Este es un momento en el que las circunstancias históricas me convocan a dirigirme a todas las colombianas y los colombianos en defensa de los intereses supremos de la sociedad y en protección del ordenamiento jurídico.

Esta tarea, que cumplo por estricto mandato constitucional, busca comprometer su apoyo indeclinable en la preservación de la estabilidad democrática, ahora que iniciamos la recta final de la elección presidencial.

Estamos ad portas de un hito histórico que marcará nuestras vidas y trazará el rumbo de la patria para las generaciones venideras que debemos proteger. Todos tenemos que proceder con responsabilidad.

Liderar esta institución, concebida por el Libertador Simón Bolívar como la magistratura moral de la nación, me impone la responsabilidad ineludible de recordarles que ningún sesgo ideológico, interés personal o afán electoral puede estar por encima de los principios democráticos que nos cobijan a todos.

En compañía del señor registrador nacional, Hernán Penagos; del señor contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y con el apoyo de muchos sectores de la sociedad tan importantes como la Conferencia Episcopal, los gremios de la producción, los medios de comunicación, los personeros, alcaldes, gobernadores y muchos otros aliados, desplegamos durante casi un año la estrategia de Paz Electoral por todo el territorio con el único propósito de realizar las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en paz y lo logramos.

Esa estrategia permitió que, por primera vez en muchos años, hubiera más votantes que abstencionistas en las elecciones para el Congreso de la República. Se superó la abstención tradicional. Podemos decir que el Congreso elegido tiene más legitimidad.

Se pudieron hacer elecciones en paz. No hubo que cancelar ni una sola mesa de votación por problemas de violencia electoral.

Y tampoco hubo fraude electoral. Nadie, ningún partido ni candidato, está diciendo hoy que le robaron los votos.

¡Hubo paz electoral en los comicios legislativos! ¡Tiene que haber paz electoral en el debate presidencial!

Si lo hicimos el 8 de marzo, lo podremos hacer el 31 de mayo y el 21 de junio si hay segunda vuelta. No hay ninguna razón para que ahora vaya a ser diferente.

No nos vamos a dejar arrebatar el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir con libertad y transparencia a la persona que dirija los destinos de nuestra nación.

Claro que me preocupan profundamente las amenazas a candidatos y sedes de campañas, los asesinatos y las restricciones a la libertad ciudadana denunciadas en algunas regiones.

Pido al Gobierno nacional, a las autoridades y a la ciudadanía actuar con serenidad para impedir estos hechos y garantizar la paz electoral en cada rincón de nuestro territorio.

Por estas razones, con la autoridad que me otorga la Constitución y el afecto de compatriota, planteo las siguientes inquietudes:

Exhorto al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a contribuir positivamente en la creación de un clima de tranquilidad. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de los recursos oficiales o la dignidad del cargo para hacer proselitismo electoral.

El presidente debe ser el máximo ejemplo de neutralidad. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público; al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política.

Advierto a los servidores públicos y contratistas del Estado que la ley prohíbe, de manera tajante, la participación indebida en política. Contra quienes infrinjan estas normas seremos muy severos; se aplicará el régimen disciplinario con todo el rigor. La administración pública es para servir a los ciudadanos, no a los candidatos.

Vale recordar al Congreso de la República que es exclusiva competencia suya hacer control político y, si fuera el caso, aplicar la moción de censura para evitar que altos funcionarios intervengan indebidamente en política. Herramientas como la moción de censura generan efectos inmediatos mucho más rápidos sobre los altos funcionarios que los procesos disciplinarios ordinarios.

Asimismo, reitero que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única con competencia para investigar al presidente. También deben tomar nota de esto los partidos de oposición en el Congreso.

La majestad de la justicia es un pilar esencial de la democracia; sus decisiones deben ser acatadas a plenitud, aunque pueden ser discutidas mediante los procedimientos legales.

Invito a ser responsables en el uso de las redes sociales. Pido a los actores políticos y a la ciudadanía hacer un uso prudente de sus contenidos. En coyunturas tan sensibles, la desinformación y el lenguaje incendiario no solo ponen en riesgo el orden institucional, sino que pueden costar vidas humanas.

Es imperativo exigir a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional extremar medidas para proteger la integridad de los candidatos y de la población.

Advierto a alcaldes y gobernadores que deben ser modelos de pulcritud; bajo ninguna circunstancia se tolerará que los presupuestos públicos se pongan al servicio de campañas. Los recursos de las regiones son para el desarrollo de la gente, no para financiar disputas partidistas.

Agradezco el apoyo de los actores de la sociedad en la estrategia Paz Electoral el pasado 8 de marzo.

Invito a todas y a todos a rechazar categóricamente cualquier manifestación de violencia física, verbal o moral contra campañas o candidatos.

Entendamos que este es un compromiso histórico con las presentes y futuras generaciones. El país que les heredemos a nuestros hijos debe ser una Colombia libre, unida y en paz.

Demostremos en las urnas la grandeza de nuestro pueblo.