En los 22 meses que lleva la Administración de la alcaldesa Claudia López, las cifras revelan que Bogotá pasa por uno de sus peores momentos en temas de inseguridad, con delitos de alto impacto que incrementan en casos y con formas de ataque que incluyen el uso de armas blancas, de fuego y traumáticas especialmente.
Como he mencionado constantemente, esto se puede explicar desde la Teoría de las Ventanas Rotas, con el abandono institucional en lo relacionado al alumbrado público, el manejo de basuras, el espacio público y la atención social; la ciudad ha entrado en una espiral de caos que se refleja en el aumento de la inseguridad y que, de acuerdo al DANE, para el 77,8 % de los ciudadanos es un tema que empeora de forma exponencial.
En concreto, hay un tema que preocupa bastante y es que cada vez es más frecuente el uso de armas de fuego y traumáticas en los delitos de alto impacto, además del porte ilegal de las mismas, que es más que evidente en diferentes localidades. En el caso de las armas traumáticas, tan solo en 2021 se han incautado más de 1.750 y han estado presentes en más de 26 casos de lesiones personales. En el mercado ilegal crece la alteración de estos artefactos para aumentar su letalidad, razón por la que los delincuentes adquieren estas armas de forma legal y luego las modifican.
Con la expedición del decreto 1417 de 2021 sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y porte de las armas traumáticas, el Gobierno nacional espera limitar la libre venta y circulación para que las estructuras criminales dejen de aprovechar ese vacío jurídico. Sin embargo, son muchas las inquietudes que aparecen porque no es un secreto que la normatividad debe estar acompañada por acciones contundentes de los gobiernos para que se aplique correctamente; y este punto me preocupa porque el gobierno Distrital no ha logrado mayor avance en las estrategias de desarme y control al porte ilegal de armas.
Entonces, sin el compromiso que debería tener el gobierno local, cabe la posibilidad de que esta nueva restricción las armas traumáticas motive la ampliación del mercado ilegal de las de fuego que ya opera en Bogotá y que termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, en la ciudad hay puntos críticos por los que circulan las armas ilegales, como el corredor oriental que va desde Usme hasta Usaquén, el corredor occidental que abarca las localidades de Bosa, Kennedy (Patio Bonito y María Paz) y Suba o las zonas de Santafé, San Bernardo, en la zona central. ¿Qué acciones ejecutará entonces la Administración para que estos sectores no abarquen el comercio ilegal de armas traumáticas? Eso es lo que los ciudadanos aún no sabemos.
Este decreto es una oportunidad para que las autoridades establezcan estrategias efectivas que limiten el comercio ilegal de armas, desmantelen las redes ilegales que las modifican para aumentar el daño que ocasionan y disminuyan su uso. En el corto plazo, mientras se implementa el decreto a cabalidad, seguirá la libre circulación de este tipo de armas, pero los bogotanos esperamos que en el mediano plazo se logren resultados positivos, es necesario que se actúe de forma coordinada para mejorar todos los elementos que rodean la seguridad y convivencia ciudadana, que los ciudadanos comprendan lo peligroso que es portar cualquier tipo de arma y que los conflictos pueden y deben solucionarse mediante el diálogo y la concertación y bajo la premisa de que la Administración está al frente de garantizar su seguridad.