El 26 de abril es una fecha importante en la vida de la congresista, debido a que hace 33 años ocurrió el asesinato de su padre, Carlos Pizarro Leongómez. Su progenitor fue el máximo comandante del movimiento insurgente M-19.
Durante su juventud, hizo parte de colectivos universitarios, lo cual hizo que se acercara a las filas insurgentes de la época. Inicialmente, hizo parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pero un año después desertó para crear, junto a otras personas, el Movimiento 19 de abril.
Fue capturado en 1979 y sometido a torturas por las autoridades. Sin embargo, fue puesto en libertad algunos años después, luego de aprobada la ley de amnistía. Después de la muerte de su compañero Jaime Bateman y una temporada lejos de Colombia, Pizarro tomó el liderato del M-19 e hizo parte de varias acciones del movimiento.
Culminada la década de lo 80 y con la organización debilitada, el grupo orquesta el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, bajo el propósito de presionar al Gobierno de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Acto seguido y luego de una serie de disputas y diálogos, el grupo guerrillero se transformó en un partido político, conocido como Alianza Democrática M-19.
Para 1990, Pizarro se lanzó para la Alcaldía de Bogotá e hizo parte de las personas que firmaron un acuerdo de paz, en el cual la insurgencia entregó las armas. Él estaba iniciando su campaña política, pero poco más del acuerdo, fue asesinado en medio de un vuelo hacia Barranquilla.
Conmemorando los 33 años de su asesinato, María José Pizarro le solicitó al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cumplir con su deber de “investigar y acusar con rigurosidad e imparcialidad este caso que sigue impune”, el cual fue declarado en 2010 como crimen de lesa humanidad. Por medio de una carta, la senadora realizó la solicitud.
“Estos años han sido marcados por la impunidad y los funcionarios delegados por la Fiscalía General de la Nación que han asumido el caso, poco o nada han hecho para que genuinamente la justicia sea como debe ser”, inicia exponiendo el documento, mencionando que se debe priorizar la verdad sobre cualquier cosa.
Pizarro señaló que con el paso de los años, testigos y declarantes que podían aportar con su versión han fallecido o víctimas de asesinato, por lo que las pruebas han desaparecido y la investigación cada vez más se torna más compleja. “Afirmo sin miedo a equivocarme que el caso por el magnicidio de mi padre ha tenido solamente un Fiscal delegado comprometido con su deber de investigar y develar la verdad que otros muchos han intentado ocultad, el Dr. Mauricio Ponce”, señala la congresista.
La senadora indicó que hay gente que quisiera que este caso continúe en silencio y no esclarezca. Sin embargo, ella seguirá persistiendo para que el país conozca la verdad de los hechos. “Me mueve el afán, la urgencia, la necesidad de que en Colombia la justicia trace otros rumbos, que las personas que ejercen el derecho y la justicia comprometan su vida en una labor responsable y seria, y que los gobiernos mantengan su independencia como corresponde en una democracia real”, manifestó.
Finalmente, Pizarro le solicitó a Barbosa, desde su condición de colombiana e hija, que su voz sea escuchada y que Ponce sea delegado para regresar a Bogotá a retornar el compromiso que lo había caracterizado detrás de las pesquisas.
“En 1990, cuando mi padre fue asesinado, yo era una niña de 12 años, hoy tengo 45 años y como millones en nuestra nación, llevo toda mi vida buscando verdad y justicia, luchando para que por fin se conozcan los nombres de quienes determinaron el asesinato de mi padre, que más que un crimen de lesa humanidad fue un crimen contra la paz”, puntualizó la senadora.