Ausente

Proyecto sin dirección clara

Desde la campaña, el discurso se concentró en promesas de alto impacto, como tren elevado, expansión universitaria, cambio del modelo energético, cierre del conflicto con el ELN en tres meses, “paz total”, reducción de la dependencia de rentas ilícitas y disminución de la corrupción, sin que a la fecha se observe un cumplimiento verificable.

En el ejercicio del poder, el uso intensivo de redes sociales y la agenda de viajes, junto con comunicaciones sin sustento técnico y una campaña política permanente, han consolidado la percepción de un Estado sin conducción.

Bogotá

Seguridad Urbana

Las tensiones entre el Pacto Histórico y los bogotanos se remontan a 2021, cuando sus representantes respaldaron a la “primera línea”, en el contexto de protestas que derivaron en bloqueos, afectaciones a la movilidad y daños a la infraestructura.

En 2025, según reportes de la Policía Nacional, persisten niveles elevados de hurto y extorsión, así como dinámicas de microtráfico en barrios vulnerables, junto con un aumento en la violencia intrafamiliar.

A esto se suma un incremento del secuestro extorsivo, en 362,5 % frente a 2024, según cifras citadas por El Espectador.

En Bogotá, principal termómetro del país, el deterioro sostenido de la seguridad, sin una respuesta estructural efectiva del gobierno central, deja de ser un fenómeno local y se proyecta como una tendencia nacional en consolidación.

Corrupción

De los $70.000 millones de Centros Poblados a los billones del Pacto: cambio de escala

Desde la campaña presidencial se reportaron cuestionamientos sobre posibles aportes irregulares; a ello se sumaron los audios de Armando Benedetti, en los que menciona “15.000 millones” y advierte que, de conocerse detalles, “todos se iban presos”. También se han formulado señalamientos sobre el uso de recursos públicos para asegurar apoyos en el Congreso, cuestionamientos a familiares del presidente y el escándalo de los carrotanques en La Guajira, asociado a sobrecostos y fallas de gestión.

En el plano institucional, el debate se trasladó a la asignación de recursos: según reportes de El Tiempo, se habrían comprometido más de 31 billones de pesos mediante contratación directa con juntas comunales, cabildos y resguardos, posteriormente limitada por la Corte Constitucional por contrariar principios de transparencia.

Estos hechos contrastan con la afirmación del candidato Iván Cepeda, quien sostuvo que a la corrupción “le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto”. Si esa premisa fuera cierta, la cuestión de fondo es otra: ¿qué legitimidad tiene un proyecto político que reconoce la posibilidad de una corrupción “feliz y plácida” durante su propio mandato?

Doble moral

18.677 niños

El Pacto Histórico ha utilizado de forma recurrente cifras asociadas a “falsos positivos” y masacres como sustento de su narrativa; sin embargo, frente a datos de la JEP sobre el reclutamiento de 18.677 niños por parte de las FARC, de los cuales cerca del 24 % habría sufrido violencia sexual, la respuesta institucional ha sido percibida como limitada, e incluso por algunos ausente. Esta asimetría revela una jerarquización arbitraria de las víctimas y la instrumentalización deliberada de las cifras con fines políticos.

En el plano personal del presidente, expresiones como “yo no lo crié”, en referencia a su hijo imputado, y la afirmación de que el grito de “fuera Petro” en el estadio de Barranquilla estaba dirigido a su hija y no al presidente, han sido interpretadas como un patrón de evasión de responsabilidad que, cuando se proyecta del ámbito familiar al estatal, debilita la base misma de la autoridad pública.

Educación

Deterioro en la movilidad social

Las decisiones del gobierno han sido señaladas como factores que afectan el sector, entre ellas la reducción de apoyos a ICETEX y Colfuturo, así como la ausencia de programas como Ser Pilo Paga, que permitió anteriormente a miles de estudiantes de bajos ingresos acceder por mérito a universidades de alta calidad.

A esto se suma Fecode, señalado por su politización, lo que genera inquietud en padres de familia y refuerza la demanda de que la educación pública preserve la neutralidad pedagógica y priorice la formación académica sobre la incorporación de agendas ideológicas.

Debilitar la educación y, en simultáneo, reducir requisitos para cargos públicos bajo el argumento de que “cualquier hijo de obrero” puede acceder, transmite una señal problemática: la igualdad se lograría bajando estándares y no ampliando oportunidades, dejando implícito que los hijos de hogares populares son incapaces.

Familia

Presión económica

La economía de los hogares ha enfrentado una inflación superior al 13 % en 2022 y cercana al 10 % en 2023, con presiones al alza hacia 2026, junto con incrementos en gasolina y alimentos.

En paralelo, el DANE registra persistencia de alta informalidad laboral, lo que mantiene a una parte sustancial de los hogares sin estabilidad ni protección social.

A más largo plazo, las denominadas “reformas sociales” no expanden la protección: introducen incertidumbre sobre sistemas que lograban operar y, lejos de mejorar cobertura o calidad, configuran un esquema fragmentado, sin diseño técnico integrado ni coordinación, con fallas de planeación y efectos adversos directos sobre los hogares.

Gobernabilidad

Erosión institucional

Desde el inicio del mandato, la ausencia de mayorías estables en el Congreso evidenció un liderazgo orientado a la confrontación más que a la construcción de consensos, en un debate marcado por polarización y descalificación de opositores. La dificultad para aprobar reformas con respaldo mayoritario ha estado acompañada por la narrativa de que “no lo dejan gobernar”, reflejando falta de empoderamiento.

En un contexto en el que el gobierno confronta e incluso agrede de forma recurrente a la Procuraduría, la Fiscalía, el Congreso, las Cortes y el Banco de la República, pero logra entendimientos con sectores cuestionados, la propuesta de una Asamblea Constituyente deja de ser un mecanismo de reforma y pasa a ser un factor de riesgo para los contrapesos. La combinación de confrontación institucional y reconfiguración de reglas perfila una concentración de poder que debilita los equilibrios democráticos.

Helicóptero

Recursos públicos y contradicción ambiental

El uso de transporte aéreo generó controversia por su desconexión económica y ambiental.

Según Asuntos Legales, la vicepresidenta Francia Márquez realizó 130 vuelos en helicóptero entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de marzo de 2023, con un costo aproximado de 2.870 millones. El episodio escaló tras declarar: “Las veces que vaya, iré en helicóptero; si fuera blanca, de élite, no habría escándalo, de malas”, postura respaldada por el presidente, en un intento de desviar la discusión hacia un enfoque racial.

El caso evidencia una brecha entre discurso y práctica: destinar 2.870 millones a una sola funcionaria resulta difícil de justificar en un país con necesidades urgentes y genera un cuestionamiento: ¿qué credibilidad tiene un discurso ambiental cuando sus prácticas lo contradicen de forma tan visible?

Improvisación

Riesgo energético y económico

La transición energética se anunció sin nuevos contratos de exploración, manteniendo la dependencia de los hidrocarburos en un contexto de incertidumbre sobre reservas y autosuficiencia. La producción de gas cayó 22,6% en diciembre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, mientras la dependencia del gas importado aumenta y, según Naturgas, podría alcanzar el 56 % en 2029 sin nuevos proyectos de oferta.

En paralelo, Ecopetrol ha enfrentado deterioro financiero y de gobernanza, con investigaciones a su presidente por presuntas irregularidades en financiación y contratación, utilidades en descenso de 33,4 billones en 2022 a cerca de 9 en 2025, deuda cercana a 120 billones y alertas sindicales sobre riesgo operativo.

En conjunto, estos elementos configuran un escenario de menores ingresos para el país, menor capacidad de inversión social y mayor presión inflacionaria sobre los hogares.

Jóvenes

Empleo y futuro

El desempleo juvenil ronda el 18 %, casi el doble del promedio nacional, y la generación de empleo se apoya en autoempleo, servicios y sector público, mientras la industria permanece rezagada. El resultado es un mercado laboral frágil: la informalidad juvenil se aproxima al 60 %, se intensifica en zonas rurales y compromete su sostenibilidad en el tiempo.

En materia pensional, la reforma ha sido cuestionada por reducir la libertad de elección y trasladar mayor riesgo fiscal y demográfico a los jóvenes.

En paralelo, en un contexto en el que la IA, la robótica y el internet de las cosas reconfiguran el empleo y la producción global, el proyecto del Pacto Histórico aparece anclado en debates del siglo anterior, desaprovechando la preparación de los jóvenes para competir en un entorno internacional cada vez más exigente y priorizando esquemas de subsidios a jóvenes que ¨vamos a pagar por no matar¨.

Kevin

Un patrón de desplazamiento de responsabilidades

La muerte de Kevin, un niño de siete años con hemofilia que no recibió un medicamento, constituye un hecho especialmente grave: según la Liga Colombiana de Hemofílicos, no se registraba una muerte por esta causa en más de dos décadas. El caso debió conducir a una revisión y a un silencio respetuoso. Sin embargo, el presidente afirmó que “en primer lugar, la familia” debía prevenir, desplazando el foco hacia la conducta materna.

El episodio dejó al descubierto no solo el deterioro del sistema de salud, sino también un problema de responsabilidad política.

Un gobierno puede defender su modelo, pero no puede desligarse de sus efectos. Cuando las fallas se explican señalando a terceros, la madre, la oposición, los empresarios, gobiernos anteriores o incluso al que no lo despierta, el mensaje proyectado es el de una autoridad que elude su responsabilidad y se distancia de las consecuencias de sus decisiones.

Legitimidad

Confianza institucional

La legitimidad democrática depende del respeto a los contrapesos y la confianza en las reglas del sistema.

El discurso oficial ha recurrido a la noción de “golpe blando” para referirse a decisiones judiciales, críticas institucionales y debates legislativos, instalando una narrativa de confrontación entre poderes públicos.

En un contexto de polarización, han surgido advertencias sobre eventuales riesgos de fraude electoral en los actuales comicios; cuando provienen del jefe de Estado, el efecto no es neutro: se debilita la confianza en el sistema electoral y se proyectan dudas sobre las instituciones y sobre el propio presidente.

Mujeres

Vulneración sistemática

Desde el caso de Marelbys Mesa quedó la imagen de un poder estatal desmedido, que descendió a los sótanos de la Presidencia para someter e intimidar a una mujer mediante interrogatorios ilegales y la presunta interceptación y construcción de pruebas en su contra; Clara López, aliada del Pacto Histórico, intentó restar importancia al hecho al calificarlo como “chuzadas de una sirvienta”, expresión que resultó ofensiva para amplios sectores.

A ello se suman episodios de descalificación hacia mujeres con términos como “muñecas de la mafia” y “animal de carroña”, así como la ausencia de respuestas institucionales claras frente a denuncias de acoso sexual que involucran a aliados políticos.

Más allá del discurso, no se evidencian mejoras significativas en indicadores de violencia intrafamiliar y de género, ni avances en la reducción de brechas laborales, especialmente en mujeres en condición de pobreza, informalidad y ruralidad. El resultado es una brecha persistente entre la narrativa de protección y la realidad de vulneración.

Narcotráfico

Ambiente y campesinos desprotegidos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sitúa a Colombia en 2025 con un récord de 250.000 hectáreas de coca sembradas; estimaciones difundidas en medios, atribuidas al general Erik Rodríguez, elevan la cifra a cerca de 300.000, en un contexto de erradicación suspendida por orden presidencial y territorios donde hasta el 90% de la población depende de este cultivo. A ello se suman, según El Tiempo, 94.000 hectáreas degradadas y 1.120 ríos contaminados por minería ilegal.

Este escenario fortalece la expansión de grupos armados ilegales, mantiene a comunidades campesinas atrapadas en economías ilícitas ante la ausencia de alternativas productivas viables y evidencia la falta de un programa de sustitución efectivo. El impacto es acumulativo: presión sobre la seguridad, deterioro ambiental y perpetuación de la vulnerabilidad rural.

Ñoñomanía

Desinformación como política de Estado

Según Las 2 Orillas, la narrativa del “perdón social” ha relativizado la sanción y facilitado la reintegración en escenarios donde confluyen intereses con estructuras políticas, incluidos clanes como el de Bernardo “Ñoño” Elías.

En ese contexto, la desinformación deja de ser accesoria y pasa a ser funcional: no solo acompaña la articulación política, sino que la sostiene al reconfigurar hechos, diluir responsabilidades y moldear la percepción pública.

Esta dinámica se ha extendido a otros frentes, abarcando temas como deuda, pobreza, reservas petroleras y riesgo de apagones, así como interpretaciones controvertidas del sistema de salud, señalamientos a empresarios y cuestionamientos a medios de comunicación, actores clave en el equilibrio democrático..

En este entorno se han formulado críticas al Banco de la República por las tasas de interés, insinuando beneficios al sector bancario, en contravía de su mandato e independencia. Muchos piensan que sería ideal un presidente que domine la teoría monetaria; ante estas falencias, al menos debería existir rigor en la asesoría o, en su defecto, evitar una narrativa simplificada dirigida a audiencias vulnerables.

Orden público

Expansión territorial ilegal

El deterioro de la seguridad en las regiones se ha profundizado durante este gobierno. Más que una continuidad del conflicto armado, se evidencia una expansión territorial de estructuras ilegales que consolidan el control sobre economías ilícitas y corredores estratégicos.

Entre 2022 y lo corrido de 2026, Indepaz reporta más de 210 masacres y más de 1.200 víctimas, mientras que cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, publicadas en El Colombiano, señalan que 2025 fue el año más violento de la última década, con 14.780 homicidios.

Este patrón refleja una expansión sostenida de la violencia y una pérdida de control estatal en amplias zonas del país, con efectos directos sobre las familias, la inversión y la estabilidad social.

Pobreza

Reducción marginal frente al relato oficial

La pobreza cayó de 36,6 % a 31,8 % en el gobierno de Gustavo Petro (−4,8 puntos), pero esta variación no es excepcional: se inscribe en una tendencia de largo plazo que, desde niveles superiores al 70 % en el siglo pasado, ha venido descendiendo de forma sostenida. Un referente es el gobierno de Álvaro Uribe, durante el cual la pobreza pasó de aproximadamente 56% en 2002 a cerca de 45 % en 2006, una reducción cercana a 11 puntos porcentuales en su primer mandato, según la Misión para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad con base en datos del DANE y el DNP.

Aunque el Gobierno la presenta como un logro, la reducción observada es consistente con esa trayectoria y no se traduce en mejoras estructurales del tejido empresarial, la productividad, la formalización ni la calidad del empleo. Persisten niveles críticos de pobreza, especialmente entre jóvenes y en zonas rurales, así como en poblaciones indígenas y afrodescendientes, lo que evidencia la ausencia de transformaciones de fondo.

Quiebras

Deterioro del tejido empresarial

Según el DANE, previo al gobierno del Pacto Histórico el PIB creció 10,6 % en 2021 y 7,5 % en 2022, mientras que en 2024 fue de 1,7 % y en 2025 de 2,6 %, lo que evidencia una desaceleración de la actividad económica.

En este entorno, la encuesta de micronegocios del DANE registró en el tercer trimestre de 2024 una disminución del 2 % en el número de micronegocios frente al mismo periodo de 2023, junto con una contracción del 5,2 % en sus ingresos.

El resultado es un entorno de mayor riesgo y menor resiliencia empresarial, con efectos directos sobre el empleo, el consumo y la estabilidad de los hogares, en una economía altamente dependiente de microempresas y unidades productivas familiares.

Racismo

Discurso estigmatizante

El presidente Petro ha sido señalado por expresiones percibidas como racistas, discriminatorias e incluso homofóbicas.

En septiembre de 2024, el presidente se refirió al magistrado Gerson Chaverra como “negro conservador” y, en julio de 2025, durante un consejo de ministros, afirmó: “Nadie que sea negro me dice qué”, expresión que ha sido considerada degradante por distintos sectores.

Además, el uso recurrente de términos como “los Brayans” ha sido interpretado como estigmatización clasista, a lo que se suman referencias al candidato presidencial Oviedo en las que se mencionan “plumas y lentejuelas”, lo que ha generado preocupaciones por posibles connotaciones homofóbicas.

Estos episodios configuran un patrón de lenguaje excluyente y abre un debate incómodo: si las comunidades de bajos recursos y en condición de vulnerabilidad son tratadas por el Pacto Histórico con consideración solo cuando resulta necesario movilizar su apoyo electoral.

Salud

Desmonte sistemático

El sistema de salud según la Contraloría General de la República, enfrenta deudas superiores a 32 billones de pesos, en medio de cierre de servicios, interrupciones en la cadena de pagos y reducción de la cobertura en 2025, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En paralelo, la Defensoría del Pueblo informó que durante 2025, las reclamaciones por atrasos y fallas en suministros contra la Nueva EPS aumentaron 107 %, reflejando un deterioro en la oportunidad del servicio.

Antes hubo control estatal efectivo, como lo evidenció el caso Saludcoop con la condena de Carlos Palacino a más de 15 años; hoy, cuando el propio presidente admite irregularidades de interventores nombrados en su administración, al afirmar “algunos llegaron a hacer business”, se evidencia una pérdida de control al concentrar la administración de recursos en el gobierno y actores políticos.

Paradójicamente, mientras la Ley 100 representó uno de los mayores logros sociales del país en décadas, uno de los efectos más notorios del Pacto Histórico ha sido iniciar su desmonte.

Tributos

Emergencias económicas como rutina

En el gobierno del Pacto Histórico, este mecanismo se ha utilizado para introducir impuestos extraordinarios que, en la práctica, se trasladan a la población vía mayores precios, menores ingresos reales o menor actividad económica, en un entorno cuestionado por corrupción e improvisación. De forma paralela, se han configurado presiones fiscales adicionales sobre sectores específicos, como la actualización de avalúos catastrales, que ha incrementado el impuesto predial, con efectos más intensos en el sector rural.

A ello se suma la expansión del gasto y el aumento de la deuda. Entre las decisiones de gasto figuran 17 aeronaves Gripen por cerca de 16,5 billones de pesos, uno de los contratos más grandes en la historia del país; declaraciones del entonces senador Gustavo Bolívar sobre posibles comisiones reflejan la sensibilidad pública: “Si la comisión por 14 billones fuera del 10 %, serían 1,4 billones; si fuera del 5 %, 700 mil millones”.

En cuanto a la deuda, pasó de 804 billones en agosto de 2022 a 1.210 billones en enero de 2026, un aumento superior a 400 billones en menos de cuatro años, por encima de lo observado en gobiernos completos, Uribe 100 billones, Santos 350 billones, Duque 250 billones. Este aumento ocurre sin pandemia o inversiones que lo justifiquen.

UNGRD

Del discurso de la “decencia” al mayor escándalo de corrupción

El escándalo se origina en el respaldo presidencial a Olmedo López, inicialmente presentado como parte de los “decentes” y posteriormente designado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad luego vinculada a un esquema de contratación irregular y desvío de recursos públicos que según reconstrucciones periodísticas, ascendería a cerca de medio billón.

A ello se suma el reconocimiento coloquial del presidente “puse a un bandido que casi se lleva hasta el nido de la perra”, así como la salida del país de una pieza clave en el escándalo, Carlos Ramón González, sobre la cual se investiga si fue facilitada por una embajada del gobierno. Se agrega que el vencimiento de términos ha permitido la liberación de varios implicados, configurando un escenario en el que confluye la corrupción, serios cuestionamientos a la Fiscalía y una creciente percepción de impunidad.

La corrupción no se limita al impacto fiscal. Durante las inundaciones en Córdoba se evidenciaron fallas en la respuesta del Estado; en plena crisis, el presidente decidió salir de viaje a Gorgona y decretó una nueva emergencia económica orientada a aumentar el recaudo, proyectando desentendimiento y una priorización fiscal en un momento que exigía atención directa de la emergencia.

El contraste instala una pregunta crítica: ¿qué habría ocurrido ante una emergencia de la magnitud de la COVID-19 bajo este modelo de gobierno?

Vivienda

Cada vez menos posible

En 2018, al cierre del gobierno Santos, el presupuesto nacional era de 235,6 billones de pesos; en ese contexto se ejecutó el programa de 100.000 viviendas gratuitas para población en pobreza y se amplió el crédito subsidiado para hogares de ingresos bajos y medios, en paralelo con inversiones en infraestructura como vías de cuarta generación y expansión aeroportuaria.

En contraste, para 2026 el presupuesto bajo la administración del Pacto alcanza 546,9 billones de pesos, más del doble en términos nominales; sin embargo, el sector vivienda registra caída en las iniciaciones VIS, aumento en el valor de los inmuebles y en las tasas de interés, así como ajustes en subsidios que restringen el acceso para amplios sectores.

Para los colombianos que ven la vivienda como activo y motor de ascenso social, resulta particularmente desconectada la respuesta del presidente frente a su encarecimiento al afirmar: “Pendejo el que compre casa”, lo que refuerza la percepción de distancia entre la política pública y las aspiraciones de acceso a vivienda.

Washington

Quito, Jerusalén, Lima

En campaña, Gustavo Petro apeló a una prioridad moral al afirmar: “¿Qué hace Iván Duque metido en Ucrania cuando debe resolver la guerra en Arauca?”. Sin embargo, en el ejercicio del poder, su gobierno ha protagonizado tensiones internacionales, mientras en el territorio persisten secuestros, desplazamientos forzados, masacres, asesinatos de líderes sociales y la continuidad del conflicto en Arauca.

Entre las tensiones con aliados estratégicos figuran Estados Unidos, Perú, Ecuador e Israel, lo que ha afectado intereses clave en seguridad, cooperación y comercio exterior. En particular, se ha visto comprometida una balanza comercial previamente favorable, con impacto en exportaciones como café, flores, banano y carbón, lo que repercute directamente en productores, familias y regiones dependientes.

El Pacto Histórico abandonó una política exterior pragmática orientada a los intereses económicos del país y la sustituyó por una lógica de asignación burocrática. El resultado es una acción internacional desalineada de las prioridades estratégicas de los colombianos.

X

Redes sociales y narrativa confrontacional

Un análisis de Infobae registró picos superiores a 100 publicaciones en la red social X en un solo día, muchas de las cuales no corresponden a comunicación administrativa ni a lineamientos de política pública, sino a reacciones coyunturales, controversias con opositores y posicionamientos ideológicos inmediatos.

Fuera de X, la comunicación presidencial también ha sido percibida como institucionalmente erosiva y, en ocasiones, ofensiva: afirmaciones como “yo creo que Jesús hizo el amor, a lo mejor con María Magdalena”, y expresiones de alto contenido confrontacional como “libertad o muerte” o advertencias de que ciertos congresistas podrían ser “borrados de la historia de Colombia”, han generado controversia por su carga simbólica y su potencial interpretación como exclusión del contradictor.

En una democracia, el lenguaje del jefe de Estado no es neutro, hechos de violencia, como el magnicidio del candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, han intensificado el debate sobre la responsabilidad política del discurso presidencial.

Yo

Liderazgo personalista y fragilidad técnica

Con un marcado énfasis personalista, el presidente ha buscado proyectarse como referente intelectual en múltiples áreas; sin embargo, imprecisiones y errores básicos, como afirmar que 50 + 1 es “49” o que 26 × 6 equivale a ¨15,8¨, contrastan con la imagen de solvencia técnica que pretende sostener. Aunque un sector las interpreta como de valor académico, otro las considera anecdóticas o incluso graciosas, y un tercero expresa preocupación al provenir de quien detenta la jefatura del Estado.

En política, la credibilidad técnica es un insumo crítico, de ella dependen la formulación de reformas y de políticas públicas.

En el contexto electoral, genera cuestionamientos que el candidato del partido de Gobierno evite el debate público, mecanismo esencial para contrastar capacidades; para amplios sectores, esto deja la percepción de que no hay cómo defender lo propuesto ni que el programa resista escrutinio.

Zonas de Paz

Desde “El Pacto de La Picota” a la controversia de la “paz total”

El denominado Pacto de La Picota, en el que el hermano del presidente visitó internos, derivó en denuncias y testimonios según los cuales se habrían discutido apoyos políticos y eventuales aportes a la campaña. Juan Fernando Petro afirmó además que cerca de “un millón de votos” podrían estar asociados a estas gestiones, lo que incrementó el escrutinio sobre estos acercamientos.

La expresión presidencial “si le quitamos la i a ilícito, queda lícito” fue interpretada como una banalización de la ilegalidad, al difuminar la frontera entre legalidad y uso legítimo de la fuerza estatal. A ello se suman episodios como “Papá Pitufo”, los desplazamientos a Portugal y Manta sin explicación pública suficiente, y las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía en las que señaló que el presidente “sabía perfectamente” de presuntos financiadores de la campaña, elementos que han reforzado una percepción de opacidad.

Surge una inquietud de carácter social y pedagógico: ¿qué mensaje se transmite, desde la esfera familiar y educativa, a las nuevas generaciones cuando se normaliza el respaldo a un proyecto político en medio de este conjunto de controversias documentadas?

En este contexto, la próxima elección trasciende la selección de candidatos o ideologías y plantea una decisión sobre el rumbo del país: continuar con un modelo que, según lo expuesto, presenta cuestionamientos en gobernabilidad, ejecución y resultados, o avanzar hacia un enfoque orientado a fortalecer instituciones, mejorar la seguridad, ampliar la movilidad social y optimizar la c