Una de las formas más significativas de la participación ciudadana es la revocatoria del mandato, mediante la cual los ciudadanos dan por terminada anticipadamente la gestión que le han conferido a un gobernador o alcalde.
Para la Corte Constitucional, la revocatoria del mandato es tal vez uno de los derechos políticos de mayor repercusión para hacer realidad la verdadera democracia participativa, por cuanto otorga a los electores un importante poder de control sobre la conducta de sus representantes, con lo que establece un nexo de responsabilidad entre éstos y su base electoral.
Al menos 40 % de los ciudadanos del total de votos válidos obtenidos en la respectiva elección, podrán solicitar se convoque a votación la revocatoria del mandato, una vez haya transcurrido un año desde la posesión. Se deben exponer las razones en que se fundamenta la insatisfacción o por el incumplimiento del programa de gobierno.
Para que proceda la revocatoria se debe obtener una mayoría de 6 b% de los votos, siempre que participen 60 % de los ciudadanos que concurrieron a la votación donde se eligió al mandatario. Revocado el mandato se convocará a elecciones dentro de los treinta días siguientes, y si no prospera la revocatoria no podrá volver a intentarse.
Según información de la Registraduría, en los últimos años, se han intentado más de treinta revocatorias, doce no reunieron el número de firmas, dos se cancelaron, una por fallecimiento y otra destitución (Gustavo Petro); 13 se realizaron sin lograr la revocatoria. Solo se habría revocado el mandato del alcalde de Tasco, Boyacá, votación que fue realizada el 29 de julio de 2018, de los 1658 votantes, 1609 apoyaron la revocatoria.
En el caso de Bogotá, la actual alcaldesa Claudia López, fue elegida por 1′108.541 votos, equivalente a 35,21% de los 3′147.586 votos válidos. Así las cosas, su revocatoria requeriría de la participación de 1′888.552 ciudadanos y una votación aprobatoria de 1′133.131, curiosamente más alta que el número de votos que la eligieron.
El programa de gobierno proponía cero corrupción, diálogo, defensa de lo público, cultura ciudadana y disminución de la desigualdad, para lo cual se imponía cinco metas: 1) Vivir sin miedo, con políticas de prevención y sanciones eficaces; 2) Oportunidades de empleo y educación; 3) No trancón, según el índice INRIX, perdemos 272 horas en el atasco; 4) Reverdecer a Bogotá, se desarrollaría el mayor programa de siembra de árboles; y 5) Unidad para ser mejores.
Quienes promueven la revocatoria de la alcaldesa, un tanto tardía, señalan 188 razones, que no incluyen las discusiones sobre el proyecto de POT, pero que sí se basan en insatisfacción general e incumplimiento del plan de gobierno. Incremento de la inseguridad, la aparición de atracos masivos. Aumento de las tasas de homicidios y de atracos durante el primer trimestre de 2021. Empobrecimiento institucional en contra de la Fuerza Pública. Deficiente y cuestionable manejo de los recursos públicos destinados a enfrentar la pandemia. Quejas por el mal manejo de la infraestructura ecológica, en particular del humedal El Salitre donde se habrían talado más de 10.000 árboles. TransMilenio solo tendría financiación hasta diciembre de este año.
La pandemia constituye un imprevisto que afectó severamente los programas de gobierno de todos los mandatarios y causó insatisfacción general. Sin embargo, en este caso, las contradicciones entre la instancia local y las órdenes del Gobierno nacional, así como los discursos altisonantes inconsistentes, el mal manejo de las marchas y la destrucción de los monumentos públicos, dejaron amplios sectores de la ciudadanía insatisfechos.
Es cierto, la democracia participativa ha sido reglamentada en exceso hasta convertirla en difícil carrera de obstáculos; no obstante, sigue siendo una forma de control y diálogo entre los ciudadanos y sus mandatarios. En buena hora se abre la posibilidad de discutir la gestión de la alcaldesa Mayor de Bogotá.