia por estas muertes? ¿Dónde están los actores, los congresistas alzando su voz porque nos están matando? Ni una sola palabra en las cuentas de los principales líderes del petrismo.

¡Hipócritas! A ellos no les importaba la vida de estos colombianos. Lo único que querían era ganar las elecciones.