El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, radicó un proyecto de ley que busca prevenir que determinados caninos de comportamiento violento puedan atentar en contra de los ciudadanos en el espacio público.
El proyecto fue radicado en las últimas horas y tiene el nombre de “Ley un bozal que salva vidas”. Está enfocado en la prevención más que en la sanción a los dueños de determinados animales. Según el proyecto de ley, hay un enfoque especial para proteger a los menores de edad que se han visto afectados por ataques de estos animales.
Una de las principales modificaciones que se busca hacer a la normativa actual es que los ejemplares caninos de manejo especial (es decir, en los que estaría enfocado el proyecto de ley), cuenten con su debido bozal y correa en espacios públicos.
Aclara que esta categoría es para perros que hayan tenido antecedentes de agresiones a personas, que hayan sido adiestrados para ataques o defensa, o que pertenezcan a las razas: american staffordshire terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, bull terrier, pit bull terrier, american pit bull terrier, de presa canario, rottweiler, staffordshire terrier y tosa japonés.
“El propietario o tenedor de un canino de manejo especial asume total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural, en general y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que haya lugar”, propone el proyecto de ley.
Además, dice que estos ejemplares de manejo especial deberán ser registrados en un censo con el que se dará el permiso correspondiente. Allí se deberá aclarar el nombre, identificación, datos de contacto del propietario, descripción, lugar de residencia, entre otros.
Igualmente, para hacer el registro, la persona debe tener ciertas condiciones como ser mayor de edad, aportar a una póliza de responsabilidad civil que cubrirá una indemnización por perjuicios, registro de vacunas, certificado de sanidad, de aptitud física y mental del propietario, microchip o sistema de georreferenciación, esterilización, certificado de condiciones óptimas y no tener multas pendientes. Este registro se debería renovar anualmente.
Se aclara que un dueño no podrá registrar más de un canino de manejo especial, los perros tendrán identificación y deberán portar una placa que los identifique. Y si fallece el animal, el dueño deberá reportar el hecho a la alcaldía correspondiente para cancelar el registro.
Asimismo, si se hace una donación o compra de un animal de estas condiciones, esto deberá quedar aclarado en el censo que se creará y no se podrá hacer efectivo hasta que se haga el nuevo registro por el propietario.
Otro punto del proyecto de ley dice que estará prohibida la importación y crianza de caninos de manejo especial de las mismas razas mencionadas anteriormente. Exceptúa a los animales que prestan servicios a la fuerza pública o a servicios de seguridad.
En el caso de ataques de estos perros a ciudadanos, se aclara que la persona deberá responder por todos los daños que causen. Y que si la persona atacada es un menor de edad “se procederá a sacrificio eutanásico del animal”.
Por incumplir algunas de estas normativas, el dueño de la mascota podría atenerse a distintas sanciones, entre ellas, el decomiso del animal, dependiendo de la gravedad del suceso.
El proyecto se presenta cuando se han registrado recientemente ataques de perros de algunas de estas razas a ciudadanos, especialmente a menores de edad. Por ejemplo, este 1 de agosto se registró que un pit bull atacó a un menor de dos años en Atlántico en la cara. En animal iba sin bozal.
El 9 de julio se registró otro caso similar en Bogotá en el que un perro de la misma raza atacó a una menor de cuatro años que quedó en grave estado de salud.