Las elecciones que vivirá Colombia en apenas 15 días serán el resultado de un proceso profundamente antidemocrático. Y lo más grave es que no se trata de un accidente ni de una casualidad histórica. Es el producto de decisiones políticas tomadas, precisamente, por quienes hoy quieren llegar al poder o conservarlo. Me explico.
La democracia no se destruye solamente cuando aparecen dictadores o cuando los militares salen a las calles. También se erosiona lentamente cuando los ciudadanos dejan de tener herramientas suficientes para tomar decisiones informadas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Colombia. Trágico.
Llegamos a unas elecciones presidenciales sin debates serios, sin encuestas libres y con un ambiente profundamente contaminado por la presión política, la propaganda digital y el miedo impuesto por grupos armados ilegales en varias regiones del país. Todo esto, mientras el Gobierno participa abiertamente en política para favorecer el proyecto de la llamada “paz total”.
Pero hay algo aún más preocupante: buena parte de este deterioro fue aprobado desde el propio Congreso. Los políticos haciendo leyes para elegirse. Actuando para ellos, no para nosotros. Nada sorprendente.
Hace apenas unos meses se consolidó una regulación absurda sobre las encuestas electorales que, en la práctica, terminó destruyendo la posibilidad real de hacer sondeos técnicamente viables y competitivos. Se les impuso a las firmas encuestadoras un nivel de exigencia y restricciones tan rígido que el resultado terminó siendo el peor posible: el silencio.
El país pasó de discutir si las encuestas acertaban o no a simplemente quedarse sin ellas.
Y las encuestas son fundamentales en cualquier democracia moderna. No porque definan elecciones, sino porque permiten entender el estado de ánimo de una sociedad, identificar tendencias, abrir debates y obligar a los candidatos a reaccionar frente a la opinión pública. La libre competencia entre firmas, metodologías y resultados debería fortalecerlas. Aquí optamos por asfixiarlas.
A eso se suma el espectáculo vergonzoso de los debates presidenciales. Los candidatos llevan semanas jugando al escondite: un día aceptan debatir, al siguiente se retractan, luego condicionan, después desaparecen. El resultado es una campaña superficial, vacía y emocionalmente manipulada, en la que importa más un video viral o un trino agresivo que una discusión seria sobre seguridad, economía, salud o educación.
Y, mientras tanto, los ciudadanos votarán prácticamente a ciegas.
En Estados Unidos, por ejemplo, apenas cierran las urnas, los medios y centros de análisis ya tienen una radiografía detallada del comportamiento electoral: cómo votaron los ciudadanos según edad, sexo, nivel socioeconómico, región o grupo étnico. Existen enormes esfuerzos conjuntos entre medios de comunicación y firmas especializadas para entender lo que ocurrió en las urnas.
En Colombia ni siquiera tenemos eso. Tampoco existen verdaderas encuestas a boca de urna y, además, la ley prohíbe publicar sondeos en la recta final de la campaña. Una completa barbaridad en tiempos en los que las redes sociales, los influencers y la inteligencia artificial llenan el vacío de información seria con propaganda, manipulación y desinformación.
El resultado es devastador: una democracia degradada en la que las emociones reemplazan los argumentos y los ciudadanos terminan atrapados en guerras digitales diseñadas para polarizar, no para informar.
Y lo más irónico es que muchos de los políticos que hoy se quejan del deterioro democrático son exactamente los mismos que ayudaron a construir este sistema opaco, restrictivo y profundamente inconveniente para el votante.
Ojalá el próximo Gobierno y el nuevo Congreso entiendan que llegó el momento de desmontar estas barreras y devolverle transparencia al proceso democrático colombiano.Aunque, sinceramente, tengo mis dudas.
Porque, para muchos, el sistema actual está funcionando perfectamente