Hace 9 años, el 2 de octubre de 2016, los colombianos le dijeron no al acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. Un 51 por ciento de los colombianos se opusieron a ese acuerdo, no a la paz, y la razón fundamental era una no más: la impunidad que el proceso les garantizaba a los jefes de esa organización criminal.
La Justicia Especial para la Paz (JEP), ese remedo de tribunal que creó el acuerdo de paz, nos acaba de dar la razón a todos los que
votamos no. La sanción por el secuestro de más de 21.000 personas, que además fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas y arruinadas económica y moralmente, es una vergüenza histórica que además no van a cumplir. Estos siete criminales de guerra y criminales de lesa humanidad van a tener que hacer desminado humanitario, recuperación ambiental, búsqueda de desaparecidos y reparación simbólica a las víctimas.
¿Ustedes creen que Timochenko se va a ir a arriesgar la vida eliminando minas? Nos creen pendejos los de la JEP. ¿Buscar desaparecidos? Menos, no saben y ya no tienen cómo. ¿Restauración ambiental? Esto sí, sembrar un arbolito por acá y otro por allá, sí los veo en esas. ¿Reparación simbólica? Ya quiero verlo.
Luego de mi secuestro creamos con mi esposa la fundación País Libre. Atendimos miles de casos de familias con su papá, su mamá, su hijo, su abuelo o su nieto secuestrado. Para la familia un secuestro, como me lo dijo uno de mis secuestradores, es “como un funeral sin muerto”. Es una desaparición temporal que en muchos casos se vuelve permanente con el asesinato, como pasó con la pareja de esposos Bickenback, secuestrados y asesinados por el frente 25 de las Farc. O es un secuestro que se vuelve desaparición cuando no se sabe nunca más de la víctima o de las víctimas, como sucedió con los esposos Gerardo y Carmenza Angulo, secuestrados por el bloque oriental de Romaña, en La Calera, el 19 de abril del año 2000.
No tengo cómo mirar a la cara a las víctimas de secuestro por parte de las Farc y me duele en el alma esta nueva victimización a las que los someten la JEP y su creador, el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Pueden la JEP, sus magistrados o Santos mirar a la cara a las familias de los diputados del Valle secuestrados por 5 años y luego asesinados por las Farc? Siembren un árbol como reparación es la orden de la JEP. ¿Pueden los magistrados de la JEP o Sergio Jaramillo –Alto Comisionado de Paz–, mirar a la cara a la familia de Jaime Lozada, Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverri, Kike Márquez y miles y decenas de miles más?
Santos y Jaramillo deberían darle la cara al país. Son los responsables de este exabrupto jurídico, de esta vergüenza política y de este dolor que hoy miles y miles de víctimas están sintiendo por este descalabro jurídico que los dejó de lado y favoreció a los victimarios. Petro, Cepeda y su Pacto Histórico hoy celebran que los victimarios hayan triunfado y que las víctimas sigan sufriendo en silencio. Y las ONG de derechos humanos, calladitas, calladitas y están felices por la siembra de unos árboles.
Este fallo muestra cómo el acuerdo de paz de Santos colocó la justicia del lado de los victimarios y no de las víctimas. ¿Se acuerdan del proceso judicial contra los paramilitares llamado Justicia y Paz que Petro, Cepeda y los que hoy celebran esta impunidad tanto criticaron? En esos procesos la justicia se puso al lado de las víctimas que confrontaron a los victimarios en juicios públicos. La Fiscalía estaba del lado de las víctimas y en las audiencias los puteaban, les gritaban, miren los videos si la actual fiscal general no los desaparece, y lograban algo de esa reparación que hoy la JEP les niega. Ah, ¿y los líderes? Pagaron décadas de años de cárcel y el segundo nivel de liderazgo pagó entre 4 y 8 años de cárcel.
Hoy los líderes de las Farc, esos que asesinaron, violaron, desaparecieron y secuestraron a cientos de miles de colombianos, dan lecciones de moral desde el Congreso mientras los líderes paramilitares siguen, en su mayoría, en cárceles norteamericanas. Es más, este gobierno volvió dizque líder de paz a uno de los líderes paramilitares que regresó a Colombia, Salvatore Mancuso. Así son, así piensan y así opera esta izquierda que justifica la violencia y que ahora la JEP le da su legitimidad. Asesinar, secuestrar, violar y desaparecer no tiene castigo, con sembrar un árbol basta.
Hace 9 años los colombianos dieron una lección de democracia. Ganaron un plebiscito, pero el Gobierno, con el aval de Estados Unidos que guardó silencio, dio un golpe de Estado y siguió adelante con un proceso de paz al que los colombianos le habían dicho NO.
¿Y hoy? No hay paz, al contrario, las Farc siguen vivas, el ELN crece y los narcos se fortalecen. Esto comenzó con Santos y su gobierno. Y hoy con este fallo, una justicia entregada legitima el uso de la violencia al castigarla con símbolos que ni siquiera se van a cumplir.