Los resultados a la fecha de la primera Política Pública de Vivienda Rural en Colombia han superado las expectativas. Gran parte del éxito de ésta obedece a que doce gremios productivos, 943 alcaldías y 2.320 organizaciones sociales fueron los principales aliados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su construcción y ahora ejecución.

Gracias a la unión de esfuerzos con los entes territoriales y las comunidades, se diseñaron tipologías de vivienda que recogen los principales componentes socioculturales de las regiones del país. Un diseño que parte desde su cosmovisión, usos y costumbres, y que garantizan las condiciones de una vivienda digna: salubridad, seguridad y sostenibilidad.

Bajo este esquema se vio la necesidad de incrementar el valor del Subsidio Familiar de Vivienda Rural, tanto para vivienda nueva como para mejoramiento, pasando de 55 hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y de 16 a 22 SMMLV, respectivamente.

Incluso, para llegar con equidad a zonas de difícil acceso, el ministerio autorizó –previo análisis de los costos– el incremento en el valor del subsidio para vivienda nueva hasta 90 SMMLV. En este sentido, cumplimos con el lineamiento trazado por el presidente Iván Duque, de consolidar prototipos que sirvan de referencia para la estructuración de proyectos de vivienda rural.

Como complemento, y con el fin de garantizar la inclusión de los territorios con mayores necesidades habitacionales, se desarrolló la metodología de focalización territorial que le dio vida al Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) y la metodología de focalización poblacional, que permite llegar a los hogares objeto de la política que son, entre otros, aquellos que son víctimas del conflicto armado y se encuentran en pobreza extrema, a los que se suman los que cuentan con presencia de menores de 5 años, mayores de 65 años, personas en condición de discapacidad y jefatura femenina, entre otras variables.

Vivienda Social para el Campo

Este paquete de acciones fue respaldado por una de las decisiones más acertadas de la política: la creación del primer programa de vivienda nueva rural “Vivienda Social para el Campo”, a través del cual se espera otorgar un Subsidio Familiar de Vivienda Rural en la modalidad de vivienda nueva en especie a cerca de 5.000 hogares rurales de 79 municipios, 50 de ellos, de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en 23 departamentos del país. Este programa cuenta con una inversión de un poco más de $300.000 millones, en un esquema de cofinanciación Nación-Territorio.

En línea con las estrategias trazadas por la política, y después de realizar la fase de prefactibilidad y de aplicar la metodología de focalización, se formalizaron las obligaciones por parte de los entes territoriales y del gobierno nacional, a través de la firma de los convenios. En línea con ello, se han abierto los procesos para la contratación de ejecutores de 2.626 viviendas nuevas por más de $153.000 millones en 17 departamentos. Están en proceso de apertura las contrataciones para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Guaviare y Casanare. La adjudicación de estos procesos es clave para que el sector constructor se sume a la apuesta del sector público por el desarrollo rural de largo plazo.

Grupos étnicos, víctimas del conflicto y reincorporados

Adicional a la priorización de los hogares víctimas del conflicto y étnicos en la metodología de focalización, en el marco de una ambiciosa política de vivienda rural se han establecido frentes de trabajo exclusivos para cumplir con los compromisos del Gobierno Nacional con organizaciones indígenas y campesinas, así como para atender las sentencias judiciales que benefician a hogares desplazados y brindar soluciones de vivienda a las personas en proceso de reincorporación, en línea con la Política de Paz con Legalidad.

Con comunidades étnicas y campesinas se asignarán más de 4.800 soluciones de vivienda (incluyendo vivienda nueva y mejoramiento), con una inversión cercana a los $142.322 millones en cuatro departamentos del país. En particular, con la firma del convenio con la Corporación Nasa Kiwe para la construcción de 768 soluciones habitacionales rurales en Cauca (318 viviendas nuevas en los municipios de Páez e Inzá y 450 mejoramientos en 13 municipios) se dio inicio a la ejecución de compromisos con pueblos indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Adicionalmente, acatando las sentencias judiciales de restitución de tierras, se priorizó la atención más de 1.300 hogares víctimas del conflicto armado, con una inversión superior a los $89.000 millones. De estos hogares, 809 se encuentran ubicados en 58 municipios PDET. Para la ejecución de estas sentencias se encuentran abiertos cuatro procesos de contratación.

De manera paralela, en trabajo conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se firmó un convenio de intercambio de información que permite la postulación de los hogares sujetos de medidas de restitución de tierras. El aplicativo se encuentra funcionando desde octubre de 2021 y actualmente cuenta con cerca de 800 hogares registrados y en proceso de validación.

Además, en línea con la Política de Paz con Legalidad, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, entregará 446 viviendas nuevas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Llano Grande (Dabeiba, Antioquia), Filipinas (Arauquita, Arauca) y Los Monos (Caldono, Cauca).

Así, demostramos que la Política de Vivienda Rural tiene un enfoque integral que se abre campo con equidad para beneficiar a más colombianos.

Participación comunitaria

Un punto clave en el diseño de la política fue la inclusión de los pilares de diseño participativo y diálogo social. Por primera vez, en un trabajo articulado con los entes territoriales, las comunidades pueden participar en la selección de la tipología de vivienda que más se ajusta a sus usos y costumbres, así como en el ejercicio de validación social de los listados de hogares potencialmente beneficiarios que resultan de la aplicación de la metodología de focalización poblacional. Esto es una demostración de equidad, pero, sobre todo, de garantía y transparencia. Igualmente, son acciones de largo aliento, sustentadas en lo establecido en el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural, que se implementó a través de la resolución 0410 de 2021 y que desarrolla lo establecido en el Acuerdo de Paz en materia de vivienda rural.

Las cifras son contundentes. En el marco del Programa de Vivienda Social para el Campo, el 97 % de los entes territoriales beneficiarios ha realizado una selección de tipología de vivienda, el 100 % culminó el ejercicio de prefactibilidad de los proyectos y cuenta con listados de potenciales beneficiarios del SFVR, y el 42 % finalizó el ejercicio de validación social de los listados de potenciales beneficiarios, lo que les permite iniciar con el proceso de postulación de beneficiarios ante el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). A la fecha, 28 municipios se encuentran postulando más de 1.500 hogares. Vamos en la dirección correcta.

*Viceministro de Vivienda.