Faltan pocos días para cumplir otra cita con la democracia colombiana. Tal vez la más trascendental de todas, pues en esta oportunidad, con la elección del nuevo presidente de la República, se juega el futuro político, económico y social de la nación. La amenaza de una asamblea nacional constituyente danza entre las tarimas de las plazas públicas, disfrazada como promesa de cambio. La sentencia de muerte de las cortes, las que fungen como represa constitucional para que el poder del Ejecutivo no se desborde, ya fue dada y eso solo nos llevará por el camino de la tiranía.
El escenario preelectoral actual se muestra incierto, caótico, mucho más de lo que se observó en el proceso de 2022. Para esta oportunidad, los grupos armados llevan cuatro años consolidando su control territorial en las áreas rurales de varios departamentos del país y en las ciudades —28 de las 32 ciudades capitales, según la Misión de Observación Electoral (MOE)— donde el llamado ‘estallido social’ fue fuerte; el trabajo de pedagogía política adelantado por el grupo de la primera línea ha dado vida a los colectivos, con los cuales se ejerce el control barrial, en un trabajo articulado con estructuras de las Farc y del ELN.
En los días previos a la primera vuelta presidencial del año 2022, la MOE registraba 375 municipios con altos niveles de riesgo y para las de este año, indica que son 386 municipios en 31 departamentos los que están en esa situación. Este panorama impone una restricción insalvable para que los candidatos adelanten cualquier actividad propia de sus campañas, pero, en contraste, los actores armados adelantan el trabajo político a favor del candidato del gobierno y, en ese orden de ideas, solo permiten que los afines al movimiento del Pacto Histórico puedan ingresar a los territorios y reunir a la comunidad.
Lo anterior ha obligado a que los aspirantes a la más alta magistratura del Estado, que no son del Pacto, solo puedan llegar a las áreas urbanas, en donde sus actos políticos se enfrentan a grupos que asisten con las intenciones de sabotear las concentraciones públicas.
Llama la atención que, al comparar los registros de los eventos presentados en los días previos a la primera vuelta electoral, en esta ocasión se evidencia una reducción significativa en los desplazamientos masivos de la población y eso tiene una explicación que está ligada al control social que los grupos armados han logrado consolidar y que ejercen en las áreas rurales; para ellos, no es conveniente desplazar a los que sí o sí van a votar por el “compañero”.
En este escenario, las juntas de acción comunal, algunas por convicción y otras por imposición, las han convertido en el instrumento de control social de los grupos armados, pues estas organizaciones son las que censan y carnetizan a los habitantes en cada territorio e informan a los líderes de las estructuras en armas cuando se presentan personas inconformes con dicho control: quienes son señalados son llamados al “orden”.
Los delincuentes ya conocen el censo electoral existente en las zonas bajo su control y ese es el potencial con el que buscan contribuir a la causa del compañero candidato, pues saben que de no ganar él, las probabilidades de que la acción militar, policial y judicial se reactive de manera contundente en su contra, una vez se posesione el nuevo mandatario, son altas. A los ciudadanos, desde ya se les está advirtiendo que deben mostrar la foto de sus papeletas marcadas con el candidato que se indica, so pena de ser multados, expulsados o ajusticiados como castigo por la “traición” a la causa. Al pueblo colombiano, desde el alto gobierno, se le está sembrando el gusano de la duda sobre el sistema electoral y se nos anticipa la realización de un nuevo estallido social si el compañero pierde; esa es la democratización del miedo.
Las alertas generadas por Defensoría del Pueblo y la MOE reflejan la realidad de lo que es la libertad electoral para este proceso; la preocupación es mayor pues la acción del Estado para garantizar que detrás de los votos no haya un fusil es pobre y el mapa de riesgos electoral, a diferencia de las elecciones de 2022, ya no se centra en departamentos donde tradicionalmente los grupos armados desarrollan sus economías ilegales, pues también sus armas apuntan a campesinos, indígenas y raizales de regiones que se habían mantenido al margen de la acción de los delincuentes, pero que hoy ven cómo se han convertido en parte de ese botín electoral que los bandidos ofrecen al compañero candidato.
Durante el proceso del año 2022, fuimos testigos silenciosos y cómplices de la forma en que pobladores en el Chocó fueron transportados en lanchas y custodiados por hombres armados de estructuras ilegales, para que asistieran a los puestos de votación, y algo similar se daba simultáneamente con las comunidades de las partes altas del departamento del Cauca, después de expulsar a la Fuerza Pública de los territorios, y esa situación muy seguramente se volverá a dar este año.
Con este inquietante panorama, es imperativo escuchar el clamor de la defensora del Pueblo cuando afirmó, hace poco menos de dos meses, que “… Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”.
Mientras tanto, en las ciudades rompen los panorámicos de carros que llevan afiches alusivos a candidatos diferentes al del Pacto, se destruyen vallas publicitarias, se agrede a personas por portar camisetas o gorras de los de oposición, se asesina a simpatizantes de otros grupos políticos y se ejerce violencia de muchas formas, para imponer el miedo, ese miedo que se debe derrotar en las urnas.
Esta distorsión de la democracia, que estamos observando, debe obligar a que el grupo poblacional que se mantiene en la abstención, casi el 50 % del censo electoral, rompa con la apatía, observe el peligro existente para nuestra patria y sea parte activa en la toma de una de las decisiones más importantes para los ciudadanos de las naciones libres, y ayuden con su participación a hacer posible que los fusiles que estén detrás de los votos sean aquellos que portan quienes constitucionalmente tienen la obligación de vigilar y cuidar nuestra libertad de elección y no los de quienes nos la imponen.