Un Acuerdo Nacional podría servir para entender que está referido a un acuerdo entre muchas partes de la sociedad civil a través de un extenso y generoso diálogo que abarque la total expresión de nuestro país. Un diálogo entre diferentes, entre espacios y sectores, en muchas ocasiones contrapuestos en cuanto a intereses políticos, socioeconómicos, etc. Un gran diálogo nacional para cambiar a Colombia y llevarla a territorios de modernización, de gestión eficiente, de progreso, de paz y de bienestar.
Es un trabajo difícil que requiere mucha generosidad y entrega, de escuchar, de respetar las opiniones y visiones de otros, de manifestar las propias y llegar a los consensos necesarios para sentar las bases que le den a nuestro país una velocidad de crucero que le permita alcanzar los niveles de bienestar, democracia, paz y reconciliación que se merece.
Nunca, como en este caso, cobra mayor sentido el pensar y actuar unidos en la diferencia. Tal como lo manifesté en otras columnas, he planteado la necesidad de abrir dos grandes bloques que abriguen ese gran Acuerdo: un Pacto de Estabilidad Económica y Social, y un Pacto para la Estabilidad Política y Jurídica.
El primero de ellos se ocuparía, por ejemplo, de aspectos fundamentales como la estabilidad económica, la cual, partiendo de lo ya hecho y consolidado en nuestro país, se adecúe o adapte a las nuevas necesidades ante los nuevos retos que vienen derivados de los nuevos modos de producción inducidos, ante todo por las nuevas tecnologías y concepciones sobre el cuidado del ambiente y la transición energética, que alterará, sin duda, el modo y la calidad de vida de los ciudadanos, incluidas las derivadas de las posibles reformas del Estado como tal. En este sentido, sería necesario buscar los mecanismos que permitan espacios de consenso que deben consolidarse como el diálogo social, ese tripartito conveniente, necesario, entre los voceros sociales, empresariales y gubernamentales.
El segundo de ellos, el Pacto para la Estabilidad Política y Jurídica, vendría a cubrir el otro gran espacio, a mejorar las cuestiones derivadas de una mejor organización del Estado, tanto en su representación como en las reglas que deberían regir, por poner otro ejemplo que ilustre esta idea, las relaciones entre Gobierno central y gobiernos regionales ante una hipotética y deseable Colombia descentralizada. Es evidente que, para llegar a ello, será necesario el diálogo entre los tres poderes del Estado, apoyado por las aportaciones de la población urbana y rural, de los mejores expertos en las distintas áreas, así como de los más diversos sectores que representan a la sociedad civil.
No debemos olvidar que cuanta más democracia, más transparencia, más participación, menos corrupción y violencia. Nuestro país, de firmes convicciones democráticas, no debe temer a reformas que la profundicen, que la hagan más sólida.
De lograrlo, y con perspectiva de futuro, pasados los años, se podrá hablar de la Colombia moderna, de progreso, de paz y bienestar, surgida de ese gran diálogo entre diferentes. No me cabe duda que, si hay episodios penosos de nuestra historia que se escriben con mayúsculas, como la llamada etapa de narcotráfico y violencia, también podría llegar a conocerse la mejor “Colombia, como la del Gran Acuerdo Nacional”. Espero que la iniciativa del presidente Petro en esta materia no se vaya a quedar en una nueva promesa sin dar pasos seguros para materializarla.