El hundimiento de los proyectos que buscan reducirles el salario a los congresistas siempre es la crónica de una muerte anunciada. Cuando no son los impedimentos o las dudas jurídicas es la falta de tiempos, pero el resultado es el mismo: el hundimiento de las iniciativas con este propósito.
Pero lo que muy pocos esperaban era la forma épica en la que iba a terminar esta novela: el mismo día en que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para aumentarles el salario, en diciembre del año pasado, los mismos parlamentarios hundieron el único proyecto que sobrevivía para bajarse el sueldo. Fue una jugada a dos bandas que mantuvo intactos los privilegios.
De esta manera, los senadores y representantes mantuvieron intacto su salario mensual de 37.800.000 pesos al mes y sumaron una más en la larga lista de decepciones a los colombianos.
No obstante, este martes la Comisión Primera del Senado discutirá la que tal vez es la última esperanza para quienes han pedido que los congresistas se bajen el salario.
Esta célula legislativa discutirá el único proyecto que queda vivo con este propósito. Es la última esperanza porque, a diferencia de los anteriores que se radicaron como reformas constitucionales, este usa otra fórmula: bajarlo por la vía de un proyecto ordinario. ¿Cuál es la idea?
La iniciativa, de autoría del senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, busca eliminar la famosa prima especial de servicios de la que gozan los congresistas. Es decir, no se bajaría la remuneración de los parlamentarios directamente desde la Constitución.
El salario de los Congresistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4 de 1992, está conformado por una asignación que corresponde a un sueldo básico, los gastos de representación y una prima de localización, vivienda y transporte, actualmente prima de servicios.
La suma de estos tres componentes para 2023 es de 37.880.419 pesos, donde la asignación básica es de 9.159.143 pesos, los gastos de representación de 16.282.926 pesos y la prima especial de servicios de 12.438.350.
Si se aprueba el proyecto, los congresistas dejarían entonces de devengar esos 12.438.350 pesos, correspondientes a la prima de servicios.
No obstante, como ocurre siempre con este tipo de proyecto, hay dos obstáculos. El primero es la duda jurídica sobre si el Congreso puede eliminarse a sí mismo esta prima especial o si debe ser el Gobierno el que debe hacerlo, pues al fin y al cabo fue el Ejecutivo el que la impuso en 2013.
El otro elemento a tener en cuenta es el de los tiempos. La iniciativa debe superar cuatro debates en apenas ocho semanas que quedan del periodo ordinario de sesiones y tiene por delante otros proyectos clave como el Plan de Desarrollo, la ley de sometimiento a la justicia, la ley de humanización y, si llegan a avanzar, las reformas laboral y de salud.
Si hay algo que quedó muy bien amarrado en Colombia desde la misma Constitución Política fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la carta política.
“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”, dice el artículo 187 de la Constitución.
Esa fórmula, hasta ahora, más de 30 años después, no se ha logrado cambiar, en buena medida porque la solución, aunque parezca absurdo, está en manos de los propios congresistas, quienes han creado todo tipo de jugaditas para hundir las reformas.