El 19 de julio de 2021, la Cámara de Representantes suscribió el contrato 1135 con la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP, por 50.298.348 millones de pesos, para poner en marcha una solución tecnológica integral con el fin de modernizar el funcionamiento de dicha corporación legislativa.

SEMANA conoció que han surgido dudas entre los congresistas sobre la forma en que se firmó dicho contrato y se estudia la posibilidad de citar a un debate de control político para que se rindan las explicaciones. El llamado a responder es el director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez Barrientos.

En primer lugar, se advierte que no se hizo una licitación pública, lo cual hubiera brindado más transparencia y mejores precios. El contrato se hizo de manera directa tras solicitudes de cotizaciones que ahora piden ser revisadas por los organismos de control. ¿Se incurrió en sobrecostos?

Fuentes consultadas en el Congreso aseguran que tampoco se habría hecho un análisis del sector de oferentes, como lo ordena el decreto 1082 de 2015, para determinar las capacidades legales, financieras y técnicas.

Llama la atención que la empresa que se quedó con el contrato, a las pocas semanas, terminó sometida a un acuerdo de reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades, lo cual abre interrogantes sobre la capacidad financiera que tenía para administrar recursos públicos por el orden de los 50.000 millones de pesos. ¿Por qué la Cámara le dio dicho contrato a esa empresa? ¿Por qué no se hizo un análisis detallado de sus indicadores financieros?

Un análisis que conoció SEMANA muestra que, a la fecha de la suscripción del contrato, la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP, tenía su indicador de liquidez en 0,68, es decir, por debajo del umbral mínimo para contratar. Así mismo, tendría un capital de trabajo negativo por casi 10.000 millones de pesos.

Los organismos de control, así mismo, deberán confirmar si las pólizas presentadas en este contrato son genuinas, teniendo en cuenta que difícilmente una entidad financiera le entrega una póliza a una empresa con sus saldos en rojo y a punto de entrar en una reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades.

Por si fuera poco, hay críticas frente al funcionamiento del software puesto en marcha y hay quejas porque el sonido en el recinto no funciona. En repetidas ocasiones, el presidente de la Cámara, David Racero, se ha quejado al respecto.

Así mismo, hay dudas sobre la intervención del Salón Elíptico, teniendo en cuenta que es un bien declarado patrimonio cultural de la nación. ¿Se contó con los permisos requeridos del Ministerio de Cultura para adelantar dicha obra?

En el Congreso, varias fuentes señalan que el director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez Barrientos, sería una cuota de Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U.

La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. ESP tenía una participación mayoritaria de la Gobernación del Valle. Como se sabe, la gobernadora Clara Luz Roldán es cercana a Toro. Además, Jairo Alfonso Prado Roldán, hijo de la gobernadora, asesoró a la Cámara en temas jurídicos y contractuales, según documentos conocidos por SEMANA.

John Abiud Ramírez Barrientos fue ratificado como director administrativo de la Cámara. Políticamente tiene el respaldo de Toro y del presidente del Congreso, Roy Barreras. Abiud Ramírez fue alcalde de Girón (Santander) y ha sido señalado por tener nexos con políticos cuestionados del departamento.