Los 16 representantes de las curules especiales de paz anunciaron que no votarán el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2023, si no se incluye una adición presupuestal para la indemnización de víctimas.
Los congresistas revelaron que en el presupuesto que se discute actualmente se asignó una partida igual a la de la vigencia fiscal de 2021 y a la que propuso el expresidente Duque en el proyecto que presentó en julio.
Dicho pronunciamiento se entrega en el marco de la audiencia pública “¿Cómo acelerar la indemnización a las víctimas del conflicto en Colombia?”, desarrollada este jueves en el Congreso de la República.
En una declaración leída al cierre del evento, los representantes anunciaron que, bajo el deber de representar los intereses de las víctimas, no podrían explicarles cómo el presupuesto que se destina es igual al del Gobierno anterior, “si estamos en un Gobierno distinto, que se ha comprometido con la paz y con las víctimas”.
Expresaron igualmente que aspiran a que el presupuesto destinado a las indemnizaciones administrativas, equivalente a $1,2 billones de pesos al año, al menos se duplique y que, para ello, pedirán partidas adicionales en el Presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto Bienal de las Regalías, al igual que unos $300 mil millones del nuevo recaudo, proveniente de la reforma tributaria.
Dijeron que esperan este compromiso del Gobierno nacional para votar el proyecto de presupuesto que se someterá a votación del Congreso la próxima semana.
Los representantes señalaron que esperan que se establezca una regla que otorgue prioridad al pago de las indemnizaciones administrativas de las víctimas procedentes de los municipios PDET que han sido los más afectados por el conflicto.
Por último, la bancada anunció que publicará un informe detallado de los resultados de la audiencia, que destaquen los aportes del Congreso, entidades de gobierno, sociedad civil y víctimas. Se dará a conocer a la opinión pública el próximo 7 de octubre.
Este anuncio resulta clave si se tiene en cuenta que el Presupuesto General de la Nación para 2023, que será de $405,6 billones de pesos, se discutirá en plenarias la próxima semana.
La semana pasada, la propuesta pasó la primera prueba en el Legislativo, al recibir el aval de los congresistas que forman parte de las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas del Senado y la Cámara).
Es claro que el Gobierno está en la etapa de ‘luna de miel’ con el Congreso de la República, pero, en particular, hay que resaltar la participación del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al frente de esta cartera de las finanzas públicas.
Además de ‘flores’ que le lanzaban y lo ubicaban como “el decano de los ministros”, en la sesión se conoció lo sucedido unas horas antes en el Ministerio de Hacienda, cuando Ocampo fue ovacionado y aplaudido, tras anunciar la redistribución que se había hecho de los recursos, para darles más recursos tanto a los sectores como a las regiones.
Algo que antes se llamaba ‘mermelada’, que no era otra cosa que asignar recursos para hacer una vía, un colegio en una región específica, de manera que los parlamentarios quedaran bien con sus electores, sonó mucho en el recinto del Legislativo. Unos seguían pidiendo, otros agradecían por lo recibido para su región o su sector.