El plebiscito por la paz marcó un antes y un después en el tratamiento que se dan los seguidores de este derecho y deber, y sus contradictores. Unos y otros, bajo la sombra de la libre expresión y opinión, se adjudican derechos de injuriar, calumniar, vilipendiar, deshonrar, difamar, etc., sin límite alguno, convirtiendo esta práctica en el arma letal con la que pretenden sacar del juego a quien no profesa su misma ideología, credo religioso, político o racial, porque para ellos no existe la diferencia, elemento propio de toda democracia. En estos momentos de la vida nacional vemos cómo un exfiscal arremete contra otro exfiscal; un abogado que se dice ser opinador y cineasta, Daniel Mendoza, produce una serie –Matarife, un genocida innombrable-, para atacar un grupo político y sus actores principales como el expresidente Uribe y la actual vicepresidenta Martha Lucía Ramírez; Petro, el candidato presidencial de la izquierda, en abierta oposición al presidente Duque, propone la desobediencia civil; el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sin argumento alguno, dice que la Comisión de la Verdad está integrada por militantes de la guerrilla, entre otros tanto ejemplos. Las expresiones que se utilizan como arma contra el enemigo están enmarcadas en un concepto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales de cada país de ese continente han denominado “el discurso del odio” que, “engloba todas aquellas “expresiones peligrosas” para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia”. Pues bien, un ciudadano preocupado por la estabilidad de nuestra democracia, interpuso una acción de tutela con el fundamento jurídico del “discurso del odio” como detonante de una nueva forma de violencia en un país que, tras firmar el acuerdo final de paz, no ha logrado ni su implementación total, ni acuerdos con otros grupos al margen de la ley que siguen siendo la causa eficiente de miles y miles de muertes de compatriotas, entre quienes se cuenta un batallón de líderes sociales y comunitarios.  El constitucionalista tutelante indica en su acción que si bien la libertad de expresión permite robustecer el debate, generar opinión pública e incentivar la pluralidad de ideas, el abuso de dicha libertad puede generar serios conflictos con otros derechos y “ni el más partidario de un entendimiento ‘absolutista’ de la libertad de expresión podrá negar nunca la capacidad de la palabra para hacer daño”. Aduce que los productores de la serie Matarife, con su “discurso del odio” contra una línea ideológica de derecha como es el Centro Democrático y sus miembros, atentan contra los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, i) porque toda propaganda a favor de la guerra está prohibida por la ley, y, ii) toda apología al odio nacional, racial, religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida por la ley, como así lo señala el artículo 20 de esta declaración de derechos. En ese sentido, demuestra su preocupación por la amenaza o riesgo inminente, actual y serio que el “discurso del odio” que propinan, tanto el autor, como los productores de la serie cuestionada, a su derecho a la paz, que es el derecho de todos, por cuanto con esa arma se está cultivando un detonante de la violencia y la hostilidad interna. Los discursos del odio producen un latente peligro que amenazan la paz, la tranquilidad ciudadana y la convivencia pacífica, porque cada extremo tiene seguidores que reciben a diario información dañina que se va anidando en sus mentes hasta que por desgracia una mecha, un florero de Llorente, encienda la llama de un nuevo conflicto interno. La acción constitucional va encaminada a que las autoridades judiciales produzcan señales y medidas urgentes e impostergables que frenen estos fenómenos que detonan la violencia y generan un riesgo a un bien de alta significación objetiva como la paz, a más de un causar desestabilización en el orden jurídico y la institucionalidad. Comparto diametralmente la preocupación del doctor Germán Calderón España, porque con esa clase de discursos los oficiales nazis en Alemania, el Ku Klux Klan en Estados Unidos, los actores de la guerra en Bosnia y en Ruanda, produjeron los más execrables genocidios de la humanidad.  Además, porque son proscritos por los tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Convenio Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial.  Resta esperar la decisión judicial que deberá analizar profundamente la tensión propuesta por el accionante entre el derecho a la libertad de expresión de quienes profieren expresiones de odio y el derecho a la paz, lo que lo obliga a replantear la ponderación de los valores en conflicto para decidir si considera urgente e impostergable la expulsión de las ideas peligrosas del debate público.  P.D. Acompañamos a los ciudadanos propietarios del Condominio El Peñón atropellados en sus derechos por un grupo abusivo que efectuó un golpe de Estado con inconfesables propósitos para cambiar la junta directiva que acompañamos más de 900 propietarios. Los violadores de la ley recibieron aprobación del alcalde de Girardot de un día para otro. Señor procurador, quien ronda los alcaldes.