Si hay una persona que la está pasando mal tras la decisión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral que sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, es la tesorera Lucy Aydee Mogollón. Tendrá que pagar 1.600 millones de pesos aproximadamente porque, según la decisión del ente administrativo en lo electoral, como deudora solidaria, además del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa –entonces gerente de la campaña–, y María Lucy Soto, la auditora, tendrán que devolverle al Estado casi 5.600 millones de pesos.
El dinero entró a la candidatura del hoy presidente, pero nadie la reportó a Cuentas Claras. En otras palabras, los directivos hicieron trampa para que ganara el hoy jefe de Estado.
El silencio de Mogollón, una profesional de escasas palabras, de casi 50 años y titulada en contaduría pública, le resultó costoso porque, si las tutelas contra la decisión del CNE no prosperan ante el Consejo de Estado, tendrá que examinar de dónde sacará los dineros para cumplir el fallo. Ella prefirió no responder los descargos en medio de la investigación.
SEMANA conoció que Mogollón –quien llegó en la recta final de la campaña del presidente, es decir, el 22 de marzo de 2022– tiene un contrato de prestación de servicios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo ha venido sosteniendo desde 2023.
En la minuta firmada el 30 de enero de 2025, se lee el objeto: “Prestar los servicios profesionales a la Dirección Financiera en la revisión, liquidación y registro de las obligaciones presupuestales de los contratos suscritos en la dirección general”. El valor es de 78.093.000 pesos y el plazo de ejecución es de 11 meses, es decir, devenga más de 7 millones de pesos mensuales.
En 2023, Mogollón sostuvo otro contrato con la Fundación Transgredir La Indiferencia, una entidad sin ánimo de lucro que busca incentivar, promover, facilitar y contribuir en pro de la resocialización de la comunidad LGTBI. Fue su asistente administrativa y contadora.
La financiera, quien no tiene el poder ni los ingresos de Ricardo Roa, declaró a comienzos de 2024 ante los magistrados investigadores del CNE Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, y dijo que, pese a que en su contrato se leía que tenía la misión de manejar los recursos de la campaña, no lo hizo.
“Todas las órdenes eran dadas por la gerencia de campaña y la única persona para ejecutar y ordenar gastos es el gerente (Ricardo Roa). Cuando ingresé a la campaña, me habían dicho que era en la parte de tesorería; sin embargo, cuando llegué, me informaron que era una persona externa y no confiaban en mí y todo el tema del manejo de recursos y token lo hacía el señor Sebastián Caicedo. Quien tenía firma en el banco era el señor Ricardo Roa en su calidad de gerente de campaña y solo por autorización de él se hacían pagos. Ellos validaban, se la presentaban a Roa y él autorizaba el pago, y nosotros, como equipo contable, solicitábamos los soportes y documentos contables”, narró.
Sebastián Caicedo es el hermano de Julián Caicedo, la pareja sentimental de Ricardo Roa, señalado de interferir en la contratación de Ecopetrol.
“Yo tengo un WhatsApp que se llamaba ‘Tesorería de campaña’, donde están estipuladas cada una de las funciones, quién ejecutaba la función de compras, de tesorería y contador y tengo los correos electrónicos”, explicó.
SEMANA conoció el contenido de esos WhatsApp donde Roa entregó sus instrucciones: “Cada área valida la ejecución del servicio y/o suministro del bien. Compras (Aníbal) valida la autorización de pago de los trabajos y/o servicios prestados. Tesorería (Lucy), recauda y revisa la existencia de soporte (sic) y documentos requeridos para el pago. Sebastián efectúa el pago, previa validación del lleno de los requisitos y documentos. El contador registra y tramita el reporte a Cuentas Claras. El auditor confirma, valida y verifica que los reportes se hayan efectuado debidamente y en cumplimiento de la norma”, se lee.
A juicio del CNE, Mogollón no probó que hubiese puesto en conocimiento de las autoridades lo encontrado en la campaña, “ni que haya renunciado a su cargo o instado a la modificación contractual. Su pasividad no puede ser una excusa válida para no responder solidariamente por las irregularidades presentadas”. Es decir, su omisión le resultó costosa.