Esta fue una semana extraña en Colombia. El suroccidente del país vivió una inesperada crisis en el suministro de gas, derivada de un calentamiento del gasoducto de Cerro Bravo que obligó a suspender el suministro por varios días y cuyas causas al momento de escribir estas líneas aún no eran claras. Dos millones de habitantes de Valle, Cauca, Tolima, Caldas, Quindío, Nariño y Risaralda se enfrentaron al reto de vivir su cotidianeidad sin gas, en un hecho sin precedentes. Al tiempo que se trabajaba sin descansopor restablecer el servicio, se conoció el informe de reservas de hidrocarburos en Colombia, según el cual el país solo tendrá suficiencia de gas y petróleo para los próximos siete años y medio. Las cifras de reservas fueron mucho menores de las esperadas y definitivamente completamente alejadas de los datos dados por la ministra de Minas, Irene Vélez, en Davos, donde aseguró de manera errónea la existencia de reservas hasta 2037. En el caso específico del gas, las reservas cayeron incluso 11 por ciento.
La realidad es clara: si el país no continúa explorando y explotando nuevos yacimientos, para 2030 tendrá que importar combustible para suplir la demanda.
A pesar de la contundencia de las cifras, la ministra Vélez dejó claro frente a los atónitos asistentes al Congreso de Naturgas, que coincidencialmente se celebró esta semana en Barranquilla, que el Gobierno se sostiene en su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y que insistirá solo en los contratos ya firmados y en ejecución. Esta decisión es determinante en el futuro del sector, pues muchas empresas reevalúan sus proyecciones y su permanencia en el país.
Nadie entiende la necedad de este Gobierno en insistir en una idea que solo llevará a que se ponga en vilo la autosuficiencia energética del país, pues mientras la demanda de combustible siga siendo la misma y no exista una fuente de energía alternativa suficiente para suplirla, terminará importando el combustible para atender la demanda.
Además, no es claro el argumento del Gobierno para sostenerse en esta posición. Gustavo Petro y los responsables de su política energética han sostenido desde el primer día que Colombia tiene que migrar al uso de energías limpias, lo cual es absolutamente cierto. No creo que nadie en el país esté en contra de lograr una baja en las emisiones contaminantes y en avanzar hacia el uso de energías alternativas, como la eólica o la solar. Pero, según han dicho expertos como Sergio Cabrales, no es por el camino del freno a la explotación y exploración por donde debe llegarse a la reducción de emisiones de gases contaminantes, ya que si no hay un cambio en la demanda, el país tendrá que suplirla de alguna forma. Me explico: de nada sirve frenar la exploración y explotación de nuevos yacimientos si no hay, por ejemplo, un desestímulo al uso de vehículos a gasolina o si no hay un incentivo al uso de la bicicleta o de medios alternativos de transporte.
Asimismo, si se acabara con todo el sector minero energético en Colombia, dice Cabrales, se reduciría solo en 10 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero, pues no está allí el mayor contaminante. Este se encuentra en la invasión de suelos para el uso indiscriminado de la ganadería, por ejemplo. “Estamos jugando con la seguridad energética del país por un supuesto beneficio ambiental que no existe”, afirma Cabrales cuando le pregunto por esta decisión del Gobierno, y explica que Colombia terminará trayendo combustible de otros lados, a precios más altos e incluso con un daño ambiental mayor.
De modo que el camino que pretende seguir el Gobierno Petro no logrará más que enrarecer un ambiente ya lo suficientemente enrarecido.
Se insiste en que todos estamos de acuerdo en la necesidad de emprender la transición energética, camino que no es nuevo y que Ecopetrol tiene trazado desde hace rato. Pero hoy ¿estamos transitando a qué? Es que el país ni siquiera ha sido capaz de sacar adelante proyectos como el parque Windpeshi en La Guajira, impulsado por Enel, que en esta semana de extrañas coincidencias también anunció que no va más, precisamente ante la incapacidad del Gobierno de frenar las protestas de las comunidades, que hicieron imposible continuar adelante con los ritmos de construcción que exigía el proyecto. Así que Enel decidió que no siguen adelante y ya no construirá las 45 torres eólicas que estaban proyectadas. Al tiempo, las granjas solares son absolutamente insuficientes para el requerimiento energético del país y el uso de energías alternativas en los hogares es solo una ilusión. Entonces, ¿estamos transitando a qué?
En este contexto cobra sentido la propuesta presentada por la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, para convertir el gas en este combustible de transición que se necesita. Hoy, 10,4 millones de familias utilizan gas, una cifra cercana a los 37 millones de colombianos, la mayoría de ellos en los estratos más bajos.
La responsabilidad del Gobierno colombiano es garantizar una autosuficiencia energética sostenible a largo plazo. Hoy, el gas es el energético vital de la familia colombiana, que mueve hogares, vehículos, hoteles, restaurantes, industrias y un largo etcétera. Sin duda es el gas, menos contaminante que el petróleo, el combustible que podrá llevarnos a una transición energética responsable.
Después de esta semana rara, en la que el gas estuvo en boca de todos, el Gobierno debe rectificar el camino y avanzar en la exploración de nuevos yacimientos en el país. Persistir en lo contrario es necedad, arrogancia, pero, sobre todo, estupidez.