Alas 4:50 de la tarde del jueves, Nickole Valentina cruzó las puertas de su colegio, la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, rumbo a casa. Caminó una cuadra y, para no atravesar la avenida, tomó el túnel peatonal. Bajó las escaleras y allí estaba él. El hombre sacó un puñal para arrebatarle el celular a la joven, que hacía poco había cumplido 15 años. Tal vez Nickole se resistió o la infamia fue inmediata. Nadie sabe, pues no había testigos ni cámaras. Lo único que vieron quienes entraron al túnel después fue a Nickole tirada en el piso, bañada en sangre. Recibió tres puñaladas, todas en el cuello.
A pesar de que fue llevada de inmediato al Hospital Universitario de Santander, falleció seis horas después. Un Motorola One Fusion, que en el mercado del usado se vende en menos de 600.000 pesos, fue la razón por la cual José Trujillo, un migrante de 32 años, mató a Nickole. Según afirman quienes compran celulares robados, por ese teléfono le habrían dado 80.000 pesos. Pero luego sus piezas se comercializan a muy alto precio. La sola pantalla del celular de Nickole puede venderse en 300.000 pesos. Un negocio que Trujillo conocía bien.
No era la primera vez que en ese punto se registraba un robo. Unos días antes, otra menor había sido robada en el mismo lugar, y otros días más atrás, una más. Ante el desespero por el constante peligro que acechaba a las niñas, hace un mes los padres de familia del colegio habían enviado una carta a la Alcaldía de Bucaramanga pidiendo medidas para garantizar la seguridad de las casi 4.000 estudiantes del plantel y de los demás ciudadanos que debían transitar por la zona y se habían convertido en víctimas constantes de la delincuencia. Entre los firmantes estaba la mamá de Nickole Valentina
.Según un informe publicado por el diario Vanguardia, 32 robos se habían denunciado en el área durante el año anterior. Esos fueron los denunciados. Los reales son cientos. Y, de estos, Trujillo fue autor de varios, según él mismo lo confesó cuando fue capturado 28 horas después del homicidio. Según dijo, había hurtado el celular para comprarle unos zapatos a su hijo, también de 15 años, que vive en Venezuela. Al escuchar el relato de la muerte de Nickole y la justificación de su asesino, el juez del caso rompió en llanto. No es fácil constatar lo poco que vale ya una vida en este país. No es fácil estar de frente a la desfiguración del valor del dinero a la que el hambre ha llevado a tantos migrantes.
Pero Nickole es solo la última de una larga lista de personas que han sido asesinadas en Colombia por un celular. En enero, Juan David Gómez Silva, de 22 años, recibió un disparo a las afueras de su casa en Riohacha por no entregar su móvil. En diciembre fue Diego Alejandro Pérez, de 23 años, que recibió dos puñaladas en Bogotá, al igual que Natalia Castillo, una periodista de 32 años, que también fue asesinada por su celular. La lista se repite una y otra vez en casi la totalidad de las ciudades capitales del país. En octubre del año anterior, el Concejo de Bogotá entregó unas cifras según las cuales 101 personas fueron asesinadas en Bogotá en un atraco durante 2021. La mayoría de ellas solo llevaban su teléfono móvil.
Según cifras de Asomóvil, se estima que a diario en Colombia se roban 3.300 celulares, lo que significa más de 1.200.000 teléfonos hurtados al año, que alimentan un mercado negro en el que se mueven miles de millones de pesos y en el que la impunidad es la reina.
Se estima que más del 70 por ciento de los robos de celulares no se denuncian, y no se hace porque la ciudadanía sabe que es un trámite inútil, jamás se recuperará el celular hurtado, y por la baja cuantía es posible que nada le pase al delincuente. Y, por eso, a su vez, nada les pasa a los delincuentes, porque nadie los denuncia. Es un círculo de nunca acabar. Una carrera impune de muerte y violencia.
De acuerdo con las cifras de la Policía, el robo de celulares se concentra en cinco departamentos: Cundinamarca, con 63.458 teléfonos robados durante 2021, de los cuales solo en Bogotá se hurtaron 56.563 teléfonos. Le siguen Antioquia, con 18.925 celulares hurtados; Valle del Cauca, con 14.472; Santander, con 6.982, y Atlántico, con 5.924 denuncias. Pero esto son solo las cifras de lo que se denuncia.
En cada ciudad, todos saben cuáles son esos lugares donde se consiguen celulares “de segunda” a buenos precios, donde los arreglan “más barato”, porque los repuestos se consiguen “económicos”. Ese mercado que se nutre de miles y miles de celulares de segunda mano es el destino final de estos dispositivos que han sido hurtados y que pertenecen a estos jóvenes asesinados. Un mercado de sangre y violencia frente al que el Estado ha sido absolutamente incapaz de hacer algo.
Hace algunos años se les advirtió a los ciudadanos que debían registrar el IMEI de su teléfono ante la compañía prestadora del servicio de telefonía móvil. Se advirtió sobre bloqueos de celular y pérdidas de líneas. Todos corrimos a registrarlos y, llegada la fecha perentoria para hacerlo, nada pasó.
La muerte miserable de Nickole, una joven alegre, gimnasta, disciplinada, con toda una vida por delante, es la muestra de cómo esta problemática hace rato sobrepasó la capacidad de la Policía, de los operadores de servicios y de la misma ciudadanía, que bien sabe que su vida puede valer menos de 80.000 pesos.