SEMANA (S.): ¿Cómo es la denuncia que usted hizo sobre cargos en la Registraduría recomendados por congresistas?
Germán Córdoba (G. C.): Más que una denuncia fue un llamado de atención. La semana pasada circuló y a mí me llegó un listado sobre funcionarios nombrados en la Registraduría por recomendación política. Esta información, por supuesto, debe ser contrastada y verificada. El fin de semana nos dimos a la tarea de hacer unas llamadas a los amigos y en su gran mayoría la información coincidía. Lo que hice fue llamar la atención y pedirles a los parlamentarios, aquellos que hayan recomendado funcionarios en la Registraduría, que deben declararse impedidos en el trámite del Código Electoral, porque ahí sí se configuraría una falta. Si se hace un nombramiento a cambio de un voto, es un asunto muy grave.
S.: ¿Es decir que el listado que les llegó sí era de recomendados políticos?
G. C.: No todos. Es una lista muy larga. Aleatoriamente hicimos ocho a diez llamadas y el 90 % dijeron sí, ‘el registrador es de tal grupo político o de tal y tal parlamentario’. Es una información informal, de oídas, pero que la gente le dice a uno. No es nada oficial ni que se pueda utilizar como medio de prueba. Por eso lo que hice fue un llamado de atención.
S.: ¿En qué niveles de la Registraduría estarían esos cargos?
G. C.: Es un listado muy grande que abarca toda la planta de la Registraduría en distintos niveles. Hay en el nacional, pero fundamentalmente la vinculación de nombres políticos es en las regiones. En Tolima, por ejemplo, le dicen a uno que es de tal parlamentario, o en Quindío, de tal otro; en Nariño, de aquel. Ha habido una repartición regional de acuerdo con el centro de acción de cada uno de los parlamentarios.
S.: ¿Qué congresistas fueron los que recomendaron a estas personas?
G. C.: Yo no he querido dar nombres, porque es una información que me llega por una red social y soy muy consciente de que la información que circula en redes debe ser verificada y contrastada. No me corresponde a mí replicarla cuando no es oficial, sino informal. No he querido hacer señalamientos.
S.: ¿Y de qué partidos políticos son esos congresistas?
G. C.: Partidos Liberal, Conservador, La U, el Polo, Cambio Radical también. Todos los partidos tenían algún recomendado en la Registraduría.
S.: ¿Ustedes han tomado acciones sobre los congresistas de Cambio Radical que estarían inmersos en estas recomendaciones?
G. C.: No es información oficial, entonces no se puede hacer un señalamiento. No siquiera lo he hecho en público y mucho menos voy a hacer señalamientos institucionales.
S.: ¿Estos nombramientos fueron hechos por el registrador Álex Vega?
G. C.: Sí, las fechas de esos nombramientos son del último período. Muchos coinciden con la época en la que se tramitó el pasado Código Electoral, en el anterior Congreso.
S.: ¿Es decir que esas recomendaciones de congresistas habrían sido una respuesta de la Registraduría al trámite del pasado Código Electoral?
G. C.: De acuerdo con la información, que debe ser verificada y contrastada, parecería indicar que sí, porque las fechas coinciden. No me corresponde a mí verificarlo ni hacer la denuncia formal.
S.: ¿Usted qué opina de que esos nombramientos los haya hecho el registrador Álex Vega?
G. C.: En el caso de que eso haya sido así, me parece absolutamente peligroso e indebido. La Organización Electoral debe estar por fuera de toda duda de parcialidad. No se pueden dar los cargos de quienes son los responsables del proceso electoral a jefes políticos. Los funcionarios de la Registraduría son los encargados de las elecciones y deben ser imparciales.
¿S.: A qué atribuye que tantos sectores políticos y académicos estén en contra del Código Electoral?
G. C.: Yo estoy de acuerdo con la MOE. De ser aprobado este proyecto, no puede ser aplicado en las próximas elecciones. La jurisprudencia ha sido muy clara en que cuando un proceso electoral ya arrancó, las reglas de juego no pueden modificarse ni cambiarse y el proceso electoral de octubre de 2023 ya arrancó, al igual que su calendario electoral. Estos cambios no pueden ser aplicados.
S.: ¿Cómo ve Cambio Radical este Código Electoral?
G. C.: Nosotros tenemos muchas inquietudes de fondo. Nos parece que es inconstitucional, inconveniente, que no consulta la realidad del país, por eso desde un principio –y como hicimos en el anterior código– hemos expresado argumentativamente cuáles son nuestras diferencias con este proyecto de ley.
S.: ¿Cree que las críticas a esta iniciativa obedecen a los errores y supuestas irregularidades que protagonizó la Registraduría en las elecciones legislativas pasadas?
G. C.: No. Las diferencias con este código son de fondo, jurídicas, legales. Los temas no son personales, son de fondo. Nosotros, después del proceso electoral de marzo, también expresamos muchísimas inquietudes y molestias en cosas que fallaron. Creo que a la Registraduría le falló el sistema, las capacitaciones de los jurados y otras cosas que dejaron entrever que hubo improvisación y falta de planeación. Lo que la Registraduría no puede perder nunca es la confianza de los ciudadanos y después de eso la gente empezó a hablar y se hicieron señalamientos.
S.: Para usted, ¿de quién fue la culpa de lo que usted llama “improvisación” en la Registraduría?
G. C.: De las nuevas directivas de la Registraduría, porque quien responde por el proceso electoral es esa entidad. Cuando llegan a cambiarlo todo: los sistemas, la agenda, a borrar una memoria institucional, la responsabilidad es de quien hizo los cambios.
S.: En otras palabras, ¿del registrador Vega?
G. C.: Sí señor.
S.: Hablando de otros temas, ¿por qué hay sectores de Cambio Radical que ha sido tan duros con el gobierno del presidente Gustavo Petro?
G. C.: La bancada está muy unida y a todos nos preocupa lo que está pasando con el país y así lo expresamos, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, que es absolutamente inconveniente e inoportuna. Y otros proyectos que se están tramitando nos parecen muy peligrosos e inconvenientes.
S.: ¿Cómo cuáles?
G. C.: La reforma política, el Código Electoral y ni hablemos de los anuncios que se han hecho en temas como salud y pensiones. Como siempre lo hemos hecho, de una manera técnica, sería y argumentada hemos expresado nuestras diferencias con este gobierno. Las cosas que nos parezcan bien, no tendremos ningún problema en reconocerlas, pero lastimosamente hasta hoy todo lo que ha hecho el Gobierno nos genera inquietudes, dudas e inmensas preocupaciones.
S.: ¿Y cuáles son esas preocupaciones exactamente?
G. C.: Los anuncios que han hecho algunas ministras nos preocupan mucho. Nos preocupa cómo, por ejemplo, la ministra de Salud dice que este es el peor sistema que existe, cuando eso no es cierto. Las cifras no la acompañan en esas aseveraciones. La veo a veces más como una activista que como una ministra. Y la declaración que hizo en el Congreso diciendo que el presupuesto para la salud había que rebajarlo y que ella esperaba, un poco, que ese sistema hiciera crisis para, con ello, justificar las reformas me parece terrible. Esperar a que el sistema haga crisis para, sobre la leche derramada o sobre las cenizas, erigirse como el héroe, me parece peligrosísimo. Y lo mismo con la ministra de Minas.
S.: ¿Qué piensa de esta funcionaria?
G. C.: Todo el mundo conoce los desaciertos y las declaraciones tan lastimosas que ha dado y que nos han costado miles de millones, porque la inestabilidad económica se paga y hoy tenemos un dólar por encima de los 5.000 pesos. Las declaraciones de la ministra de Trabajo la semana pasada preocupan, porque la gente cree que lo que ahorrado para su pensión, el Gobierno lo va a coger para repartir en subsidios. Ese es el riesgo de hacer declaraciones sin acompañarlas de proyectos con los cuales controvertir. El Gobierno tiene que dejar de ser tan activista, como si estuvieran todavía en redes sociales, y asumir el papel de gobernantes y tomar responsabilidades.
S.: ¿El Gobierno está improvisando con este tipo de declaraciones?
G. C.: Yo creo que sí. En el gabinete, lastimosamente, hay personas que llegaron a ocupar cargos en carteras que no tienen ninguna experiencia, pero ninguna, y eso es terrible y costoso que haya pasado. Hay muchas entidades muy importantes para este país en las que aún no se han designado sus cabezas. Una entidad acéfala es una entidad estancada, que no funciona. Eso es muy peligroso. Hasta el mismo servicio diplomático ha sido errático en temas como Nicaragua y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
S.: ¿Le gustó como quedó la ley de orden público?
G. C.: Nosotros siempre hemos apoyado los procesos de paz. Nos preocupan algunos mensajes que está enviando el Gobierno como, por ejemplo, que a los narcotraficantes, a las bandas más sanguinarias se les iban a ofrecer un proceso de amnistía, como si fueran grupos político, lo cual no está bien. No se puede homologar el delito político con los comunes. Y otro, aún más grave, es hacia las disidencias de las Farc, que ya defraudaron la confianza de los colombianos, estuvieron en un proceso de paz y al final lo traicionaron. Volverles a dar una oportunidad de paz a ellos es quedarles mal a los miles de excombatientes que sí han cumplido e, incluso, están arriesgando su vida. Hacer trizas la paz es decirles a los que le quedaron mal a ese proceso, a los que lo traicionaron, que tranquilos, que no ha pasado nada y que vuelvan. Hacer trizas la paz es gastarse la plata de este propósito en cosas que no tienen que ver.
S.: ¿Es decir que, para usted, este Gobierno está haciendo trizas la paz?
G. C: Pues está mandando mensajes que uno no esperaría. Decirle al señor Iván Márquez que tranquilo, que su traición no importa, que vuelva y que lo perdonamos, eso es hacer trizas la paz.
S.: Hay quienes dicen que hasta que no se elimine el narcotráfico, los diálogos o sometimientos a grupos ilegales no funcionaría. ¿Usted qué opina?
G. C.: Que la solución al narcotráfico no puede ser la solución de un solo país. Colombia no puede ser un país paria que se siente a negociar con los narcotraficantes mientras el mundo entero sigue combatiéndolos. Debe ser una solución global. Ahí coincido con el presidente en que la guerra contra las drogas debe ser asumida con otro enfoque, pero por todos los países.
S.: ¿Cree en una política de sometimiento para las bandas delincuenciales?
G. C.: Hay que someterlas, pero por la fuerza. Darles estatus político a unas bandas criminales y narcotraficante nos convertiría en el peor país, en una vergüenza. No sé cuáles serían los alcances de la negociación que está pensando el Gobierno, pero las negociaciones con los criminales tienen que reducirse a que se entregan, dejan de delinquir y se van para la cárcel. No me suena nada de lo que se ha hablado sobre esa política de sometimiento ni premiar a los delincuentes ni darles amnistías, porque eso no funciona. Usted hace un acuerdo con uno de ellos hoy y mañana le aparecen muchos más, porque lo que se está promoviendo la delincuencia.
S.: ¿Qué opina de la regulación del cannabis de uso recreativo que se está tramitando en el Congreso?
G. C.: En lo personal, creo que se debe regular y se debe despenalizar el consumo del cannabis. Estados Unidos lo ha hecho desde hace muchísimos años. Dentro de la regulación debe estar todo el componente de atención a quienes lastimosamente padecen esa adicción. Aclaro que esta posición es mía personalmente. En la bancada hemos hablado del tema, lo hemos discutido y la gran mayoría de los congresistas no está de acuerdo.
S.: ¿Usted ha consumido marihuana?
G. C.: Sí, en mi juventud yo probé la marihuana.
S.: ¿Y cómo le fue?
G. C.: No me fue mal, porque no me quedé enganchado, pero ningún vicio es bueno, ni el cigarrillo, ni el trago, ni la marihuana, ni la grasa. Ningún vicio es bueno.