El deber fundamental de todo gobernante es trabajar por el bienestar de sus conciudadanos: lograr un país más próspero, más libre y con mayor calidad de vida. Esa tarea no es sencilla, sobre todo porque los ciudadanos no comparten siempre la misma visión de lo que significan prosperidad, libertad y felicidad. Sin embargo, debería haber consenso en algo elemental: existen comportamientos públicos que, en la práctica, se oponen a esos fines.

Cuando un gobernante asume que sus ideas y su forma de ejecutarlas están por encima de los intereses colectivos, su ego puede imponerse sobre el deber de servir. En ese momento deja de buscar cómo mejorar la vida del prójimo y prioriza imponer su visión. El paso siguiente, aún más grave, es cuando, ante la insatisfacción ciudadana, el gobernante criminaliza a quienes lo cuestionan: “Si no reconocen mi grandeza, es porque son mediocres, malintencionados o manipulados”. Esa lógica deshumaniza al disidente y arruina el diálogo democrático.

Hoy observamos en la esfera pública signos de ese deterioro. El presidente Gustavo Petro ha centrado críticas contra instituciones, funcionarios y ciudadanos que no comulgan con su proyecto, un comportamiento que se distancia del perfil de quien escucha, analiza y despliega políticas públicas orientadas al interés general. La consecuencia de ese estilo político, alentado por la polarización, es la confrontación y la pérdida de empatía —rasgos característicos del narcisismo político—.

Aun cuando no se llegue a esos extremos, también existen gobernantes con buenas intenciones que fracasan por incapacidad operativa. Un ejemplo reciente se vivió el domingo de Semana Santa: miles de familias que retornaban del sur del país intentaron llegar a Bogotá con antelación para no ser sancionadas por la medida de pico y placa (pares: 4–8 p. m.; impares: 12–4 p. m.). Pese a esa previsión, un colapso de movilidad en la vía sur —entre la avenida Boyacá y la avenida 68— generó un trancón de aproximadamente dos horas. Además del tiempo perdido, muchos conductores terminaron multados por incumplir la restricción impuesta precisamente para mejorar la circulación.

La responsabilidad en este episodio recae en la administración local y en la Secretaría de Movilidad: medidas restrictivas sin soluciones logísticas o alternativas de tránsito eficientes terminan penalizando a la población. ¿Cómo es posible que, a casi un año de gestión, no se hayan implementado soluciones concretas para evitar trancones que se extienden hasta el peaje de Cazucá? Multar a los conductores afectados por congestiones generadas por la misma administración no parece una salida justa ni eficaz.

El alcalde Carlos Galán, a quien se reconoce como una persona honesta y dedicada, también enfrenta fallas de gestión que afectan a sus gobernados. Más allá de la intención, la administración local tiene la obligación de priorizar soluciones: optimizar la semaforización, coordinar operativos viales en horarios de alto flujo, habilitar vías alternas y reforzar la comunicación preventiva con los ciudadanos. Ese tipo de políticas públicas reducirían multas injustas, aliviarían pérdidas de tiempo y recuperarían la confianza pública.

Gobernar pensando en el prójimo implica escuchar, diagnosticar con datos y ofrecer respuestas técnicas y humanas. La política no puede convertirse en una proclamación de grandeza ni en una sucesión de sanciones desproporcionadas frente a problemas de gestión. Es urgente que las autoridades combinen voluntad con capacidad técnica, midan el impacto real de sus decisiones y antepongan la vida cotidiana de las personas a las lógicas de poder. Solo así se construye una gobernanza que realmente promueva prosperidad, libertad y felicidad para todos.