Hay una modalidad del debate político que, en lugar de argumentar, amontona. Mete en un mismo costal antiguas posiciones, clientes, socios de negocios, declaraciones aisladas y hasta balances en rojo, para presentar todo ese revuelto como una supuesta ‘lista de preocupaciones’. Es un método que, además de deshonesto, resulta intelectualmente cobarde, pues quien necesita acumular imputaciones, en vez de construir argumentos, sabe en el fondo que ninguno de esos señalamientos se sostiene por sí solo.
Empecemos por lo más elemental. Se le reprocha a Abelardo haber cambiado de posición a lo largo de su vida. Se invoca eso como prueba de incoherencia, casi como un pecado imperdonable. ¿La gente normal nunca cambia de opinión? ¿Todos estamos condenados a conservar la misma lectura del país que teníamos hace quince o veinte años? Cambiar de postura frente a la evidencia no es una debilidad moral; es, precisamente, lo que hacen quienes piensan. Quien jamás cambia no es coherente, sino dogmático. Y en política, el dogmatismo rara vez ha sido una virtud.
En el caso específico del proceso de paz con las Farc, el reproche se vuelve francamente grotesco. Hubo un momento en Colombia —y quien lo niegue miente— en que la idea de una salida negociada al conflicto despertó amplias simpatías, la mayoría de ellas nacidas de la buena fe. Abelardo estuvo entre quienes albergaron esa esperanza, pero a medida que los textos del acuerdo fueron conociéndose y su arquitectura jurídica y política dejó ver sus entrañas, también estuvo entre quienes dijeron ‘No’ en voz alta. Lo dijo sin ambigüedades, lo escribió en columnas y lo votó sin traición ni incoherencia. Lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que muchos de los que hoy le reprochan eso son los mismos que ahora hacen campaña al lado de quienes parieron aquel engendro de La Habana, sin que nosotros se lo reprochemos, porque son libres de pasar esa página. Lo que sí resulta imposible ignorar es la obscena injusticia de ese doble rasero, tan revelador como conveniente.
Otro de los pecados que se le achacan a Abelardo como muestra de incoherencia es la supuesta solicitud de aval al Centro Democrático. Se dice que lo pidió y que, al no obtenerlo, tomó otro camino, como si eso fuera una prueba irrefutable de oportunismo. No pues… ¡Qué revelación! ¡Qué escándalo! Un hombre con vocación de servir busca respaldo en el partido con el que más afinidades tiene, no lo encuentra y entonces decide construir su propio camino. ¿Eso es incoherencia? ¿De verdad? Yo pensaba que eso era lo que hacía alguien con el carácter suficiente para no quedarse sentado esperando que otros le permitan actuar.
Y hay más pecados… Abelardo cometió el sacrilegio de haber sido abogado. ¡Bochornoso! ¡Inaudito! ¡Inexcusable! Se le reprocha haber defendido a personas de cuestionable reputación, como si el tipo de cliente revelara automáticamente el tipo de abogado. Y aquí toca detenerse un momento y preguntarse si quienes formulan ese cargo entienden realmente un poquito de algo. La defensa es un derecho fundamental. No del abogado, sino del acusado. De cualquier acusado. Del culpable y del inocente. Un abogado que asume una defensa no adopta la causa moral de su cliente. Ejerce una función que el Estado de derecho considera indispensable para su propia legitimidad. Sin defensor, el proceso es nulo. No metafóricamente nulo, sino jurídicamente nulo. Quien no comprenda eso no está criticando a Abelardo; está criticando la Constitución.
Y hay que decirlo con todas las letras: un buen abogado no es el que escoge clientes simpáticos, sino aquel que defiende con la misma energía al que le cae bien y al que le cae mal, al poderoso y al paria, al que tiene razón y al que no la tiene. Y eso no es complicidad; es grandeza profesional. Reducir la trayectoria de un litigante a un inventario de sus clientes es uno de los argumentos más imbéciles y rastreros que pueden formularse.
Llega un momento en que la crítica se vuelve irremediablemente ridícula. Eso de reprocharle a un empresario exitoso que no todos sus negocios prosperaron, que algunos terminaron en rojo, es de una estupidez incontestable. ¿Qué clase de país es este, que le recrimina a alguien haberse atrevido a emprender? Emprender en Colombia no es para cualquiera. Es para quienes tienen estómago para la incertidumbre, para la regulación hostil, para la inseguridad jurídica y para un entorno en el que el Estado suele convertirse, con demasiada frecuencia, en el primer enemigo. Quien se atreve a hacerlo y fracasa merece infinitamente más respeto que quien jamás intentó nada y, desde la comodidad de esa esterilidad, se dedica a contabilizar los tropiezos ajenos. La envidia adopta muchas formas. Y una de las más miserables es la que se disfraza de auditoría moral.
¿Y qué tal el argumento de la experiencia?, o más exactamente, de la supuesta inexperiencia. Se dice que Abelardo no tiene las credenciales suficientes para gobernar y que nada en su hoja de vida permitiría imaginarlo como presidente. Sería un argumento más digno de consideración si no proviniera, precisamente, de aquellos que en su momento aspiraron a lo mismo con un currículum que cabía en media servilleta. Pero vayamos al fondo. El Estado descansa sobre tres ramas del poder público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. Y si uno observa con honestidad la trayectoria de Abelardo, encuentra algo que sus detractores no quieren ver. Más de veinticinco años de relación cotidiana, profunda y técnica con la rama judicial. No como espectador, sino como protagonista. Como el hombre que entra a la arena cuando el proceso está en juego y que conoce sus engranajes, sus vicios, sus virtudes y sus miserias mejor que muchos burócratas.
Abelardo no ha sido un auxiliar decorativo de la justicia. Ha sido, como todo litigante, uno de sus pilares funcionales. Eso es experiencia en la rama judicial. Experiencia real, no protocolaria.
En cuanto a la rama ejecutiva, gobernar es, antes que cualquier otra cosa, ejecutar, decidir, administrar recursos, personas, crisis, presiones y plazos. Abelardo lleva toda su vida adulta haciendo exactamente eso en el sector privado, donde no existe presupuesto público que se renueve solo ni nómina que se pague con discursos. Quien ha gerenciado sabe cosas que ignoran quienes únicamente han trabajado sobre estructuras construidas y administradas por otros.
Y respecto de la rama legislativa, justamente allí radica buena parte de su formación jurídica. Abelardo conoce las leyes no solamente porque ha vivido dentro de ellas, sino también porque en ellas se fundamentó su formación.
En síntesis, y la paradoja es palmaria, el único outsider real de esta contienda puede terminar siendo el candidato mejor equipado para entender el Estado desde adentro. Simplemente lo ha hecho desde otro ángulo. Uno que enseña mucho más. Mientras la experiencia de Cepeda, así como la de Paloma, se circunscribe esencialmente a la rama Legislativa, la de Abelardo mantiene una coincidencia tangible y prolongada con las tres ramas del poder público.
Finalmente, se insinúa que Abelardo no juega para ganar, sino para consolidarse como una fuerza visible de oposición. Que su objetivo real no es la Presidencia. Que todo forma parte de una especie de teatro cuidadosamente calculado. Quienes piensan eso, o no lo conocen, o lo conocen demasiado y le temen. Un hombre que construyó lo que construyó sin los recursos de los demás, que llegó hasta donde llegó sin el respaldo de los demás y que sigue de pie después de todo lo que le han lanzado, no es un hombre que juega para perder con estilo. Es un hombre que juega para ganar. Y eso, precisamente eso, es lo que algunos no pueden perdonarle.
Porque pareciera que en Colombia solo pudiera aspirar a gobernar alguien sin pecado concebido. No un outsider, provinciano, políticamente incorrecto, sin linaje político ni maquinaria, sin miedo y con las contradicciones inevitables de todo ser humano que piensa, vive y cambia.
Tal vez Colombia no necesita otro impecable. Tal vez necesita, por primera vez, a alguien real.