El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, llegó este miércoles 28 de febrero hasta el Palacio de San Carlos en Bogotá y reiteró las razones que lo llevaron a adjudicar, casi a escondidas, el millonario contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
Reiteró que actuó bajo la ley, porque estaba facultado para otorgar dicho contrato, dado que en su momento era representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Finalmente, SEMANA conoció que después de sus declaraciones a medios de comunicación, el exsecretario general de la Cancillería planeaba dirigirse a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación.
El motivo de la visita es entregarle personalmente la constancia a la procuradora Margarita Cabello del envío de las tres resoluciones con las que adjudicó el contrato de los pasaportes a Thomas Greg and Sons.
Este medio conoció el documento, con fecha del 26 de febrero, en el que envía los documentos “para los fines que estime pertinentes”.
“Para los fines que estime pertinente, me permito adjuntar copia de los siguientes actos administrativos expedidos en la fecha de hoy, en mi calidad de secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y representante legal del Fondo Rotatorio, el cual rige a partir de su expedición”, expresó en la misiva enviada directamente al despacho de la procuradora.
Salazar lista las resoluciones 1394, 1395 y 1396 de 2024, a través de las que revierte la declaración de desierta de la última licitación, termina anticipadamente la urgencia manifiesta y adjudica el contrato a Thomas Greg and Sons.
Al final de la misiva, le lanza un nuevo salvavidas al canciller Álvaro Leyva, suspendido por tres meses por la Procuraduría por declarar desierta la licitación de pasaportes.
“Conozco al Dr. Álvaro Leyva Durán desde hace mas de 40 años y tengo la seguridad absoluta de que todas sus actuaciones están enmarcadas en la buena fe y en el noble propósito de seguirle sirviendo a Colombia con abnegación y de tiempo completo, como lo ha hecho durante toda su vida”, indicó al final de la carta, la cual quiere entregarle personalmente a la procuradora.
Con esto queda claro que una de las intenciones de Salazar al otorgarle el contrato a Thomas Greg and Sons es absolver al canciller suspendido, que enfrenta juicio disciplinario por sus acciones en torno a la licitación de pasaportes, que la empresa ganó, pero que no se le otorgó por ser el único proponente apto.
Salazar no se está quedando quieto después de ser declarado insubsistente. En sus declaraciones a medios, también pidió el respaldo de juristas y académicos para sustentar la pertinencia de la adjudicación del contrato.
Salazar inició asegurando que como funcionario público podía entregar el cargo en un término de diez días, pero denunció que está siendo “completamente asediado”.
“No tuve ningún inconveniente en decirle a la doctora Paola, que fue nombrada en mi reemplazo, que no voy a hacer uso de ese término. Procedí a hacerle entrega, un poco precipitada, de las funciones que tenía en la oficina”, manifestó.
Luego se fue lanza en ristre contra Luis Gilberto Murillo, canciller encargado que, a través de sus declaraciones lo desautorizó, asegurando que no tenía competencias para revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación, expedido por su superior jerárquico de ese entonces, el canciller Álvaro Leyva.
“El ministro encargado Luis Gilberto Murillo no es abogado, es ingeniero de Minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución nacional, el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, indicó.
Y continuó su fuerte señalamiento: “El doctor Luis Gilberto Murillo –nunca he querido acudir a esto– fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial. Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de Minas”.