La pobreza no se combate con la pobreza. Se combate generando riqueza y disminuyendo las desigualdades sociales, porque así se combate el resentimiento y la injusticia que generan estas desigualdades y no se abona el camino a la violencia.

Ese es, por ejemplo, uno de los desafíos más importantes del presidente Petro y de los nuevos gobernadores y alcaldes que salgan elegidos el próximo 29 de octubre, mucho más cuando la pobreza, las desigualdades sociales y el propio desarrollo económico se dan en las regiones.

A la larga, tanto el desempleo como la pobreza conspiran no solo contra la democracia, la convivencia pacífica, sino también contra el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas, los cuales parten de que el desarrollo económico sostenible es vital para disminuir las desigualdades sociales y para la sostenibilidad social, económica y ambiental. En ese camino, un deber democrático de los gobernantes es el de procurar crear las condiciones favorables con los empresarios, a fin de lograr que los mismos contribuyan a ese propósito. Son los empresarios los que -al final de cuentas- saben generar riqueza, empleos y mejores tributos para el Estado.

En el caso colombiano, si el Estado se lo propone, con el presidente de la República a la cabeza, lo podemos lograr con más diálogo social, hablando de relaciones laborales fraternas, de estimular el crecimiento económico mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica y empleo digno; de transparencia en el manejo de los recursos públicos y menos de confrontaciones de clase.

Un buen escenario para lograr esos acuerdos puede ser la iniciativa del Acuerdo Nacional del Presidente Petro, donde una de sus bases puede ser la configuración de un gran pacto en favor de la riqueza y en contra tanto de la pobreza como de las desigualdades sociales. Para lograrlo, se necesita la iniciativa amplia del presidente Petro de atreverse a dialogar con los diferentes actores a nivel político, social y económico.

En ese orden de ideas, invito a todas las personas para que contribuyamos al propósito de lograr una Colombia con desarrollo económico sostenible, empleos dignos e ingresos justos que, junto con buenos servicios en materia de educación, cultura, salud, deporte y agua potable, reduzcan las desigualdades sociales que vulneran la dignidad de los seres humanos.

Es bueno anotar que, en el caso colombiano, no partimos de cero porque afortunadamente en muchas regiones existen programas en favor de mejores servicios públicos, en materia de salud, educación, agua potable, saneamiento básico y servicios públicos domiciliarios. También, funcionan instituciones de formación tecnológica y comercial, como el Instituto Nacional de Aprendizaje Sena e instituciones universitarias estatales y privadas, con resultados muy positivos, además de una red de tiendas barriales y veredales que generan riqueza, empleos y tributos estatales.

Si a lo anterior le agregamos los esfuerzos del Gobierno nacional en la búsqueda de la ‘paz total’, a fin de salirnos del remolino de la violencia, podemos decir de manera optimista que, en términos de pocos años, tendremos una Colombia donde es posible la generación de nuevos empleos, pero ante todo donde nos sintamos orgullosos de la existencia de un importante tejido empresarial que contribuya, junto con el Estado, a la tarea democrática de ir acabando los niveles de pobreza y desigualdad social.