La silla de Gustavo Petro en el Palacio Liévano estuvo en juego, cuando el Consejo de Estado analizó este miércoles el recurso interpuesto hace meses por la Procuraduría General de la Nación en el que se solicita que se ‘tumben’ las medidas que mantienen al alcalde en el poder y, en su lugar, se ejecute el fallo del Ministerio Público que lo destituyó del cargo y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, todo por el escándalo del esquema de aseo. Tras cinco horas de intenso debate, los magistrados no alcanzaron un acuerdo para votar la ponencia de la magistrada Sandra Liseth Ibarra, en la que se pide confirmar la decisión a favor del alcalde: “La Procuraduría partió de una categoría dogmática que no encontró acreditada, esto es, el dolo, esta situación dada la garantía de derechos constitucionales como el debido proceso y la dignidad humana, permite afirmar a la sala que la medida cautelar debe mantenerse”. Ante el desacuerdo, decidieron rotar el expediente a la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, quien tendrá ocho días para analizar a fondo todas las pruebas aportadas en el proceso que definirá la continuidad del alcalde Petro. Es de advertir que no hay programadas Salas Contenciosas durante el 2014, esta resolución significa que no habrá discusión respecto del tema y Petro seguirá como alcalde mayor de Bogotá en lo que resta del año. Semana.com consultó con varios magistrados para ver cuál es su postura respecto a la ponencia de la magistrada Ibarra, encontrando una polarización en la Sala. En primera instancia no existe un consenso, o una mayoría de al menos 14 votos, para tomar una decisión en el caso. Existen dos bloques plenamente definidos desde que empezaron las contiendas relacionadas con el alcalde Petro y el procurador general, Alejandro Ordóñez. Entre los ‘alfiles’ del jefe del ente de control pueden contarse los togados Marco Antonio Velilla, Alfonso Vargas Rincón, Susana Buitrago y Enrique Gil Botero, entre otros. De ellos se espera que voten negativamente la ponencia, bajo el argumento de que está plenamente demostrado el conocimiento de Gustavo Petro sobre los riesgos de la implementación del nuevo esquema de basuras en Bogotá. Del otro lado se encuentran los magistrados Gustavo Gómez, Sandra Ibarra (ponente), Alberto Yepes, entre otros, quienes tienen la tesis de que no se probó la intención del alcalde de afectar a la ciudad con la implementación del nuevo esquema de basuras. Habrá que ver si, en el 2015, el cargo de Petro volverá a estar en juego.